JUEVES Ť 25 Ť OCTUBRE Ť 2001
Nora Patricia Jara
Crimen político
El asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido es un crimen político por venir de la omisión y la displicencia del actual aparato de justicia; mientras los representantes de las más altas esferas gubernamentales de nuestro país mostraron indiferencia al no cancelar sus actividades deportivas de fin de semana para dar cuenta del repudiable hecho y, por qué no, hasta acudir a los funerales de la defensora de derechos humanos, la opinión pública internacional exigía el pronto esclarecimiento del homicidio.
A la lentitud se aunaron los infortunios; el general Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, dijo a tres días del agravio que colaboraría en las pesquisas en caso de ser necesario y a solicitud de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, que es la instancia encargada de las investigaciones, por haber sucedido el crimen en la ciudad de México.
En el pronunciamiento frío y a destiempo, el funcionario precisó que la seguridad física de Digna Ochoa era un asunto de la administración pasada y hasta señaló que el caso lo cerró Jorge Madrazo Cuéllar y que él no tenía conocimiento del mismo. Pero para los defensores de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro el asunto de Digna sí pasó por las manos de Macedo de la Concha y fue él quien lo dio por terminado al no acreditar, supuestamente, pruebas suficientes para aclarar las amenazas y advertencias que recibía la activista.
šVaya trabajo para el procurador capitalino, Bernardo Bátiz! Necesitará mucho más que su prestigio personal para encontrar a los verdaderos culpables de la muerte de la luchadora social y tendrá, tal vez, que abrir una página que se ha mantenido hasta ahora en secreto, que es la de las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y los grupos paramilitares, que junto con los caciques regionales se presumen como principales sospechosos del homicidio.
Hasta el momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Alvarez Icaza, no descarta la responsabilidad del aparato de Estado en los hechos, señalamiento temerario que cobra fuerza con las palabras vertidas por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que lo calificó como el primer crimen político del sexenio, poniendo en duda las garantías que tienen los defensores de derechos humanos para realizar su trabajo en nuestro país. En este sentido, la labor de Digna Ochoa nos revela los obstáculos que esta mujer tuvo que enfrentar para lograr el cumplimiento de derechos fundamentales como el de que todas las personas son iguales jurídicamente y tienen derecho a una defensa oportuna y profesional.
En las defensas a su cargo, sobre todo en las más controversiales, como la de los presos zapatistas, la de los hermanos Cerezo, supuestos miembros de las FARP, o la de los campesinos ecologistas de Guerrero, la activista refrendó su convicción por la defensa de los derechos sociales de mexicanos que en su momento se opusieron a la autoridad pública y padecieron sus excesos. Documentó las torturas y abusos a los que fueron sometidos sus defendidos y llevó sus hallazgos a las instancias internacionales respectivas, con el único fin de reclamar y evidenciar las inacciones en las que las autoridades respectivas incurrieron, con el objetivo de que se corrigieran.
A la férrea defensa de los llamados derechos humanos de segunda generación, añadió a su trabajo como defensora de vanguardia argumentos para sustentar derechos de tercera generación, como el de que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y agradable, cuya expresión política se asume en la lucha contra la deforestación en el estado de Guerrero, emprendida por Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera.
Su posición y la de sus representados la enfrentaron con caciques locales y miembros castrenses, ya que puso en peligro las formas convencionales de imponer la producción y el uso de la tierra a los habitantes de la zona. En esta tarea Digna no luchó sola, tuvo el reconocimiento y la adhesión de la comunidad mundial, a sabiendas de que sólo así podría tener éxito, por lo que no es casual que hasta el gobierno de Estados Unidos haya emitido una enérgica declaración en la que condenó el "asesinato brutal" de Digna Ochoa, "conocida y elogiada en todo el mundo por su dedicación", y pidió al gobierno de México que investigue plenamente para castigar a los responsables.