JUEVES Ť 25 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť No prevé aumento en prerrogativas a partidos
Aprueban consejeros del IFE el anteproyecto de gasto para 2002
RENATO DAVALOS
Los consejeros del Instituto Federal Electoral aprobaron ayer el anteproyecto de gasto para el próximo año, que no prevé aumento real a la disponibilidad de recursos, incluidas las prerrogativas para los partidos. Una objeción del perredista Pablo Gómez sobre la seguridad social propició un debate que podría ser llevado a la Cámara de Diputados cuando se discuta el paquete presupuestal de 2002.
El máximo órgano electoral abrió su trabajo extraordinario con un minuto de silencio en memoria de Digna Ochoa.
Los informes trimestrales, las sanciones menores a funcionarios del instituto por irregularidades diversas y la seguridad social redondearon la sesión del consejo general, que estima gastar 5 mil 795 millones de pesos en 2002, año previo a los próximos comicios intermedios.
El consejero presidente, José Woldenberg, explicó que los únicos incrementos para el próximo año serán en el Registro Federal de Electores, que absorbe 50 por ciento de los recursos totales.
El financiamiento a partidos para actividades permanentes será de 2 mil 616 millones de pesos, que incluyen las campañas de radio. De esos recursos, 623 millones serán para Acción Nacional; PRI, 694; 274.8 para el PRD; PT, 138; PVEM, 177; 114 para Convergencia por la Democracia, y PAS y PSN, 98.7 millones de pesos a cada uno.
Pablo Gómez llevó al debate la que llamó simulación con que se valora la seguridad social en el gobierno federal. En el IFE y en la administración pública los mandos medios y superiores gozan de un seguro médico privado, además de su condición de derechohabitente en el ISSSTE, señaló.
Se trata de una partida que a los contribuyentes les cuesta 50 millones de pesos por lo que hace al IFE, cuestionó Gómez. Es un gasto adicional que menosprecia la seguridad social, pues si los gastos médicos privados se destinasen a ésta, se elevaría sensiblemente la calidad del servicio.
Armando Salinas Torre, del PAN, reconoció que el asunto debiera discutirse en la Cámara de Diputados. Por su parte, el consejero Jaime Cárdenas dijo que se trata de derechos reconocidos a los que no puede renunciarse, mientras que el consejero Mauricio Merino consideró que no es una partida excesiva.