MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001

Magdalena Gómez

No todos y todas somos Digna

Si no hay calificativos para un crimen como el cometido contra Digna Ochoa, tampoco lo hay para una clase política y una sociedad que pasa delante de esta noticia como si no hubiese pasado nada o, en todo caso, asumiendo que es algo que no les concierne.

Los partidos de todas las tendencias suponen con ello que pueden seguir negociando sus pseudoacuerdos y sus llamados espacios parlamentarios para ejercitar lo que han dado en llamar desde la izquierda "la vocación de poder". Los poderes constituidos se atienen a sus competencias formales: el secretario de Gobernación reacciona al día siguiente; el presidente Fox, horas después de que lo hace su amigo Bush; el Congreso se calla; el Poder Judicial espera en silencio; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos publica una esquela con el lenguaje de quien lamenta "la muerte" de un conocido sin referir el asesinato ni incluir la exigencia de la investigación. Salvo La Jornada, el resto de los medios ignora o tergiversa el hecho en un primer momento para después rendirse a las evidencias de que no se trata de un hecho irrelevante. Así, los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales se preparan para elaborar el duelo sobre un golpe que debería serlo para la sociedad entera y enfrentar la amenaza que conlleva intensificando sus acciones y compromiso en defensa de los derechos humanos.

Así como se afirma que nada es igual en el mundo después del 11 de septiembre, tampoco lo será en el país para un gobierno no priísta que está resultando incapaz de controlar a los operadores de una guerra sucia que encuentra campo propicio en aquellos que, como Digna Ochoa, les amenazan de manera directa y lo hacen ni más ni menos que ejercitando el derecho. Ese derecho que ahora deberá servir para investigar, aclarar y juzgar a los responsables directos intelectuales y materiales de este asesinato.

Ciertamente existe desconfianza fundada en los aparatos de procuración y administración de justicia, por ello habrá que mantener un seguimiento puntual de las indagatorias.

Hasta ahora queda claro que la PGR fue incapaz de localizar a los responsables de las amenazas y atentados que precedieron al asesinato de Digna, hecho que no puede desvincularse de la afectación de intereses que el Ejército resiente con la acción de los defensores de derechos humanos. En teoría, la institución castrense debería ser la primera interesada en esclarecer este crimen para deslindar responsabilidades y salvaguardar su misión; sin embargo, con un procurador general de la República que pertenece a la misma familia, difícilmente se aceptaría que pretendiera atraer el caso del ámbito del Distrito Federal.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene el reto de iniciar los trabajos de su nuevo periodo con el seguimiento y verificación del estado de derecho en un caso que marcará su trayectoria futura, pues en la presente ya dio las primeras señales satisfactorias al incorporar a la abogada Pilar Noriega como primera visitadora, intachable e infatigable, y también amenazada.

Si propiciamos, activa o pasivamente, que este hecho quede impune podemos prepararnos para enfrentar nuevos atentados. Más aún, si permitimos que se deje solos a los virtuales destinatarios, seremos cómplices de dichas acciones criminales.

Resulta urgente entender que el país que queremos requiere de un compromiso activo por el estado de derecho que incluye una profunda transformación del Estado, y que ese proceso no se agota en los encuentros y acuerdos cupulares. Para ello tendríamos que empezar por actuar ya y demostrar que el asesinato de Digna se hubiera evitado si no asumiéramos los derechos humanos como una labor de unos cuantos, sino como la tarea que debería ser requisito irrenunciable en el proyecto de nación que queremos todos y todas, de todas las tendencias.

El asesinato de Digna tendría que implicar el Ya Basta a la impunidad que encierran, entre otros hechos ominosos, las masacres de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, así como el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Por lo pronto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos accedió a una petición de la Comisión Intereamericana de Derechos Humanos para dirigir al gobierno mexicano la petición de protección a defensores de derechos humanos pactada con ellos. En este contexto, hay señales iniciales del gobierno federal sobre la necesidad de intervenir en este lamentable caso. šOjalá se concrete y no aborte!, como sucedió con el camino para la paz abierto por la caravana zapatista.