MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť El documento identifica al Estado como único rector de la política agraria
Por unanimidad, aprueban diputados el dictamen con proyecto de ley de desarrollo rural sustentable
ROBRTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
Por unanimidad, 412 diputados de todas las fracciones parlamentarias aprobaron el dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual plantea una política de Estado que prevé presupuestos multianuales, asigna recursos para revertir la descapitalización del agro mexicano y fundamenta métodos para conservar y mejorar las tierras.
El titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, envió una carta a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes, para reconocer el valor de dicha ley:
"Es un día histórico para el agro mexicano. Con el dictamen favorable se dota al campo de nuestro país de un instrumento vital para su pleno desarrollo. Es saludado por la Sagarpa, con su más amplio reconocimiento. Se asientan los principios fundamentales de la visión agroalimentaria como política de Estado.
"Los diputados de la República han entregado a la nación un instrumento formidable que permitirá ensanchar las vías del progreso que todos queremos. El presidente Fox nos ha convocado a impulsar el desarrollo nacional, a combatir el rezago y las causas estructurales que lo originan a través de acciones claras y propositivas, formuladas en el consenso".
En el pleno camaral fue escuchada la posición de cada fracción parlamentaria; el diputado Jaime Rodríguez López, del PRI, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, dijo que el dictamen identifica exclusivamente al Estado como rector de la política agraria y reconoce asimetrías existentes entre los productores, pero considerando medidas para compensarlas y reducirlas.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, rechazada en primera instancia por el Ejecutivo federal y ahora consensada por todos los partidos que convergen en la Cámara, incluye conceptos no previstos en la legislación aún vigente; reconversión productiva, capitalización rural, apoyos al ingreso, compensaciones y pagos directos, construcción de infraestructura hidroagrícola, electrificación y caminos rurales, impulso de la productividad, formación y consolidación de empresas rurales, sanidad agropecuaria y atención prioritaria a zonas de mayor rezago económico.
El fondo del dictamen refiere que el sector agrícola en México presenta rasgos desiguales, pues su aportación al PIB equivale sólo a 10 por ciento del total, y cada año decrece. Incluso la inversión pública y privada en ese sector, en el que participan 25 millones de personas, es cada vez más raquítica, y la existente cada vez más dispersa y discrecional.
El diputado Rodríguez López aseguró que la nueva ley llena los vacíos legales que dejó la reforma de hace 10 años al 27 constitucional al dar certidumbre a tenencia agraria, producción, competitividad y bienestar rural.
Las posiciones de las fracciones parlamentarias favorecieron unánimemente el contenido del dictamen. Silvano Aureoles, del PRD, dijo que la ley contiene disposiciones para mejorar la producción agropecuaria y un nuevo diseño para programas especiales.
El legislador priísta Alejandro Cruz sostuvo que la crisis del campo no es sólo financiera, pues la escasa rentabilidad de la tierra engendra y reproduce la pobreza, por lo tanto el ordenamiento aprobado ayer sustenta las bases para revertir desigualdad, manipulación, marginación y deterioro ecológico.
Francisco Javier Chico, del PAN, añadió que la transición hacia el desarrollo rural sustentable exige cambios al marco normativo que además de garantizar la reactivación del campo apoyen investigación, desarrollo tecnológico, combate a la pobreza y garanticen la libre organización de productores rurales.
Oliverio Elías, del PRD, señaló que la ley busca reactivar y reorientar la inversión de pequeña y mediana producción rural y fortalece principios de soberanía y reciprocidad para transparentar el marco jurídico.
La lectura de las posiciones continuó en ese tono, pero el legislador panista Jesús Dueñas propuso modificar la redacción del artículo 66 de la nueva ley. El representante del PAN dijo que el texto debería quedar así:
"Sólo se compartirá el riesgo con productores que sean ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios, siempre que se obliguen a cumplir los programas de fomento a que se refiere esta ley, o acepten los compromisos de alcanzar los índices de productividad que expresamente autorice la comisión intersecretarial. Tendrán preferencia para recibir ese apoyo productores hasta con 10 hectáreas; se atenderá en primer término a los productores que tengan esta superficie y con riego o su equivalente".
A ese candado, el priísta Julián Luzanilla replicó con la siguiente propuesta: "sólo se compartirá el riesgo con productores que sean ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios hasta por una superficie de 20 hectáreas de riego o sus equivalentes, siempre que se obliguen a cumplir los programas de fomento a los que se refiere esta ley o acepten los compromisos de alcanzar los límites de productividad que expresamente autorice la comisión intersecretarial. Tendrán preferencia para recibir este apoyo los productores con menos de 10 hectáreas de riego o su equivalente".
Después de una serie de aclaraciones entre PRI y PAN, la mesa de la Cámara emitió un resumen de las propuestas:
"Artículo 66.- Sólo se compartirá el riesgo con productores que sean ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios, siempre que se obliguen a cumplir los programas a que se refiere esta ley o acepten los compromisos de alcanzar los índices de productividad que expresamente autorice la comisión intersecretarial. En todo caso se atenderá en primer término a los productores que tengan hasta 10 hectáreas de riego o su equivalente".
La mesa directiva de la Cámara sometió a votación en lo particular esas propuestas, aprobándose la última con 376 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones.