jueves Ť 25 Ť octubre Ť 2001
Carlos Montemayor
El crimen
El asesinato de Digna Ochoa y Plácido ha dejado al descubierto varias cosas. La primera, que el llamado proceso de la transición democrática en México no ha alcanzado la profundidad ni amplitud que el discurso oficial proclama. Una tan lenta respuesta del gobierno federal ante un crimen político de esta magnitud pone al descubierto, además, que el actual gobierno tiene más prisa por estar a la altura de la guerra del presidente Bush que por estar a la altura de la lucha del pueblo mexicano por avanzar en la democracia. Quizá sea ésta la principal revelación del asesinato de Digna Ochoa: que el presidente Fox y su gabinete, que muchos panistas y legisladores de todos los partidos, creen que la suya es la única lucha en México.
Parece no importarles la lucha de otros mexicanos por hacer un mejor país. Los panistas en ascenso no son los únicos luchadores sociales de México. Es necesario ver, escuchar, aceptar que otros sectores del país han luchado por el cambio político. Hay pueblos indígenas, campesinos, obreros, maestros, guerrilleros, que han luchado para construir un país más habitable y civilizado. Muchos panistas parecen ver con distancia y frialdad esas luchas; parecen no interesarse en ellas, no respetarlas.
Pues bien, la defensa de los derechos humanos en México es una de las luchas pacíficas y legales más importantes en este momento. Imposible explicar gran parte de los cambios positivos en el país sin esta lucha. La defensa de los derechos humanos ha necesitado de investigadores y activistas valientes. Tenaces y valientes. Porque se han enfrentado, o han penetrado, o han revelado actos arbitrarios de sectores particularmente violentos y de vieja y creciente corrupción: las policías judiciales de los estados, la Policía Judicial Federal y el Ejército. No es fácil acudir a la defensa de indígenas, mujeres, campesinos, niños, aldeas, desaparecidos, cuando la arbitrariedad, secuestro, tortura, represión o acoso provienen de judiciales, comandantes, soldados, oficiales del Ejército, presidentes municipales, gobernadores. Sobre todo si esto ocurre en una sierra, en extremos marginados de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Chiapas, en cualquier zona empobrecida y marginada del país. Sin el trabajo de estas organizaciones México estaría más ciegamente atado a la impunidad y arbitrariedad. Sin organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o el Fray Bartolomé de las Casas, AC, o la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (Cosyddhac), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero; la Casa de Investigación y Documentación de la Violación a los Derechos Humanos, AC (CIDVDHAAC), entre muchos otros, también respetables y valerosos; sin estas organizaciones y defensores, como Digna Ochoa, la arbitrariedad y el crimen seguirán frenando el avance democrático de México. Defender la lucha de estas organizaciones, respetar su lucha, es fundamental para todos.
La fría y lenta respuesta del gobierno actual puede perpetrar más crímenes y alentar a los asesinos de Digna Ochoa. La respuesta presidencial emitida después de la condena oficial del Departamento de Estado en Washington, tres días después del crimen, revela que el reloj presidencial no está marcando sus horas aquí, sino fuera. Debemos entender que este crimen daña nuestra vida social profundamente, porque daña la lucha por la civilidad, la lucha pacífica y legal. Si el país deja que esta lucha pacífica y legal se pierda, se le acose hasta que desaparezca, quedaremos inermes. No deben creer el presidente Fox y el PAN, no deben creer los partidos políticos que sólo su lucha y su avance es la lucha y el avance de México. La realidad social es más amplia. La lucha social es más amplia.