JUEVES Ť 25 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť "No queremos abrir el gobierno a medias", sostiene el subsecretario de la SG
La ley de acceso a la información será consensuada, promete Durán Reveles
ALONSO URRUTIA
En vísperas del arranque de la consulta nacional sobre transparencia y acceso a la información, convocada por el Ejecutivo federal, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, sostiene: "no queremos abrir el gobierno a medias, no vamos a una ley de transparencia calculada ni queremos un marco jurídico que a mediano plazo requiera reformas por insuficiente. Queremos una ley consensuada y transparente.
La premisa que se ha podido establecer entre los especialistas, académicos y partidos es que la apertura de la información debe ser la regla, y la reserva, la excepción", que abarcaría desde asuntos de seguridad nacional, información de exclusivo interés personal o bien que pueda generar desestabilización económica.
En principio hay la voluntad gubernamental de abrir la información del Poder Ejecutivo, aunque admite que la apertura tiene que ser total e involucrar a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos estatales. "El ciudadano no podría asumir que sólo se le abra la información a medias".
Aun cuando no ha habido una postura pública, Durán Reveles explica que los acercamientos con el Legislativo hacen prever que no habrá objeción a la apertura de información de los otros poderes. Sin embargo, aún quedarán pendientes las legislaciones a nivel estatal, para garantizar la apertura informativa en ese ámbito. "No hemos platicado con los Ejecutivos estatales, pero ya existen al menos cuatro iniciativas al respecto y en la consulta participarán gobernadores de los tres partidos".
Ya en la fase final de la elaboración del proyecto, este jueves, en Monterrey, arrancará la consulta para incorporar las propuestas de diversos sectores. Por lo pronto, es posible que en noviembre se turne la iniciativa de ley al Congreso de la Unión y que éste determine, en el presupuesto de egresos, los recursos que inevitablemente implicará esta apertura.
Con 30 años de retraso respecto a las naciones más avanzadas en materia de acceso a la información, México aprobará una legislación cuyos objetivos básicos, dice Durán, son "la transparencia en el ejercicio de gobierno y el combate a la corrupción".
Durante años, sostiene, "la información se manejó en México con una concepción patrimonialista desde el ámbito público y ahora se pretende entrar en un esquema en que la información sea un bien público al que acceda el ciudadano".
En entrevista, asume que la apertura de información implica "ventajas muy grandes para el gobierno en cuanto a favorecer la eficiencia y el combate a la corrupción". Es una ley, define, necesaria para consolidar la transición democrática, porque buscamos el acceso ciudadano a la información prácticamente sin cortapisas.
No elude que, como en todo el mundo, hay información fundamental que debe ser reservada para garantizar la seguridad nacional, "y más ahora que hemos observado lo que pasa a nivel mundial en cuestiones de terrorismo, pero hay consensos en que debe haber reservas para no provocar la vulnerabilidad del Estado".
De acuerdo con las consideraciones gubernamentales, la información sujeta a reserva sería: información que comprometa la seguridad nacional, la pública o la defensa nacional; la que pueda afectar la conducción de las relaciones internacionales; la que dañe la estabilidad financiera o monetaria; alguna información de secretos comerciales, industriales, bancarios o fiscales, entre otros.
También se pretende garantizar la información confidencial, referida propiamente a la de interés exclusivo y personal del ciudadano, misma que sólo se otorgaría al interesado.
La ley de acceso, reconoció Durán, sin duda deberá regular también los plazos en que se podrá desclasificar información reservada en asuntos como los archivos del Centro de Información y Seguridad Nacional. "Podría haber plazos diversos en función del tipo de información a desclasificar, pues hay diferencia entre asuntos de seguridad nacional u otra información que involucre violación a derechos humanos". A nivel internacional los plazos van de diez hasta 30 años, pero se analizará.