MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Debe aclararse si hubo irregularidades, señalan legisladores

Posible negligencia, el retiro de la protección a Digna Ochoa

Ť Minutos de silencio en ambas Cámaras en honor a la abogada

ANDREA BECERRIL, ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

El Congreso de la Unión condenó enérgicamente ''el artero asesinato de la abogada Digna Ochoa'' y exigió una investigación exhaustiva. Al mismo tiempo, senadores de PRI y PRD advirtieron que debe aclararse si hubo negligencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de alguna otra autoridad, al retirar la protección a la defensora de los derechos humanos.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Sadot Sánchez, advirtió que ese organismo estará pendiente para determinar si hubo irregularidades u omisiones en las instancias gubernamentales que tenían a su cargo resguardar a la abogada frente a las amenazas de muerte que recibió.

Ello, explicó, en referencia a las versiones ayer publicadas, en el sentido de que la cancillería solicitó desde principios de año a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos autorización para retirar las medidas de protección encaminadas a salvaguardar la integridad física de Digna Ochoa.

Se debe explicar, agregó el senador del PRI, por qué le fue retirada a la abogada la seguridad que la CIDH determinó debía dársele. ''Había bases suficientes para suponer que las amenazas de muerte podrían cumplirse, por ello, además de exigir una investigación exhaustiva, también hay que investigar a quienes incurrieron en esas negligencias''.

Por lo que se refiere a las sanciones para aquellos funcionarios que decidieron suspender las medidas de seguridad, el legislador señaló que van desde la inhabilitación, la suspensión del cargo e incluso juicio político.

Por separado, el perredista Demetrio Sodi se manifestó por investigar a fondo ese tema ya que, dijo, es de suma gravedad que el gobierno federal hubiera quitado la protección a la activista dos meses antes de que fuera asesinada.

A su vez, el panista Diego Fernández de Cevallos dijo no tener elementos para culpar a nadie. ''Lo que sí creo es que la sociedad está demandando una investigación a fondo y una sanción sin excusa a los asesinos; si hubo negligencia o no de algunas autoridades, no soy yo quien la pueda señalar.''

Durante la sesión, Fernández de Cevallos leyó un pronunciamiento del Senado, previamente consensuado por los coordinadores parlamentarios, en el que esa Cámara expresa su indignación ''por el artero crimen contra quien fuera distinguida defensora de los derechos humanos''.

El Senado advierte que resulta urgente que las autoridades competentes lleven a cabo ''una investigación rigurosa que conduzca sin dilación al esclarecimiento de los hechos y al enérgico castigo de los asesinos materiales e intelectuales''.

Más tarde, la perredista Leticia Burgos preguntó qué medidas adoptó el Estado para salvaguardar la integridad personal de la abogada y qué informará ahora a la CIDH, que hace dos años emitió una resolución en la que pedía al gobierno mexicano proteger la vida de la activista.

Burgos propuso un punto de acuerdo encaminado a que la PGR garantice la integridad física de los defensores de los derechos humanos.

Hubo después un minuto de silencio ''en homenaje sincero a Digna Ochoa, así como a todo lo que ella representa en su historia, su lucha y sus afanes''.

Por otra parte, el pleno de la Cámara de Diputados también condenó ''enérgicamente'' el homicidio y exigió a las autoridades federales y del Distrito Federal una investigación exhaustiva, cuyos resultados deberán hacerse públicos para procesar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Los legisladores demandaron al gobierno que brinde protección a todos los defensores de los derechos humanos.

La fracción parlamentaria del PRD calificó el asesinato como ''un crimen político'' que deberá esclarecerse, porque sus autores ''son fieles representantes de intereses oscuros'' que sólo desean amedrentar a quienes defienden las garantías individuales. Para el coordinador parlamentario de ese partido, Martí Batres, el suceso significa que en México ''existe un cuarto poder'' que utiliza la violencia como arma para coartar el estado de derecho.

Víctor García Dávila, del PT, sostuvo que ''las circunstancias en las que se dio el crimen no admiten contemplaciones y el pueblo exige una respuesta inmediata al presidente Vicente Fox para que explique por qué razón las instituciones en materia de seguridad pública no tomaron en cuenta las amenazas contra la defensora de los derechos humanos''.

En San Lázaro también se guardó un minuto de silencio en honor de Digna Ochoa.