MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Se comportaron con deslealtad y complicidad con partidos adversarios: CEN priísta
Expulsa el PRI a sus 17 diputados en Chiapas
Ť Los legisladores locales salientes aprobaron reformas que impiden al tricolor mantener el control del Congreso Ť La solicitud la hizo el CDE chiapaneco
GEORGINA SALDIERNA; ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA COORRESPONSALES
El PRI expulsó a 17 diputados locales de Chiapas por haber aprobado reformas a la Constitución (local) contrarias al interés de su partido y principalmente de los priístas integrantes de la próxima diputación que inicia actividades el 16 de noviembre.
De acuerdo con un dictamen de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidida por Juan Moisés Calleja García, la noche de este martes se acordó la expulsión ad cautelam de los legisladores Edgar de León Gallegos, presidente de la Gran Comisión; José Fernando Correa Suárez, representante del Poder Legislativo local ante la Cocopa, y de otros 15 diputados quienes, junto con los legisladores de oposición, efectuaron el pasado fin de semana diversas reformas al código interno del Congreso y a la Constitución Política local.
La decisión se tomó el martes siete horas después de que la dirigencia del PRI en Chiapas solicitó a la Comisión de Honor y Justicia la expulsión.
Aquiles Espinoza García, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, explicó que la solicitud se hizo debido a que los 17 diputados de la legislatura local saliente se comportaron con deslealtad al PRI y complicidad con partidos adversarios.
Ello al aprobar reformas a la Constitución local que le quitan al PRI la posibilidad de mantener la gobernabilidad de la próxima legislatura estatal con la supresión de la Gran Comisión del Congreso y la creación de una Comisión de Régimen Interno.
Luego de resaltar que el PRI obtuvo 24 de 40 diputaciones, destacó que la decisión de los 17 diputados lo coloca en minoría, a pesar que tiene la mayoría en el Congreso.
Las reformas constitucionales también establecen la desaparición del fuero constitucional de los legisladores y de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como la creación en su lugar de un órgano de fiscalización autónomo del Congreso, cuyo titular será nombrado por el poder legislativo a propuesta de ejecutivo. Con ello se elimina la posibilidad de que sean los diputados quienes a través de un órgano fiscalizador revise el comportamiento de la cuenta pública, resaltó.