VIERNES Ť 26 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Pugna la CNDH por salvaguardar datos de particulares que posee el Estado
Urgente, una ley de acceso a la información: Barrio
Ť De 25 países con menor corrupción, sólo uno no tiene legislación en la materia, dice el contralor
ALONSO URRUTIA Y DAVID CARRIZALES ENVIADO Y CORRESPONSAL
Monterrey, NL. 25 de octubre. Aun cuando en los diversos sectores sociales existe consenso sobre la necesidad de una ley de acceso a la información, si no se establecen mecanismos claros para su aplicación se puede generar frustración y desencanto en las expectativas generadas para alcanzar objetivos como el combate a la corrupción y la transparencia gubernamental, sostuvo el secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Francisco Barrio Terrazas.
En el arranque de la Consulta Nacional sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, Barrio justificó la urgencia de una legislación en la materia en función de los parámetros internacionales: de los 25 países con menor corrupción, sólo uno no tiene una ley de acceso a la información; en contraste, de los 100 más corruptos, ninguno tiene legislación en la materia.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, lanzó cuestionamientos sobre los alcances y las reservas en el acceso a la información: "Ƒhasta dónde puede un Estado coartar la libertad de expresión en aras de garantizar la seguridad de los integrantes de la sociedad?", ejemplificando con las acciones aprobadas en Estados Unidos para censurar los mensajes de los talibán y la organización Al Qaeda.
Soberanes también habló sobre la libertad de expresión, misma que, dijo, "no es sinónimo de difamación o calumnia; no es derecho a desdibujar o alterar la realidad, ni a confundir a la audiencia. La libertad de expresión no es el avasallamiento de las otras garantías ni la sustitución de tribunales".
El primer día de consulta atrajo también la presencia de tres gobernadores de las principales vertientes políticas: el neoleonés Fernando Canales Clariond, quien se pronunció por abrir "toda la información a todos los ciudadanos", y Enrique Martinez, de Coahuila, subrayó que legislar en la materia no es una concesión, sino un acto obligatorio dentro del proceso de democratización.
Participó también el mandatario de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien puso en entredicho la utilidad del foro: "antes había una máxima que decía: si quieres que algo no proceda, šhaz foros!". Sin embargo, ponderó la importancia de legislar en la materia para dejar atrás la vieja idea de que el control de la información era condición para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política.
Se analizan leyes complementarias: Barrio
El contralor de la nación hizo énfasis en la fase de aplicación de una ley de acceso a la información, "pues una buena idea puede generar más problemas de los que resuelva". Así, planteó escenarios que podrían incluir, si hay inconsistencias a la hora de legislar, la imposición de cargas y obligaciones a las oficinas públicas para garantizar el derecho, que fueran imposibles de cumplir, o bien estableciera requisitos imposibles de cubrir al ciudadano para solicitar la información.
Si ello ocurriera "podríamos estar conduciendo un ejercicio más de frustración y desencanto entre la sociedad, un ejercicio que incluso generará resentimiento ciudadano por haber una expectativa incumplida".
Subrayó que en el proceso de elaboración de un anteproyecto se han analizado diversas legislaciones de otros países, no en aras de imponer mecánicamente una ley a una realidad mexicana "abismalmente diferente", sino para revisar experiencias "valiosas".
En ese contexto, mencionó que han analizado la posibilidad de promover otras regulaciones complementarias para el combate a la corrupción, como el uso de testigos protegidos o recompensas. Al abundar sobre los alcances de la ley de acceso a la información, Barrio dijo que sin duda habrá asuntos reservados, entre los que mencionó alguna información financiera cuya divulgación pudiera contribuir a la desestabilización económica del país.
La intervención del ombudsman partió de cuestionamientos sobre la información que poseen el Estado o empresas privadas que afectan la vida privada de los ciudadanos. Citó el ejemplo de los funcionarios federales del nuevo gobierno, "que no tenían ni idea de lo que aparecía sobre ellos en las fichas policiacas que obran todavía en los archivos que resguarda el Centro de Investigación y Seguridad Nacional".
O bien, valdría cuestionarse: Ƒcon el consentimiento de quién una empresa obtiene los teléfonos y datos personales de miles de ciudadanos para vender productos? ƑHasta cuándo el nombre de alguien deja de aparecer en el famoso Buró de Crédito Bancario? ƑQuién lo decide y con qué criterio? ƑCómo impedir que un resultado médico sea entregado primero a una aseguradora que al interesado?
Una ley de acceso a la información debe contener regulaciones y sanciones para impedir el inadecuado manejo discrecional de la información por parte de los órganos del Estado y de empresas, pues existe la posibilidad de que el ciudadano sea víctima de abusos en su propia información privada.
Por ello, demandó que en México se cree la figura de habeas data -conserva tu información-, que ya existe en varios países del mundo, e incluso en América Latina. Con esta figura jurídica "se protege la identidad, intimidad y privacidad del individuo cuyos datos aparecen en una base y pueden ser objeto de mal uso, pues no se sabe hasta dónde lleguen las consecuencias que para el ciudadano pueda tener el uso indebido de la información que poseen los aparatos gubernamentales".
Para el gobernador de Nuevo León, la ley de acceso a la información debe incluir las menores restricciones posibles. Bajo la premisa de "toda la información para todos los ciudadanos" debe haber una apertura amplia de la información y reservar lo menos posible, pero no sólo del gobierno, sino de los otros poderes del Estado, y también de los demás sectores como partidos políticos,
En tanto, el mandatario de Coahuila dijo que el someter la información gubernamental al escrutinio ciudadano generará una mayor confianza social, al tiempo que garantiza un funcionamiento más transparente de los gobiernos, pues es un antídoto contra la corrupción.
Monreal -quien estimó que debía ser el Congreso y no el gobierno quien promueva los foros- subrayó que no es el gobierno quien debe decidir qué información se puede dar, sino el ciudadano definir qué información solicita.