JUEVES Ť 25 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Ni la SRE ni el Centro Pro ordenaron el retiro de la protección a la abogada, precisa

Insuficiente, la investigación de la PGR sobre amenazas a Digna Ochoa: Cortez

Ť El 9 de mayo la PGR nos notificó que nuestra denuncia quedaba archivada, indica

Ť Organismos de derechos humanos se reunirán hoy con Vicente Fox y Santiago Creel

VICTOR BALLINAS

El agente del Ministerio Público Federal, José Salomón Rodríguez, de la Fiscalía Especializada contra Delitos de los Servidores Públicos de la PGR, notificó el pasado 9 de mayo al Centro Miguel Agustín Pro Juárez que la denuncia 12cs/FESPLE/2000, por los delitos de amenazas, robo y privación ilegal de la libertad, cometidos contra la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y esa ONG, quedó archivada ese día, informó ayer el director de dicho centro, Edgar Cortez.

Interrogado sobre la declaración del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, en el sentido de que la denuncia se archivó el sexenio pasado, sostuvo: ''Hay un hecho concreto. No fueron demasiado lejos en las investigaciones, pues en septiembre de 2000 la PGJDF se las remitió, y bajo esta administración -en mayo- se determinó enviarla a reserva. Me parece que ello habla por sí mismo''.

En conferencia de prensa anunció que este jueves a las 12:30 horas varios organismos civiles de defensa de derechos humanos y de otros rubros sostendrán una reunión con el presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, en Los Pinos, para concretar las medidas de colaboración y coadyuvancia del gobierno federal con la Procuraduría capitalina, y para exigir que las investigaciones tanto del asesinato de Digna Ochoa como las amenazas al Centro Pro sean expeditas y ágiles.

Además, se demandará que el jefe del Ejecutivo manifieste un claro compromiso contra la impunidad, que existan garantías para los defensores de derechos humanos y que los resultados de la investigación se hagan públicos.

''Dudas''

El director del Centro Pro se refirió a las ''dudas de los medios de comunicación respecto de lo que motivó el levantamiento de las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno proporcionar a Digna Ochoa y al centro''. De entrada, explicó que fue un procedimiento normal y reglamentario el hecho de que la cancillería haya solicitado el cese de las medidas precautorias. ''Algunos medios quisieran responsabilizar a alguien por el hecho de haber cesado la vigilancia policiaca. No hubo nadie que se pueda señalar como culpable. Hubo un procedimiento que se siguió escrupulosamente. La SRE estaba en su derecho de hacer esa petición. Nosotros dimos nuestra opinión en el sentido de que por haber cesado las amenazas y hostigamiento, ya no era necesario.''

Exculpación

No fueron la cancillería ni el Pro los que ordenaron el cese de las medidas precautorias, precisó Cortez, sino la Comisión Interamericana. La petición la hizo la cancillería, pero ''a nadie se puede culpar de que ello sea la causa que llevó al asesinato de Digna Ochoa. Nadie es culpable'', dijo. Insistió en que ''parece que los medios quieren responsabilizarnos de ello, por haber opinado respecto al cese de las medidas cautelares''.

Confirmó que, en efecto, Digna Ochoa y el Centro Pro fueron consultados respecto al retiro de la seguridad, ''y evaluamos que ya no se habían presentado nuevas amenazas y hostigamientos, parecían haber cesado, por ello decidimos que estábamos de acuerdo en el retiro de las medidas de seguridad, pero dejamos claro que nos reservamos el derecho ante nuevas amenazas''.

Cortez sostuvo: ''Por más medidas cautelares que se tomen, y por más eficaces que éstas sean sean, si no hay resultados en la investigación y no se esclarecen las amenazas no tiene sentido.''

Pero, agregó, ''nada justifica este cobarde asesinato. Una cosa es el retiro de las medidas de seguridad, que eso le correspondió solicitarlo a la cancillería, pero había dos instancias de gobierno involucradas; la otra es la PGR. No se investigó, se archivó la denuncia y no se nos informó de los resultados. Sólo se dijo que no había elementos para continuar la indagación y que en caso de que se aportaran nuevas pruebas se seguiría''.

Diálogo

Durante la sesión de preguntas y respuestas informó que asistirán a la reunión con el presidente Fox diversas organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, de migrantes, de mujeres, de indígenas, con el objetivo de establecer un primer diálogo en el que se demandará al Ejecutivo se ponga en primer orden la agenda de derechos humanos. Se trata de que sean vistos de manera integral estos derechos y se incluyan los de tipo social y el derecho al desarrollo.

Asimismo, dio a conocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos remitió al gobierno de la República una nueva solicitud para que proporcione seguridad a todos los defensores de derechos humanos, previo diálogo con cada organización, ''porque ésta deberá ser diferente para cada una de las organizaciones civiles, según lo consideren conveniente''.

Cortez insistió: ''La medida de protección más eficaz es la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, lo cual hasta el momento no se hizo''.

Impacto

Dijo que estaban a la expectativa de información por parte de la PGJDF respecto del avance de las investigaciones y las líneas que hasta ahora las han orientado. También dio cuenta de que los relatores de la ONU, el especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswami; la especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Asma Jahangir; contra la Tortura, Nigel Rodley, y la de Defensores de Derechos Humanos, Hina Jalani, así como la CIDH y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, repudiaron y condenaron ante el gobierno mexicano el crimen y demandaron su rápido esclarecimiento y medidas a fondo en el sistema de justicia.