ados fue de consentimiento.
MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Acto seguido, la SRE solicitó a la CIDH aprobara retirar la protección a la abogada
La actual PGR archivó el 31 de mayo la averiguación sobre el caso Digna Ochoa
Ť La Corte Interamericana comunicó el 6 de junio a los afectados la petición de la cancillería
VICTOR BALLINAS
La Procuraduría General de la República (PGR) archivó desde el 31 de mayo de este año -y no en noviembre de 2000, como aseguró el pasado lunes su titular, Rafael Macedo- la averiguación previa 50/ACI/584/95-08, por los delitos de amenazas, robo y privación ilegal de la libertad en contra de Digna Ochoa y Plácido, e integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y acto seguido la cancillería solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aprobara el cese de medidas provisionales, es decir, el retiro de la seguridad que le brindaban con agentes policiales.
No se pudieron comprobar los hechos denunciados
Con ese motivo, la CIDH envió el 6 de junio de 2001 a Digna Ochoa y a los integrantes del Centro Pro la petición que le hizo el gobierno mexicano a la Corte Interamericana, para que ''envíen sus observaciones a la secretaría ejecutiva de dicha comisión''. El 21 de agosto, la respuesta de los afectados fue de consentimiento.
En la copia que la CIDH remitió a los afectados, con el número de oficio 00600 -que contiene la solicitud del gobierno mexicano para retirar las medidas precautorias-, se señala que en virtud de que las autoridades locales, no obstante haber realizado numerosas investigaciones para esclarecer los hechos, no encontraron elementos que los comprobaran -como en su caso la eventual participación de servidores públicos del Distrito Federal-, el Ministerio Público capitalino se vio en la necesidad de elaborar, el 5 de septiembre de 2000, el acuerdo mediante el cual se envía la averiguación previa iniciada a la PGR, a fin de profundizar y agotar la indagatoria sobre participación de servidores públicos federales, como lo sugieren los denunciantes en sus declaraciones.
Así, ''el 27 de septiembre de 2000, la averiguación previa 50/ACI/584/95-08 fue radicada en la Fiscalía Especial para Atención de los Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de la PGR, con el nuevo número 12cs/FGSPLE/2000''.
Dicho oficio señala que, desde esa fecha, la PGR se abocaría a continuar las investigaciones, tomando en cuenta las indagaciones ya realizadas por las autoridades del fuero común sobre la base de las conductas perfiladas como amenazas, robo y privación ilegal de la libertad.
Ante la dilación de la respuesta de la Corte Interamericana a la petición que la cancillería formuló, de nueva cuenta el gobierno mexicano solicitó a la CIDH, el 14 de agosto de este año -oficio 00995-, diera su anuencia para dar por terminadas las medidas precautorias, esto es, la seguridad personal a Digna Ochoa e integrantes del Pro.
En esta ocasión se argumentó: ''El gobierno mexicano llama la atención de la Honorable Corte que el fin último de las medidas precautorias es el de evitar el daño irreparable a las personas y poseen un carácter transitorio por estar dirigidas a hacer frente a situaciones de extrema urgencia. En el caso que nos ocupa, las acciones de las instituciones nacionales han satisfecho el objetivo primordial de las medidas dictadas por la Corte'', se apunta en la comunicación que la cancillería remitió a la CIDH a través de la embajada de México en San José de Costa Rica, el 14 de agosto de 2001.
Se recuerda en dicho oficio que ''el 31 de mayo último (2001), el gobierno de México solicitó a ese Honorable Tribunal que decrete la cesación de la vigencia de las medidas provisionales otorgadas a favor de Digna Ochoa y otros, sin perjuicio de que las instancias nacionales de protección de los derechos humanos actúen en caso de que actos de amenaza y hostigamiento se vuelvan a presentar, así como que las investigaciones continúen de hallarse nuevos elementos''.
En virtud de que la respuesta de los afectados (Digna Ochoa y miembros del Centro Pro Juárez) llegó a la Comisión Interamericana hasta el 21 de agosto, en el sentido de que daban su consentimiento para el retiro de la seguridad policiaca, esa comisión presentó su resolución del caso el día 28 de agosto de este año, con número oficio CDH-S/678, en donde expresa que dicha comisión ''ordena este día el levantamiento de las medidas provisionales dictadas en el caso 12.229 de Digna Ochoa y otros''.
A casi dos meses de haberse aprobado la petición del gobierno mexicano a la CIDH para el retiro de la seguridad, la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de nuevo amenazado.
Copia de todos los comunicados a que aquí se hace referencia obran en poder de La Jornada.
Ť La cancillería se lo planteó a la CIDH: fuentes de la dependencia
La PGR no ordenó retirar la protección a Digna Ochoa
Ť Fue la PGJDF la que proporcionó la seguridad, precisan
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Procuraduría General de la República (PGR) no ordenó el retiro de la protección a Digna Ochoa, ni tampoco solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pusiera a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa medida, aseguraron fuentes de alto nivel de la dependencia federal.
''La cancillería motu proprio puso a consideración del organismo internacional el retiro de las medidas precautorias; tal vez fue con la intención de cerrar el expediente, y estimando que las condiciones que dieron origen a que se le brindara protección habían cambiado'', aseguraron.
La PGR, dijeron las fuentes, ''no intervino en su protección, porque fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) quien le brindó esa atención a ella y a otros integrantes del Centro Pro Juárez''.
Según los entrevistados, ''a la PGR le correspondió dar seguimiento a una investigación iniciada en la Procuraduría del Distrito Federal, en la que se concluyó desde noviembre del año 2000 que no había mayores elementos para consignar el expediente, y se decretó su envío a la reserva, sin que ello significara que la Policía Judicial Federal dejara de investigar en busca de nuevos elementos''.
Pero esto, señalaron, ''no significa tampoco que el caso haya sido reabierto; la autoridad tiene la obligación de seguir indagando si hay nuevos elementos de prueba, pero los quejosos -Digna Ochoa y los integrantes del Pro Juárez- no aportaron mayores elementos; es más, ni siquiera respondieron a la notificación en la que se les avisó que el expediente iba a la reserva definitiva y que informaran si tenían alguna prueba pendiente de desahogar o indagar''.
Una y otra vez se les inquirió a los funcionarios si ellos habían solicitado el retiro de la protección a Digna Ochoa, y reiteraron que ''la cancillería le expresó a la Corte Interamericana si ya era posible cancelar las medidas precautorias, pero no lo hizo el gobierno de México por decisión unilateral; los demandantes de seguridad fueron consultados y ellos consintieron en el retiro de la protección, y la Corte decidió que era procedente''.
A la PGR, señalaron, le correspondió informar a la cancillería del estado que guardaba la averiguación previa, y esa, desde noviembre de 2000, estaba bajo la figura de la no consulta del ejercicio y en mayo se decidió su reserva definitiva, dado que no había mayores elementos para reabrir el caso.
El procurador Rafael Macedo de la Concha dio a conocer en conferencia de prensa, el pasado lunes, que ordenó ''con motivo de los hechos una revisión y análisis de la investigación'' realizada durante la gestión de Jorge Madrazo, pero dejó en claro que ello no significaba la reapertura del expediente, pues ''por ley se requiere de nuevos elementos para investigar''.
Según trascendió, funcionarios de la PGR elaboraron una cronología del caso Digna Ochoa, en la que se menciona que el 5 de octubre de 1999, Digna Ochoa presentó una denuncia de hechos en la PGJDF por amenazas recibidas; el 29 de octubre de ese mismo año la activista formuló una denuncia formal en la Procuraduría capitalina por allanamiento de morada, golpes, robo y privación ilegal de la libertad.
Desde el 8 de noviembre de 1999 la PGJDF ''le puso una escolta que se interrumpía cuando salía del país''; el 17 de noviembre de ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitó el gobierno mexicano estableciera medidas cautelares o de protección a favor de Ochoa, en respuesta a una petición que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con documentos de la PGR, el ahora ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar informó a la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, que había ofrecido protección de la Policía Judicial Federal a Digna Ochoa y a integrantes del Centro Pro, pero que esta propuesta fue rechazada en virtud de que contaban con vigilancia de la PGJDF.
Para el 20 de enero del año 2000, la Corte Interamericana, ''en un informe acerca de los casos que lleva, señaló que
subsisten las razones para que se continúe con la protección'', por lo que Digna Ochoa y otros integrantes del Centro Miguel Agustín Pro siguen con resguardo policiaco ''a cargo de autoridades del Distrito Federal''.
El recuento establece que el 18 de septiembre del año 2000, la PGJDF se declara incompetente para conocer del caso y turna las denuncias a la autoridad federal. Según esta cronología, el 25 de septiembre del año 2000, la PGR radica las denuncias e inicia la averiguación previa 1206/FESPLE/2000, y las investigaciones corren a cargo de la mesa instructora de la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales.
Para el 27 de septiembre, se designó a los agentes del Ministerio Público encargados del caso, y el 13 de octubre de ese mismo año, ''en virtud de que no se cuenta con más elementos que los que entregó la PGJDF, se consulta la reserva (se archiva el expediente) del caso por falta de elementos''.
Según esa misma cronología, el 14 de marzo de este año Relaciones Exteriores le solicitó a la PGR que se considere la necesidad de retomar la averiguación previa, en virtud de que el caso Digna Ochoa se encontraba bajo medidas provisionales en el ámbito preventivo de la protección internacional de los derechos humanos.
Para el 9 de mayo, el MPF le informó a la abogada Ochoa que la indagatoria se resolvió en consulta de reserva, y le pidió aportara más información o pruebas para continuar el seguimiento, ''pero nunca hubo respuesta a esa notificación''.
Veintidós días después (31 de mayo), la cancillería le solicitó a la Corte Interamericana decretar el cese de vigencia de las medidas provisionales otorgadas a favor de Digna Ochoa; el 13 de agosto de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera la petición, y finalmente, el 28 de agosto el organismo internacional decreta levantar y dar por concluidas las medidas provisionales.
Ť De ser necesario irían militares y funcionarios: Creel
Llamarían a declarar hasta al procurador en el caso Ochoa
Ť Evade el secretario de Gobernación asumir que fue un error quitar la escolta a la activista de derechos humanos
ALONSO URRUTIA
La colaboración que ofrecerá el gobierno a la Procuraduría General de Justicia capitalina para esclarecer el asesinato de Digna Ochoa podría involucrar, si el caso lo requiere, la declaración de militares, además de todos los funcionarios federales, incluido el procurador, ofreció ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a la organización internacional Centre for Justice and International Law (Cejil), misma que brindara protección a Ochoa durante su exilio en Washington.
Ante los representantes del Centro Pro "ratificamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos por parte del gobierno federal, y es un compromiso visible que asumimos en su plenitud para que las investigaciones lleguen adonde deben. Por nuestra parte habrá disponibilidad y facilidad", dijo Creel.
Durante sendos encuentros con los representantes de estas organizaciones, el secretario de Gobernación dijo que analizarán la recomendación que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se brinde protección a los integrantes de diversas organizaciones amenazadas. Con los representantes del Centro Miguel Agustín Pro Juárez se habló de que la aplicación de dicha protección se realizaría con el consenso de las organizaciones.
En la reunión con este organismo se acordó un encuentro con el presidente Vicente Fox para discutir la forma de colaboración del gobierno federal en el esclarecimiento del asesinato, pero también las acciones que a nivel estructural se impulsarán para favorecer la causa de los derechos humanos, según comentó Edgar Cortés, director del Centro Pro.
Cortés subrayó que "las garantías de seguridad de los defensores de derechos humanos no las dan los guardias personales, los chalecos antibalas, los carros o las puertas blindados en nuestras oficinas, sino la lucha frontal y definitiva contra la impunidad".
Por su parte, la directora del Cejil, Viviana Krsticevic, sostuvo que Creel ofreció plenas garantías para colaborar en las investigaciones, pero si el gobierno quiere ofrecer señales de que está dando pasos definitivos en la protección de los defensores de los derechos humanos, "necesita enviar un signo claro con la liberación del general José Francisco Gallardo, en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, y con el indulto de los ecologistas que defendió Digna Ochoa". En México hay un problema estructural en materia de derechos humanos que debe revertirse a partir del asesinato de Digna Ochoa.
A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el Ejército sea investigado, dijo que en cualquier régimen democrático, las instancias de procuración de justicia deben tener la capacidad de citar a declarar a los militares.
-La procuraduría ha manejado la posibilidad de llamar a militares...
-En este caso, es claro que las amenazas que sufrió tuvieron su origen en una serie de investigaciones y de defensas que ella realizó y que involucraron abusos cometidos por parte de militares.
Luego de las reuniones, Creel dijo que el Presidente ofreció el compromiso de todas las dependencias federales para coadyuvar en el esclarecimiento del crimen, y que se llamaría a declarar también a funcionarios de los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entidades donde la abogada asesinada investigaba casos de violaciones a derechos humanos.
-Cuando dice que las indagaciones llegarán hasta el fondo, Ƒse refiere a que declaren los militares?
-Lo que digan las investigaciones y lo que determine el Ministerio Público encargado del caso. Con nosotros van a encontrar plena disposición, y quiero subrayar la palabra plena. Sin embargo, Creel fue evasivo una y otra vez en asumir que el retiro de la seguridad que se le otorgaba a Digna Ochoa haya sido un error.
"Lo que está claro es que hubo un crimen que todos lamentamos, en agravio, como lo dijo el presidente Fox, de todos los mexicanos." Cortés dijo que en el encuentro plantearon la necesidad de dar cumplimiento a la recomendación de la CIDH, pero con la anuencia de las organizaciones. Queremos medidas de seguridad efectivas, y esto involucra que no sean unilaterales.
Enfatizó que si el gobierno realmente quiere el esclarecimiento del asesinato podría hacerlo facilitando el acceso de todas las instancias federales a la investigación, lo cual incluye a las fuerzas armadas.
Dijo que plantearon a Creel que los compromisos en materia de derechos humanos no sólo sean discursos hacia afuera, sino compromisos concretos hacia adentro, y políticas públicas que abatan la impunidad.
-ƑQué opinan de que se haya retirado la seguridad a Digna?
-Eran circunstancias concretas, y en ese momento no había nuevos elementos de amenaza.
Krsticevic planteó a Creel que el caso Digna Ochoa es una de las grandes cuentas pendientes, y que el gobierno debe responder con su esclarecimiento para manifestar su compromiso con la causa de los derechos humanos.
A su juicio, el gobierno valoró erróneamente la protección de Ochoa, porque el asunto no había acabado, ni ahora ha acabado, porque no han sido capaces de frenar el hostigamiento y las amenazas contra los defensores de derechos humanos. Fue una evaluación errada.
Le retiraron la protección cuando viajó a Estados Unidos
Las medidas cautelares que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adoptó para proteger a Digna Ochoa, activista de derechos humanos, le fueron retiradas cuando viajó a Estados Unidos, donde permaneció durante más de medio año a consecuencia del hostigamiento y las amenazas de que era objeto, indicaron fuentes de la dependencia. El caso de las denuncias que la abogada interpuso en la PGJDF por privación ilegal de la libertad y amenazas, turnado a la PGR, había sido cerrado y enviado a la reserva en espera de que surgieran nuevos elementos para continuar la investigación. Cuando Ochoa regresó a México, en marzo pasado, la PGR no repuso las medidas cautelares para protegerla ni informó a la PGJDF de esta situación. Incluso, según las fuentes consultadas, tardó más de tres meses en informar al Centro Pro que la luchadora social había retornado al país y de la situación de la averiguación previa.