VIERNES Ť 26 Ť 0CTUBRE Ť 2001

ASTILLERO

Julio Hernández López

MERA PALABRERIA SERA todo lo que diga el Presidente de la República respecto al caso de Digna Ochoa -y otros similares- mientras mantenga a Rafael Macedo de la Concha como procurador federal de Justicia.

YA PODRA ORGANIZAR con rapidez reuniones con los directivos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -rapidez que no tuvo, por ejemplo, para fijar postura oficial respecto al asesinato de la abogada veracruzana- y ya podrá practicar con soltura su deporte favorito del bla, bla, bla sin contenido ni compromiso: nada tendrá sentido mientras mantenga en la PGR al general que como procurador de justicia militar toleró y encubrió las violaciones a los derechos humanos que investigaban, defendían y denunciaban ciudadanos como Digna Ochoa.

PODRAN INSTALARSE CUANTAS mesas de trabajo se consideren necesarias, pero el germen de la agresión a los defensores genuinos de los derechos humanos -y de la impune violación de estos- seguirá vivo y a salvo mientras el Presidente de la República no corrija su gravemente errónea decisión original de entregar la procuración civil de justicia a los militares, y en especial al grupo encabezado por Macedo de la Concha, en el que participan como directores de la Policía Judicial Federal dos personajes formalmente acusados por la contraloría foxista de haber participado en negocios millonarios con Wilfrido Robledo, en el tramo final del sexenio zedillista (tales funcionarios, de seis encausados, son Genaro García Luna, ex coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, ahora director de la Judicial Federal, y Pedro Huerta Robles, ex director de instalaciones estratégicas de la PFP y ahora director adjunto de la PJF; otra implicada es Lourdes Martínez Medellín, actual asesora de Macedo de la Concha).

CON ESE EQUIPO de trabajo, con esos antecedentes, pretende el gobierno federal dar garantías de respeto a la ley. Ayer mismo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que "tenemos plena confianza en el procurador general de la República, en el licenciado Rafael Macedo de la Concha", cuando los periodistas le mencionaron la desconfianza de los organismos no gubernamentales de derechos humanos hacia la PGR militarizada -desconfianza de la que se ha hecho eco en la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha recomendado que el caso Digna Ochoa no sea atraído por la citada PGR. Creel fue más allá de una respuesta protocolaria o de compromiso, pues colocó la textura de la PGR en el mismo nivel que la presidencial, al decir que la instancia judicial federal no está atendiendo el crimen de la abogada veracruzana porque no es de su competencia, pero si se hiciera cargo del asunto, "lo haría con el mismo compromiso que ha mostrado el Presidente de la República".

GRAVE ES QUE EL compromiso de Fox sea el mismo de Macedo. Recuérdese que no hubo nunca preocupación ni justicia verdadera en los casos denunciados de secuestros, violaciones, torturas y abusos de poder castrense presentados en años anteriores al procurador militar Macedo de la Concha y, desde luego, mucho menos los habrá ahora en la PGR de la que es titular. Esa es la gran contradicción que vive el régimen foxista y de la cual no podrá salir con actos efectistas como el de ayer en el que, por otra parte, el director del centro Pro, Edgar Cortez, hizo un detallado análisis ante el Presidente de las razones estructurales por las cuales los derechos humanos están en grave riesgo en este gobierno que no es capaz de gobernar ni siquiera a su propio gabinete central. Contradicción inocultable, pues ha sido el propio gobierno foxista el que no ha dado pasos ciertos y reales, más allá de la demagogia, para liberar, por ejemplo, al general José Francisco Gallardo y a los campesinos ecologistas a los que defendía Digna. Tampoco debe olvidarse que este gobierno mantiene en la cárcel mediante argucias legaloides a los presuntos responsables de la detonación de petardos en sucursales de Banamex.

HA DE CONSIGNARSE aquí, igualmente, el desbordamiento declarativo del habitualmente ecuánime procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, quien ha cometido el exceso de emitir sus opiniones particulares sobre el tema, arrojando presunciones de culpabilidad primero sobre elementos militares y ahora sobre presuntos terroristas de ultraderecha. Debilita al ejercicio de su función el hacer señalamientos preliminares o suposiciones que no corresponden a su investidura. Con toda formalidad debería él atenerse a consignar los avances exactos que las indagaciones llevaran -cuidando siempre de no revelar datos o indicios que por ley debe mantener en reserva- y evitar que su actuación pareciera afectada por intereses o consideraciones de índole política.

PULCRITUD Y PRUDENCIA serán muy necesarias en la actuación de la procuraduría capitalina, pues el curso de la averiguación abierta podría colocarlos en la necesidad de hacer comparecer ante los investigadores oficiales a altos mandos militares en activo y a otros en receso como el propio Macedo de la Concha, y eventualmente a fincarles responsabilidades penales históricas.

PARECIERA, POR OTRA parte, que el gobierno foxista ha lanzado kamikazes declarativos para tratar de llevar a la opinión pública a escenarios anecdóticos y frívolos en los que es especialista esa casa imperial encharolada y marthificada. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola Weber, ayer se atrevió a decir que las aves del lago de Texcoco ya han decidido convivir con los aviones. Según el zoológico pensamiento aeronáutico del hombre de Texcoco, esas aves "piensan, y ya decidieron desde hace muchos años convivir con los aviones". Esas palabras fueron pronunciadas ante diputados federales que en su mayor parte estaban activamente en contra del proyecto Texcoco. Otra parte de esos legisladores, la panista, se lanzó con una idea tan brillante como la del citado Cerisola: que el nuevo aeropuerto se llame... Vicente Fox Quesada (ha de respingar esta columna por ese agandalle de nomenclatura, pues días antes aquí se había sugerido que el nuevo centro aéreo se llamara, por razones que saltan a la vista, profesor Carlos Hank González).

OTRO TERRORISTA DEL lenguaje ha sido el secretario de Hacienda, quien se aventó la puntada políticamente incorrecta de decir que gravar las operaciones financieras es una propuesta de política fiscal "talibanesa".

YA PARA BAJAR LA cortina por esta semana, este tecleador deja constancia de la aprobación en Estados Unidos de una ley intervencionista para combatir el terrorismo, a la que la subprocuradora mexicana de apellido Lima dice que México opondrá su soberanía para evitar intervenciones telefónicas, internéticas y de otro tipo. Y también se toma nota de la creación de un grupo de diputados que dice que Fox agrede al Congreso a causa de la reforma fiscal. Y se acusa recibo de una carta del INAH que luego se reproducirá. Y se les dice a los adictos a las astillas que aquí nos encontraremos nuevamente el próximo lunes, el día en que el partido marthista será oficialmente constituido en el Polyforum Cultural Siqueiros.

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