VIERNES Ť 26 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Demandas de justicia en Querétaro y Veracruz
Advierte la CNDH sobre las graves consecuencias del homicidio
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sostuvo que el crimen contra Digna Ocha y Plácido afecta muchísimo al país, pues es un delito que puede traer consecuencias muy desastrosas para su desarrollo institucional y democrático.
Acerca de los informes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió retirarle la protección a Ochoa y Plácido, dijo que en primer lugar hay que precisar que la responsabilidad de investigar el asesinato corresponde a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, con la que todas las instituciones deben colaborar, a fin de que el crimen se esclarezca lo más pronto posible.
Puntualizó que antes de emitir conclusiones debemos saber quién la mató, para qué la mató y por qué lo hizo, para después castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato, proceder a deslindar otro tipo de responsabilidades penales, políticas o de otra índole, si es el caso, contra las autoridades que habrían ordenado el retiro de la protección a la luchadora por los derechos humanos.
Durante una gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, Soberanes Fernández declaró que la CNDH apoyará en todo lo que esté a su alcance las investigaciones, y exhortó a la sociedad civil así como a los medios de comunicación a que exijan que este crimen se resuelva lo más pronto posible.
El ombudsman mexicano expresó que es muy importante conocer la verdad para saber si con esto se estaría regresando a las épocas de los asesinatos políticos.
El asesinato daña a zapatistas queretanos
Entre otros perjudicados con el asesinato de Digna Ochoa se deben destacar los casos de Jerónimo Sánchez Flores y Anselmo Robles Sánchez, presos en el penal de San José el Alto, Querétaro, pues apenas hace 15 días la abogada defensora de los derechos humanos aceptó llevar su caso.
Gerardo Carrera, vocero del Frente Zapatista de Liberación Nacional en Querétaro, informó que la fallecida relevó como representante de los presuntos zapatistas a la abogada Pilar Noriega, después de que ésta se incorporó como primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En Veracruz, de donde era oriunda Digna Ochoa, organizaciones no gubernamentales manifestaron su "más enérgica protesta e indignación" por el asesinato y exigieron al gobierno de Vicente Fox el pronto esclarecimiento del crimen y castigo a los autores materiales e intelectuales del mismo, así como garantías a los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Representantes de las organizaciones civiles Red contra la Violencia en Veracruz, Comité de la Sociedad Civil por el Diálogo en Chiapas, Grupo Antinuclear de Madres Veracruzanas, Comité José Revueltas del FZLN, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Xochiquetzal y Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, manifestaron su "repudio" contra el asesinato que, dijeron, debe de servir de acicate para seguir luchando contra la represión.
También se opusieron al trato de "terroristas" y de meros "transgresores de la ley" a los presos acusados de pertenecer al EZLN y a los campesinos encarcelados por el delito de defender y proteger el medio ambiente.
Consideraron que el homicidio de la abogada es un "crimen de Estado y quienes lo cometieron hicieron explícito que se trata de una sentencia de muerte contra todos aquellos que no han entrado en el juego de la simulación de democracia.
"Creíamos que este tipo de amenazas y ejecuciones ya estaban superadas", dijo a su vez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Manuel Robles Flores, dirigente de la Coordinadora Regional Fronteriza, que aglutina 40 ONG de esa localidad mexicana y de Estados Unidos.
En tanto, el PRI emitió ayer un pronunciamiento en el que condena el asesinato de la defensora de los derechos humanos y señala que las autoridades fallaron en el otorgamiento de la seguridad y la protección que requería.
Cristina Alcayaga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Político Nacional priísta, pidió que las investigaciones se lleven hasta sus últimas consecuencias y que no se detengan, en caso de que haya algún militar involucrado, pues nadie debe ser intocable.
La priísta subrayó que el asesinato de Digna Ochoa puso fin a una existencia valiosa, la de una luchadora que comprometió su vida con la defensa de los derechos humanos. Por si alguna duda cabe de esto, "ahí están los simpatizantes zapatistas y los campesinos ecologistas testigos inequívocos de una lucha igualmente intensa, apasionada e inteligente". ALONSO URRUTIA, ENVIADO, GEORGINA SALDIRNA, REPORTERA, DAVID CARRIZALES, RUBEN VILLALPANDO, ALEJANDRO GONZALEZ Y GUADALUPE LOPEZ, CORRESPONSALES