Ť Son profesionales y poseen infraestructura, dijo en 99

Digna Ochoa sospechaba de inteligencia militar, PFP y PGR

Ť La autoridad nunca dio respuesta a las demandas por violación de derechos en las que se involucraba a soldados

BLANCHE PETRICH

En noviembre de 1999, recientes el secuestro del 9 de agosto y el ataque del 28 de octubre en su casa, la abogada Digna Ochoa manifestaba sus sospechas acerca de quiénes podrían ser los ejecutores de las agresiones: "Por el tipo de personas, nosotros decimos: o inteligencia militar, o Policía Federal Preventiva, o Procuraduría General de la República, o el Cisen. Probablemente uno de estos grupos, primero, porque tienen toda una infraestructura, son profesionales. Segundo, por la gradualidad de las agresiones."

Durante la segunda visita que realizó a México la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos (casi 500 defensores de varios países), una delegación acudió a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para indagar de viva voz los ataques que la penalista había sufrido.

Miembro de un grupo relativamente pequeño de profesionales que aceptan asumir la defensa legal de presos políticos o de civiles agraviados por miembros del Ejército, Digna Ochoa refirió en esa ocasión su impresión personal sobre lo que le ocurría en esa coyuntura. "Pienso que podría ser inteligencia militar, por varias razones, entre ellas porque en los últimos tiempos hemos estado insistiendo en la integración de averiguaciones y que se les finque responsabilidad por los hechos que han estado cometiendo. Presumo que pudiese venir de allí. Desgraciadamente no tenemos ninguna prueba clara para poder señalarlo abiertamente. A quien le toca investigar es a la autoridad; nosotros no tenemos la capacidad de llevar una investigación."

En esa ocasión se refería a las respuestas que le daban las autoridades: "La PGR dice: 'mi gente no es', cuando sabemos que no tienen control real de toda su gente; cuando vemos que están involucrados en muchos hechos delictivos. Gobernación también ha dicho: 'mi gente no es'. Ninguno va a reconocer que es su gente, sería muy ingenuo pensar que, por ejemplo, la Segob reconozca que fue la PFP. Aunque lo llegaran a saber, no lo van a reconocer porque sería evidenciarse."

Las causas más difíciles

Al área jurídica del Centro Pro, muchos de los expedientes de las causas más difíciles, principalmente las que involucraban a militares, solían aterrizar en el escritorio de Digna Ochoa desde 1993 hasta mediados del año pasado, cuando dejó de laborar en esta ONG. Así, representó a las víctimas en el caso de las tres hermanas tzeltales del municipio Angel Albino Corzo violadas por militares en enero de 1994; a los miembros del llamado Comando Patriótico de la Fuerza Armada que se declararon en rebeldía y fueron apresados; al teniente Alberto Enríquez, acusado de revelación de secretos militares por publicar una crítica sobre un manual de guerra contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional; a dos indígenas amuzgas de Ayutla de los Libres, hermana y abuela de dos campesinos asesinados, violadas por soldados, y el famoso caso de los dos campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero, capturados y torturados por soldados en 1999.

Acerca de los riesgos de su compromiso, la defensora veracruzana reconocía que "son pocos los abogados que se involucran en este tipo de defensa, porque saben que el riesgo político, el de su integridad y de su vida privada, es grande".

Y de las dificultades que enfrentaba, refería: "El Ejército se niega a que tengamos acceso a sus instalaciones, a entrar a una agencia del Ministerio Público Militar, a recibirnos documentos, nuestras peticiones. Obstaculiza todo lo que conlleve alguna responsabilidad de los militares. La insistencia del Centro Pro hacia la Sedena ha sido uno de los elementos, y de bastante peso, para que ellos se sientan atacados. Estamos tocando intereses que hasta el momento eran intocables."

Sobre el muro ante el cual solían chocar sus esfuerzos, cuando la denuncia se dirigía contra la institución armada: "La gente tiene miedo a plantear denuncias y las autoridades civiles se niegan a recibir estas denuncias. Si la denuncia llega, es turnada al ministerio jurídico militar, cuando son ellos los responsables de las violaciones. Por eso ninguna averiguación, hasta el momento, ha prosperado. El mismo ministerio militar dice que no hay elementos suficientes. Lógico, ellos no van a evidenciar las violaciones de su propio personal."

Relato en primera persona

Según la transcripción de esa entrevista, realizada hace dos años, estas son algunas de sus explicaciones:

"El 9 de agosto me asaltan y me tienen secuestrada cuatro horas. Quise verlo como un delito común. Pero a partir del 3 de agosto nos llegan unas amenazas por el correo ordinario, venía una muy directa hacia el director del centro y otra hacia mí, venía una tarjeta que me habían robado el 9 de agosto, con una cruz como la de las esquelas. El 9 de septiembre vuelven a llegar otras amenazas, depositadas debajo de unas macetas dentro de nuestras instalaciones. El 14 de septiembre llegan otras, depositadas en el cajón de la recepcionista, hay llamadas a diferentes domicilios de compañeros.

"El 5 de septiembre, estando yo en mi casa, encuentro mi credencial de elector, con mi domicilio anterior. Y el 9 de octubre llega una amenaza de bomba, dentro del área jurídica. El 14 de octubre aparecen ejecutados dos de los policías encargados de proteger el centro. Las amenazas nos llegan coincidiendo con el regreso de mis viajes a Guerrero. El 28 de octubre, cuando yo llego a mi casa, a eso de las ocho y media de la noche, sentí algo raro. Revisé la casa, no vi nada, y a eso de las diez de la noche un tipo me cubre la boca con algo, pierdo el conocimiento y rápido me somete. Cuando yo reacciono estaba dentro de mi casa, amarrada y con los ojos vendados. Así me tienen durante nueve horas, interrogándome, preguntándome dónde trabajo, qué hace el centro, cuántas áreas hay, cuántos miembros hay en cada área, y qué hace cada persona, con quién vive, si tiene hijos, si tiene armas, dónde las tiene, dónde aprendimos a manejar armas. Luego me leen una lista de nombres para ver si los conozco, cuáles son los contactos con el EZLN, con el EPR o con los del ERPI. Luego me dan fotos de campesinos para que los identifique, y yo no conocía a nadie. Finalmente, a eso de las 7.30 de la mañana, me cambian de cuarto, me llevan a la recámara, me amarran pies y manos. En mi casa tengo tres tanques de gas de 20 kilogramos y abren el gas. Me cierran la puerta. No creo que me quisieran matar porque pude desatar mis manos, no estaban bien amarradas. El cable del teléfono de la casa estaba cortado, entonces utilizo el celular y advierto al centro."

Pobre compromiso de la CNDH

La visión de Digna Ochoa sobre el "pobre compromiso" de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la impunidad de la cual goza la institución armada quedó registrada en la entrevista realizada en 1999 por una delegación de la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos.

"Recientemente el propio presidente de la CNDH declaraba que no va a haber intocables. Estaba reconociendo que sí los ha habido. Nosotros llevamos mucho tiempo denunciándolo. En esta parte, la CNDH ha faltado realmente a la voluntad de investigar y hacer recomendaciones a la Sedena."

Una y otra vez, sale en la entrevista el tema de la molestia que causaba en círculos castrenses su trabajo. Uno de los casos fue su intervención en la defensa del llamado Comando Patriótico, en diciembre de 1998: "Sus integrantes estaban detenidos, incomunicados y torturados sicológicamente. Nosotros interpusimos los amparos. Esto causó molestia en la Sedena."

Otro caso crítico fue el del teniente Alberto Enríquez del Valle, del área de inteligencia militar. La Sedena lo acusó de violar derechos de autor y revelar secretos. La abogada convocó al secretario de la Defensa y al director de la Escuela Superior de Guerra a declarar como testigos para responder sobre la autoría de dicho manual. "Trataron de persuadirme que no lo hiciera. 'Mire, eso no lo pida, no le conviene', me dijeron. Era un manual que habla de la creación y aprovechamiento de los grupos paramilitares. La Secretaría de la Defensa consiguió cerrar el caso para evitar verse involucrada".