VIERNES Ť 26 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Ofrece asesoría a afectados el diputado Torres Baltazar
A todas luces cuestionable el decreto expropiatorio: PRD
GABRIELA ROMERO SANCHEZ
Para aquellos ejidatarios de San Salvador Atenco que no cuentan con asesoría jurídica, el diputado local del PRD Edgar Torres Baltazar puso a su disposición un formato del amparo indirecto con el cual podrían iniciar el juicio de garantías ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los juzgados de distrito.
Al presentar al pleno de la Asamblea Legislativa del DF un pronunciamiento respecto a la decisión del gobierno federal de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, Torres Baltazar explicó que la demanda se formularía con base en tres ejes: primero, que el uso de suelo lo debe decidir el gobierno municipal y no el federal; segundo, que el artículo 115 constitucional establece que los ayuntamientos tienen facultades para intervenir en la elaboración y aplicación de programas de transporte público, cuando afecten su ámbito territorial, y tercero, que el gobierno federal deberá asegurar la participación de los municipios en este tipo de proyectos, "algo que hasta la fecha no ha hecho".
El legislador recordó que en el Diario Oficial de la Federación del 22 de octubre se publica que la Secretaría del Medio Ambiente presentó 22 decretos en los que declaró de utilidad pública la ampliación de los límites del vaso de Texcoco y expropió a favor del gobierno federal igual número de predios localizados en diversos municipios del estado de México.
Edgar Torres detalló que de acuerdo con información oficial San Salvador Atenco es un municipio considerado no urbano, con una población de 35 mil personas, cuya principal fuente de ingresos es el cultivo de maíz, frijol, cebada, alfalfa y árboles frutales, por lo que "es a todas luces cuestionable la causa de utilidad pública que sustenta la expropiación de cinco mil hectáreas de tierras ejidales, pagadas a seis pesos el metro, sobre todo cuando al mismo tiempo se anuncia que las nuevas instalaciones del aeropuerto estarán privatizadas".
Indicó que dese el lunes han acudido a la sede de la Procuraduría Agraria en Texcoco al menos 11 núcleos ejidales para solicitar apoyo legal, toda vez que el gobierno federal pagaría 72 mil pesos por hectárea.
"Así las cosas, debe en consecuencia la Suprema Corte de Justicia, a través de los juzgados de distrito, otorgar la suspensión provisional y, en su momento, procesar la definitiva, con la finalidad de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y otorgar el amparo y la protección de la justicia, toda vez que dichos decretos son violatorios de las garantías individuales al no cumplir con las formalidades que establece la Constitución; son decretos expropiatorios elaborados a machote, en algunos de los cuales ni siquiera se establece el monto de la indemnización", manifestó.
Señaló que la decisión sobre la ubicación de la nueva terminal aérea requiere sustentarse en estudios más completos y profundos. Además, el proyecto de Texcoco no valora los aspectos negativos para el desarrollo regional derivados del impacto urbano de una obra de esa magnitud. Tampoco establece soluciones técnicas y económicas a los problemas de control hidráulico, drenaje y desagüe regional.
El diputado propuso despolitizar el asunto y aportar elementos que den una posición definitiva a la ALDF. "En la democracia se vale corregir, y el gobierno federal debe echar atrás esta posición de construir las nuevas instalaciones en Texcoco".
El priísta Fernando Espino Arévalo respaldó al perredista al señalar que la elección del sitio para el nuevo aeropuerto es una operación compleja que no se debe tomar "tan a la ligera, por todas las implicaciones que traerá". A nombre de su fracción, Espino solicitó que este asunto se analice y se asuma una posición conjunta en comisiones unidas, con el propósito de presentar ante el pleno un pronunciamiento consensuado.