VIERNES Ť 26 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Agentes del MPF, auxiliares de Madrazo Cuéllar, aprobaron el dictamen
La PGR envió a la reserva el caso Digna Ochoa el 8 de noviembre de 2000
Ť Por petición de la CIDH, la investigación se retomó en marzo pasado, revelan fuentes
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
El 9 de octubre de 2000, 14 días después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) turnó a la Procuraduría General de la República (PGR) las investigaciones sobre el secuestro y las amenazas de que fue objeto Digna Ochoa y Plácido en 1999, la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos por Servidores Públicos (Fesple) consideró que el caso debía enviarse a la reserva.
De acuerdo con versiones obtenidas con un agente del Ministerio Público (MP) y un ex funcionario de alto nivel de la administración pasada que participaron en la investigación -apoyaron sus afirmaciones con copias de los documentos-, "el envío a la reserva de la averiguación previa 1208/ FESPLE/00 se concretó el 8 de noviembre del 2000, ya que agentes del Ministerio Público auxiliares del procurador general de la República (Jorge Madrazo Cuéllar) aprobaron el dictamen correspondiente".
Los documentos de referencia, que muestran la parte medular de la consulta de reserva (como se denomina en el argot jurídico el envío al archivo), estarían contenidos entre las fojas 1048 y 1060 de la averiguación previa que abrió la PGR oficialmente el 26 de septiembre de 2000.
Según los datos proporcionados, "el oficio del 9 de mayo de este año, que alude a que en esa fecha se estaba consultando enviar a la reserva, era en realidad una notificación a Digna Ochoa e integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez para que informaran si tenían nuevos datos que tuvieran que ser investigados, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado a autoridades mexicanas que se considerara la posibilidad de retomar el caso, pero el expediente nunca se sacó de la reserva, a donde había sido turnado desde el 8 de noviembre del 2000".
Las fuentes solicitaron el anonimato porque el contenido de una averiguación previa sólo atañe a los interesados, y rev
elar sus nombres implicaría que se les finquen responsabilidades administrativas y penales. Sin embargo, una de estas personas participó de manera directa en la elaboración de los dictámenes de noviembre del 2000, y a la otra le correspondió conocer y avalar tales medidas, aunque su firma no aparece en ningún oficio.
Los informantes aseguran que "en el expediente se puede conocer a detalle el análisis que se hizo del caso, el cual durante un año armó la PGJDF, y se turnó a la PGR por la especulación de que los autores de las amenazas y el secuestro podrían ser funcionarios federales".
De acuerdo con los documentos mostrados, lo anterior está en el dictamen que la PGJDF, entonces a cargo de Samuel del Villar, adjuntó en el momento de turnar a la PGR las averiguaciones previas.
En el año 2000 la PGR buscó en las "sábanas" de llamadas telefónicas de dónde se realizaron los telefonemas a Digna Ochoa, "todas partieron de teléfonos públicos. También se buscó en la averiguación previa de la PGJDF algún elemento no investigado; todo se indagó, y a todos aquellos que pudieron aportar datos se les interrogó. Por eso las conclusiones fueron las mismas: no hubo elementos que permitieran identificar a los responsables, y ante la falta de nuevas pistas a seguir se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, se consultó la reserva, aunque la policía está obligada a investigar en el momento en que aparecieran nuevos datos útiles para continuar la averiguación".
La historia
El 26 de septiembre de 2000, la PGR inició oficialmente sus investigaciones sobre las amenazas y el secuestro que sufriera Digna Ochoa en 1999, a partir de denuncias presentadas ante la PGJDF. Mediante el oficio FESPLE/6197/2000, el fiscal especial Martín Godoy Castro remitió a la mesa 11 de esa fiscalía la "averiguación previa 50/ACI/584/95-08, y las acumuladas 50/1642/96-10, 50/1313/99-10 y 50/1389/ 99-10, procedentes de la PGJDF".
Durante casi un año la PGJDF realizó sus investigaciones y no encontró elementos para ejercitar acción penal contra nadie, "por lo que, considerando que las amenazas y secuestro pudieron haber surgido de servidores públicos federales que laboraban para la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal Preventiva, el agente del Ministerio Público de la PGJDF Clemente Humberto Aranza Ortiz declaraba su incompetencia en dicha averiguación previa".
El 27 de septiembre de 2000, la Fesple ordena a Francisco Efrén Camacho Morales, "subdelegado de la Policía Judicial, designar a elementos para la investigación del caso".
El 9 de octubre, mediante el oficio FESPLE/6587/2000, firmado por el titular de la mesa 11, Reyes Adrián Cilia Salazar, se señala en el segundo considerando que: "del estudio de todas y cada una de las constancias que integran la presente indagatoria, se desprende que los denunciantes en la presente averiguación previa que nos ocupa, en ningún momento especifican quién o quiénes son las personas que han cometido hechos ilícitos en su contra. Sino que refieren que los presentes hechos delictivos pudieron ser cometidos por servidores públicos que laboran en alguna dependencia de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional o bien de la Policía Federal Preventiva, ya que son esas autoridades las que pueden tener interés en conocer qué actividades se realizan en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al cual pertenecen los ahora denunciantes, y de las presentes actuaciones que se han practicado hasta el momento no se ha encontrado quién o quiénes sean los responsables".
"Así las cosas, esta representación social de la Federación considera procedente formular la consulta de reserva, en virtud de que hasta este momento no se puede determinar el no ejercicio de la acción penal, o bien la consignación ante el tribunal competente."
Y resuelve en el mismo oficio que "el Ministerio Público de la Fesple "propone la consulta de reserva", atendiendo al contenido del artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Penales, que señala: "si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales o no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos".
El tercer resolutivo ordena que la averiguación previa se remita a la Dirección General de Control de Procedimientos Panales A, a fin de que los "agentes del Ministerio Público de la Federación, auxiliares del procurador general de la República, aprueben la presente consulta, o bien manifiesten las diligencias que deberán practicarse".
Para el 8 de noviembre, con folio 1990/00, Carlos Mendoza Davis, director general de Procedimientos Penales A, firmó el oficio DGCPPA-AUX/3556/00 mediante el cual se notifica que, "tomando en consideración la opinión técnica emitida por agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a esta dirección a mi cargo, en la que se concluye que resulta procedente la consulta de reserva, por los motivos y fundamentos legales" y "hasta en tanto no se tengan más datos para continuar", la indagatoria estaría en ese estado.
En ese documento se señala que "de no cambiar las actuales circunstancias, la acción penal prescribirá hasta el 28 de septiembre del 2030".
Según los mismos documentos, la opinión técnica que dio pie a que el expediente se enviara a la reserva fue emitida por el agente del Ministerio Público Maximiano Villalobos Chinas el 8 de noviembre.
El caso permaneció sin alteraciones hasta el 14 de marzo de este año, pero según las fuentes consultadas, en esa fecha Juan José Gómez Cacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a la PGR, mediante el oficio DDH/CIDH-433, que la CIDH solicitó "se considerara la necesidad de retomar la averiguación previa 1208/FESPLE/2000, que fue enviada a la reserva el 8 de noviembre de 2000".
En respuesta, el 26 de marzo el titular de la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledesma, le comunicó a la cancillería, mediante el oficio 001578/00DGPDH, que "la indagatoria en mención ha sido reingresada a la mesa instructora para el efecto de insistir a la Policía Judicial Federal a que se aboque a la investigación".
"Pero ello no significó que se sacara de la reserva; se agregaron cartas de organismos internacionales al expediente, pero no se encontraron nuevos elementos que sirvieran para reiniciar las investigaciones; fue en ese contexto que el 9 de mayo se preguntó a Digna Ochoa si tenía mayores elementos de prueba que aportar, pero nunca se comunicó", dijeron las fuentes.