JUEVES Ť 25 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť El organismo cuenta con un centenar de abogados que litigarían ante tribunales
Defensoría Pública puede representar a ejidatarios
JESUS ARANDA
Los asesores jurídicos están abiertos a litigar en favor de las personas inconformes con la expropiación de sus tierras por la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, señaló ayer el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, César Esquinca Muñoa.
En conferencia con la prensa en la que anunció la puesta en marcha de la Jornada Nacional de Difusión de los Servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica, Esquinca indicó, a pregunta expresa, que "cualquier problema de carácter jurídico-federal se puede llevar ante los asesores, y en caso de que el asunto no sea de nuestra competencia, podemos orientar hacia dónde deben llevar su problema''.
Dijo que el instituto que dirige constituye "una extraordinaria vía para dar un escape a los problemas de carácter social", por lo que "nada impide que la expropiación se lleve ante el instituto''.
Destacó que el organismo tiene más de cien abogados, ''como ningún otro en la República, y cuenta con profesionistas muy competentes que litigan ante los tribunales o ante cualquier autoridad la solución de cualquier tipo de problema".
Fuentes judiciales comentaron que en caso de que los asesores jurídicos llevaran el litigio de los que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto, se registraría un caso inédito en la historia judicial del país, porque los asuntos llegarían en última instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por primera vez en su joven trayectoria -la Ley de Defensoría Pública se aprobó en 1998- los asesores litigarían ante el máximo tribunal de justicia del país.
Esto tendría un ingrediente adicional: se pondría a prueba la autonomía e independencia de estos servidores públicos.
La justicia no es sólo para ricos
Antes, Esquinca Muñoa señaló que en un país con enormes desigualdades económica, que tiene 40 millones de personas en condiciones de pobreza, la asesoría jurídica y la defensoría pública federal constituyen una "válvula de escape" a los problemas sociales que enfrenta la sociedad. Explicó que aumentó 50 por la capacidad de prestar servicios jurídicos a los grupos más vulnerables.
Los asesores jurídicos en materia administrativa, fiscal y civil prestan servicio a desempleados, subempleados, trabajadores que reciben menos de seis salarios mínimos, jubilados y pensionados.
Su ámbito de acción abarca asuntos en contra de instituciones como el IMSS y el ISSSTE -por problemas en pensiones, jubilaciones y atención médica negligente o deficiente-, Infonavit -por restructuración de crédito para vivienda y cobro de aportaciones-, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza -por suspensión de servicio y cobros excesivos-, autoridades fiscales federales -por créditos fiscales, pagos de excesivos impuestos, recargos, condonación de multas, embargos fiscales, auditorías e inspecciones.
También a autoridades administrativas federales, estatales o municipales por actos que violan las garantías individuales, como cancelación de permisos, clausuras de establecimientos mercantiles, daños en bienes y personas causados por una secretaría de Estado; reinstalación y no reconocimiento de grados militares, y multas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua, entre otros.
Y en materia civil o mercantil federales, por cobro de algún cheque, pagaré o letra de cambio ante un juzgado federal; cobro de fianzas por incumplimiento de contrato; daño moral y patrimonial derivado de un derecho autoral.
Esquinca Muñoz sostuvo que la actuación de los defensores públicos y asesores jurídicos "es una respuesta a la crítica de que la justicia es sólo para ricos".