DOMINGO Ť 28 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Su homicidio, un "delito del fuero común" que compete al Gobierno del DF, considera
Rechaza Fox cargos anticipados en el crimen de Digna Ochoa
El presidente Vicente Fox consideró que el homicidio de Digna Ochoa es un "delito del fuero común" atendible, como en estos casos, por los "gobiernos estatales o procuradurías locales".
En su programa radiofónico semanal, que esta vez hizo desde su rancho de San Cristóbal, Guanajuato, el mandatario rechazó "acusaciones por adelantado" que atribuyen a instituciones del gobierno federal el crimen de Digna Ochoa. No escondemos nada y "si debemos ser revisados, lo seremos por todo el mundo".
Fox expuso que el caso recae en el gobierno capitalino, al que "le hemos ofrecido todo el apoyo". Además, anunció la próxima aparición de un programa de derechos humanos.
En la emisión radiofónica participó Mariclaire Acosta, subsecretaria de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería. Del asunto expresó que "lamentablemente las investigaciones sobre el origen de las amenazas a Ochoa no han revelado nada concluyente, pero no quiero inferir con esto que el asesinato haya sido consecuencia directa de esas amenazas". Hay fuertes presunciones en ese sentido, señaló. El deber de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal es demostrarlo.
La funcionaria reconoció que ante acciones que pudieran empezar a destruir la confianza por este hecho, el gobierno ha ofrecido la información respectiva.
Ofrece el Ejecutivo abrir los archivos del Cisen y el Ejército
Con relación al caso, Fox condenó el "lamentable" suceso y externó la más enérgica condena. "Nosotros hemos ofrecido toda la coadyuvancia posible y todo el apoyo para que proceda la investigación y se castigue a los culpables".
Incluso, añadió, "hemos ofrecido y comprometido una apertura de todos los archivos que existen en el Cisen, el Ejército o la procuraduría. Junto con la sociedad demandamos la pronta y urgente resolución del crimen por la autoridad encargada del asunto".
El compromiso de apertura es lo mismo con el procurador capitalino que con el Centro Agustín Pro. Pero a la vez estamos abocados a la puesta en marcha de un programa para la protección de todas aquellas personas, hombres o mujeres, que trabajan en la defensa de los derechos humanos; queremos asegurar dar protección o lo que se requiera para que no volvamos a vivir ningún caso de éstos.
"Como gobierno tenemos clara la obligación en este sentido y mucho que hacer en cuanto a la supervisión estrecha de las instituciones que se vinculan a la procuración de justicia".
Por ello, indicó, estamos tomando muchas medidas profundas como la restructuración de la PGR.
Indicó que de las 17 recomendaciones que se tienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "prácticamente hemos atendido la mayoría y el resto está en proceso".
Por su parte, Mariclaire Acosta dijo que ya han enviado un paquete legislativo al Senado que contiene importantes instrumentos legales para que justamente cada ciudadano pueda acceder a una protección más plena en la materia.
Dijo que cuando suceden casos como el de Digna, inmediatamente se pone en duda la eficacia de las instituciones, sobre todo cuando esa persona gozaba de medidas cautelares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisó Acosta, dictó las medidas cautelares y después aceptó que se levantran; ahora ha vuelto a erigir medidas cautelares para los miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Nos acaba de requerir para una audiencia en donde vamos a explicarles todo lo que se ha hecho y las medidas que se están tomando para evitar que esto vuelva a suceder.