MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Avance limitado en coordinación metropolitana
La información periodística sobre los acuerdos logrados por las direcciones de las fracciones de PAN, PRI y PRD en la Asamblea Legislativa y la Secretaría de Gobierno local sobre la reforma política para el Distrito Federal, cuya discusión ha sido privada, es muy limitada. La síntesis de los consensos, publicada por La Jornada (19/10/01), incluye un punto sobre la problemática de la gestión metropolitana: la reforma al artículo 115 constitucional que permitiría la formación de entidades autónomas para organizar servicios en la zona. Desconocemos si se trata de una reforma específica para la ZMCM o para todas las que existen en el país.
Pese a los vacíos de información pública, es necesario reflexionar sobre este acuerdo. No cabe duda que es un avance en la vía de la solución de los problemas de una metrópoli cuya gestión está fragmentada entre múltiples gobiernos (tres entidades federales, 16 delegaciones y 59 municipios).
En esta megaciudad, los servicios de agua (dotación de agua potable, tratamiento de agua usada, distribución de agua tratada), drenaje (sistemas de evacuación de aguas pluviales y negras), residuos sólidos y peligrosos (recolección y disposición final), energéticos (conducción, almacenamiento y distribución de electricidad, gas y gasolina), transporte público (Metro, camiones urbanos y foráneos, de carga, taxis, centros de transferencia modal), en sus aspectos de planeación, inversión y operación, o de regulación y control cuando son concesionados, no logran eficacia ni eficiencia cuando su gestión se encuentra fragmentada.
Pero la solución acordada no es suficiente. La planeación, mantenimiento y gestión de la infraestructura que soporta estos servicios (carreteras, ferrovías, líneas del Metro, aeropuertos, vialidades, sistemas de aprovisionamiento de agua potable y de regulación de caudales superficiales, drenaje profundo y otros canales de evacuación, ductos de energéticos, unidades de generación y transmisión de energía, etcétera), que es unitaria, recae sobre diversas empresas, entidades y organismos federales, estatales, locales y privados, cuya coordinación, en términos de un proceso armónico de funcionamiento y desarrollo urbano, es casi imposible. Seguramente los organismos que autorizaría la reforma acordada no podrán, ni deberían, asumir el control de toda esta infraestructura, junto con los servicios a los que sirve de soporte.
El problema no se agota allí. Hay otros servicios públicos urbanos que requieren de mecanismos de coordinación entre las dependencias federales y locales que los atienden, en términos de planeación, inversión y gestión: los servicios educativos y de salud, en sus distintos niveles de atención. Queda también sin resolver el amplio universo de la armonización de las políticas urbanas, de vivienda, ambientales, económicas, sociales, de seguridad pública y procuración de justicia, etcétera, que no ha encontrado salida efectiva en los mecanismos de coordinación metropolitana existentes. La unidad de los procesos metropolitanos hace que las políticas y acciones de una parte tengan efectos sobre la otra, y que su descoordinación u oposición derive en impactos negativos sobre toda la metrópoli.
Estos hechos llevan a la necesidad de abordar la discusión sobre el tema de los gobiernos metropolitanos, o al menos sobre la situación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana, cuya estructura y funciones deberían ampliarse y modificarse para darle atribuciones decisorias, y que sus acuerdos sean obligatorios para todas las partes involucradas. Entre estas funciones, en una u otra alternativa estaría la facultad de enviar iniciativas conjuntas a los legislativos estatales, para la homologación de la legislación relacionada con el funcionamiento y desarrollo metropolitano.
Otro tema que no ha sido mencionado en la escasa información sobre la negociación de la reforma política, es el de la formación de un fondo de inversión, con aportes federales y de las entidades estatales participantes, para el desarrollo de las infraestructuras y servicios de escala metropolitana.
La importancia de ese fondo se pone de manifiesto ante la necesidad de construir o ampliar la infraestructura metropolitana para complementar la construcción del nuevo aeropuerto alterno. Las limitaciones de la coordinación metropolitana actual se muestran claramente en la ausencia total de participación institucional de esta instancia en la discusión sobre la localización y construcción de la más importante infraestructura metropolitana prevista para la primera década del siglo XXI.
Es evidente que para abordar estos temas sería necesaria la participación de las otras entidades federales y locales involucradas.