Ť Fiscales podrán congelar cuentas bancarias sospechosas, según la nueva legislación
Serán intervenidos teléfonos e Internet en cuanto entre en vigor la ley antiterrorista en EU: Ashcroft
Ť Preocupación en organismos del país por posibles violaciones a las libertades civiles
AP Y REUTERS
Washington, 25 de octubre. El secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, advirtió hoy que en cuanto entre en vigencia la nueva ley antiterrorista aprobada hoy por el Congreso, ordenará el uso inmediato de los mayores poderes a las agencias de seguridad para intervenir teléfonos, controlar el tráfico en Internet y arrestar sospechosos.
La ley antiterrorista incluye además medidas contra el lavado de dinero, que entre otros puntos permitirá que fiscales estadunidenses congelen y confisquen fondos sospechosos depositados por bancos extranjeros en las cuentas de sus instituciones corresponsales en Estados Unidos.
"Los terroristas que están entre nosotros quedan advertidos", dijo Ashcroft en la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. Añadió que el presidente George W. Bush firmará este viernes la legislación. "Está a punto de comenzar una nueva era en la lucha contra el terrorismo", dijo Ashcroft, quien presentó el proyecto tras los atentados del 11 de septiembre.
El funcionario judicial de más alto rango del país
defendió las agresivas tácticas de arresto utilizadas desde
aquella fecha: casi mil personas han sido detenidas como parte de la investigación.
En este sentido, el republicano citó en reiteradas
ocasiones tácticas similares utilizadas en la década de los
60 para combatir el crimen organizado por el entonces secretario de Justicia
Robert Kennedy, del Partido Demócrata. Entonces, el Deparmento de
Justicia arrestó a mafiosos por "escupir en la calle", si eso ayudaba
en la lucha contra el crimen, dijo Ashcroft.
El Sindicato Estadunidense de Libertades Civiles criticó la legislación, aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes y hoy en el Senado por 98 votos contra uno, por considerar que contiene muchas disposiciones que podrían utilizarse para violar los derechos de inocentes.
En una misiva señaló que "estos nuevos e irrestrictos poderes podrían ser utilizados contra los ciudadanos estadunidenses no sometidos a investigación penal, inmigrantes que residen legalmente y aquellos cuya libertad de culto es considerada por el secretario de Justicia una amenaza para la seguridad nacional".
"Debemos asegurarnos de no recompensar a los terroristas abandonando nuestras libertades, las mismas que ellos buscan destruir", declaró uno de los raros opositores al proyecto de ley, el senador demócrata Russ Feingold, durante el debate de este jueves en el Senado.
Una de las propuestas más polémicas de Bush habría autorizado al Departamento de Justicia a detener indefinidamente, hasta su deportación, a los inmigrantes sospechosos de trerrorismo.
Ambas cámaras del Congreso decidieron que si no se presenta acusación, el sospechoso debe ser liberado en siete días. Asimismo, el Congreso decidió que la mayoría de las medidas caducará dentro de cuatro años. Entonces, ambas cámaras volverán a discutir la eficacia de éstas.
Entre otros puntos, la Ley Patriótica flexibiliza los requisitos para realizar escuchas telefónicas, refuerza la vigilancia de Internet y de los correos electrónicos de los sospechosos, disminuye la exigencia para allanar domicilios, endurece las penas de todos los delitos vinculados con el terrorismo, criminaliza el amparar a una persona sospechosa de terrorismo, y mejora la circulación de la información entre la FBI y las agencias de inteligencia.
También autoriza a la justicia y a los servicios de inmigración a mantener detenido a un extranjero sospechoso de actividades terroristas por siete días sin formular un acta de acusación.
La ley considera también medidas contra el lavado de dinero, que actuarán junto a otros operativos, como el de Búsqueda Verde, del Departamento del Tesoro, que reunirá a agentes de varias dependencias para desarticular las fuentes de financiamiento al terrorismo.
Por primera vez todas las instituciones financieras estarán obligadas a ejercer "debida diligencia" para conocer a sus clientes y la fuente de sus fondos, antes de permitir que instituciones extranjeras abran cuentas de correspondencia con ellas.
Además, delitos de corrupción en el extranjero, tales como sobornos o apropiación indebida por parte de funcionarios públicos, podrán justificar la apertura de una investigación, enjuiciamiento y confiscación de fondos en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro tendrá poderes para tomar medidas contra países o bancos extranjeros sospechosos de lavado de dinero, que irían desde un detallado registro de operaciones con estas instituciones, a prohibir los negocios con ellas.
Estas medidas contra el blanqueo de dinero estaban contenidas en parte en un proyecto de ley que venía siendo discutido hace tres años, y permanecía estancado por la férrea oposición de la industria bancaria.