VIERNES Ť 26 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť No investigó en su momento ni de manera profunda, acusa
La PGR soslayó las amenazas contra Digna Ochoa: Noriega
Ť Hubo una poderosa señal de impunidad, dice Alvarez Icaza
ELIA BALTAZAR
Digna Ochoa fue asesinada porque la Procuraduría General de la República no investigó en su momento y de manera profunda las amenazas en contra de ella y de otros miembros del Centro Pro. Por eso, la PGR tiene responsabilidad en la medida de la indagatoria que no llevó a cabo, sostuvo Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Aseguró que la muerte de su compañera de causa fue resultado de la impunidad y el desprecio de las autoridades por las amenazas que sufrió la abogada desde 1996, pues desde entonces fue constantemente hostigada y eso sólo puede llamarse tortura psicológica, dijo.
Impunidad fue también la palabra que utilizó y subrayó el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, al referirse al caso Digna Ochoa, pues coincidió con Noriega en que ''hubo una poderosa señal de impunidad'' por parte de las autoridades, que no resolvieron en su momento la recomendación emitida por la Corte Interamericana, el 17 de noviembre de 1999.
El resolutivo tercero era fundamental, pues allí se recomendó la investigación de las causas que dieron origen a solicitar entonces la protección de Digna Ochoa, y eso se desestimó, dijo el ombudsman.
En estos momentos, añadió Alvarez Icaza, ''lo que se evidencia con toda fuerza no sólo es la gravedad del asesinato de Digna Ochoa y la amenaza a otros integrantes del Centro Pro, sino la eficacia en la procuración de justicia y la lucha contra la impunidad. Y este tema es de vital importancia en la transición que estamos viviendo. Sólo durante el sexenio pasado hubo más de 150 agresiones contra defensores de los derechos humanos, lo cual evidencia que el caso Ochoa no es aislado''.
El ombudsman capitalino anunció que la CDHDF llevará adelante su propia investigación de los hechos por queja de oficio.
En conferencia de prensa convocada por la CDHDF, Pilar Noriega cuestionó la incorporación de militares a tareas civiles, y que en el cargo de procurador general de la República se desempeñe precisamente un militar, como ocurre actualmente con Rafael Macedo de la Concha. ''Es inconstitucional que autoridades militares se desempeñen en funciones de seguridad pública o de cualquier otra índole'', dijo Noriega, quien recordó que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana en la materia pidió al gobierno mexicano, como una de sus recomendaciones, ajustar estrictamente las actividades de las autoridades militares a lo que dicta y obliga el artículo 129 de la Constitución, que establece que ninguna autoridad castrense tendrá más actividades que las relacionadas estrictamente con su disciplina.
Que no se fabriquen culpables...
Interrogada sobre la posible implicación de elementos del Ejército en el asesinato de Digna Ochoa, Noriega dijo: ''Desconozco en qué grado estén implicados algún grupo o persona. O si militares o ex militares están relacionados. Lo único que yo quiero es que se esclarezcan los hechos. Y lo último que esperamos es que se fabriquen culpables o salgan chivos expiatorios''.
No obstante, insistió en que una de las líneas de investigación más fuertes en el homicidio puede ser la defensa que la abogada llevó a cabo de los campesinos ecologistas Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera, presos en Guerrero.
Pilar Noriega también comentó sobre una de las pistas con que se cuenta, que es una cruz impresa en el anónimo de advertencia que dejaron los homicidas. ''Esa cruz ha sido una constante en las amenazas contra el Pro. Porque no es la única vez que la utilizan''.
Consideró que, por ahora, ''los hechos hablan por sí mismos para saber cuál es el ambiente en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos'' en el gobierno que encabeza Vicente Fox. ''Y aunque en lo inmediato no podemos hacer nada por el esclarecimiento de este homicidio, no debemos cejar en la lucha, porque tarde o temprano se sabrá lo que pasó''.
Para el ombudsman, el crimen ''es una campanada del pasado que afecta la democracia en México''. Y sobre la actitud mostrada por el presidente Fox, dijo: ''Sin duda esperábamos un pronunciamiento mucho más expedito y enérgico''.
No obstante, agregó Alvarez Icaza, es un hecho positivo que se estén llevando a cabo las acciones y las posiciones respecto a la gravedad del crimen, pues lo cierto es que este hecho fortalecerá y disparará el movimiento de derechos humanos, colocando el tema en la mesa de discusión política bajo la dimensión real que le corresponde en la agenda del Estado.
Aunque explicó que no hay plazos para la solución del caso, advirtió que su esclarecimiento enviará señales de confianza a los ciudadanos sobre los órganos de justicia, pues uno de los temas pendientes en la transición es el análisis y la reflexión sobre el Poder Judicial.