MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť De ser necesario irían militares y funcionarios: Creel

Llamarían a declarar hasta al procurador en el caso Ochoa

Ť Evade el secretario de Gobernación asumir que fue un error quitar la escolta a la activista de derechos humanos

ALONSO URRUTIA

La colaboración que ofrecerá el gobierno a la Procuraduría General de Justicia capitalina para esclarecer el asesinato de Digna Ochoa podría involucrar, si el caso lo requiere, la declaración de militares, además de todos los funcionarios federales, incluido el procurador, ofreció ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a la organización internacional Centre for Justice and International Law (Cejil), misma que brindara protección a Ochoa durante su exilio en Washington.

Ante los representantes del Centro Pro "ratificamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de estos hechos por parte del gobierno federal, y es un compromiso visible que asumimos en su plenitud para que las investigaciones lleguen adonde deben. Por nuestra parte habrá disponibilidad y facilidad", dijo Creel.

Durante sendos encuentros con los representantes de estas organizaciones, el secretario de Gobernación dijo que analizarán la recomendación que envió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se brinde protección a los integrantes de diversas organizaciones amenazadas. Con los representantes del Centro Miguel Agustín Pro Juárez se habló de que la aplicación de dicha protección se realizaría con el consenso de las organizaciones.

En la reunión con este organismo se acordó un encuentro con el presidente Vicente Fox para discutir la forma de colaboración del gobierno federal en el esclarecimiento del asesinato, pero también las acciones que a nivel estructural se impulsarán para favorecer la causa de los derechos humanos, según comentó Edgar Cortés, director del Centro Pro.

Cortés subrayó que "las garantías de seguridad de los defensores de derechos humanos no las dan los guardias personales, los chalecos antibalas, los carros o las puertas blindados en nuestras oficinas, sino la lucha frontal y definitiva contra la impunidad".

Por su parte, la directora del Cejil, Viviana Krsticevic, sostuvo que Creel ofreció plenas garantías para colaborar en las investigaciones, pero si el gobierno quiere ofrecer señales de que está dando pasos definitivos en la protección de los defensores de los derechos humanos, "necesita enviar un signo claro con la liberación del general José Francisco Gallardo, en cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, y con el indulto de los ecologistas que defendió Digna Ochoa". En México hay un problema estructural en materia de derechos humanos que debe revertirse a partir del asesinato de Digna Ochoa.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que el Ejército sea investigado, dijo que en cualquier régimen democrático, las instancias de procuración de justicia deben tener la capacidad de citar a declarar a los militares.

-La procuraduría ha manejado la posibilidad de llamar a militares...

-En este caso, es claro que las amenazas que sufrió tuvieron su origen en una serie de investigaciones y de defensas que ella realizó y que involucraron abusos cometidos por parte de militares.

Luego de las reuniones, Creel dijo que el Presidente ofreció el compromiso de todas las dependencias federales para coadyuvar en el esclarecimiento del crimen, y que se llamaría a declarar también a funcionarios de los gobiernos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entidades donde la abogada asesinada investigaba casos de violaciones a derechos humanos.

-Cuando dice que las indagaciones llegarán hasta el fondo, Ƒse refiere a que declaren los militares?

-Lo que digan las investigaciones y lo que determine el Ministerio Público encargado del caso. Con nosotros van a encontrar plena disposición, y quiero subrayar la palabra plena. Sin embargo, Creel fue evasivo una y otra vez en asumir que el retiro de la seguridad que se le otorgaba a Digna Ochoa haya sido un error.

"Lo que está claro es que hubo un crimen que todos lamentamos, en agravio, como lo dijo el presidente Fox, de todos los mexicanos." Cortés dijo que en el encuentro plantearon la necesidad de dar cumplimiento a la recomendación de la CIDH, pero con la anuencia de las organizaciones. Queremos medidas de seguridad efectivas, y esto involucra que no sean unilaterales.

Enfatizó que si el gobierno realmente quiere el esclarecimiento del asesinato podría hacerlo facilitando el acceso de todas las instancias federales a la investigación, lo cual incluye a las fuerzas armadas.

Dijo que plantearon a Creel que los compromisos en materia de derechos humanos no sólo sean discursos hacia afuera, sino compromisos concretos hacia adentro, y políticas públicas que abatan la impunidad.

-ƑQué opinan de que se haya retirado la seguridad a Digna?

-Eran circunstancias concretas, y en ese momento no había nuevos elementos de amenaza.

Krsticevic planteó a Creel que el caso Digna Ochoa es una de las grandes cuentas pendientes, y que el gobierno debe responder con su esclarecimiento para manifestar su compromiso con la causa de los derechos humanos.

A su juicio, el gobierno valoró erróneamente la protección de Ochoa, porque el asunto no había acabado, ni ahora ha acabado, porque no han sido capaces de frenar el hostigamiento y las amenazas contra los defensores de derechos humanos. Fue una evaluación errada.

Le retiraron la protección cuando viajó a Estados Unidos

Las medidas cautelares que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal adoptó para proteger a Digna Ochoa, activista de derechos humanos, le fueron retiradas cuando viajó a Estados Unidos, donde permaneció durante más de medio año a consecuencia del hostigamiento y las amenazas de que era objeto, indicaron fuentes de la dependencia. El caso de las denuncias que la abogada interpuso en la PGJDF por privación ilegal de la libertad y amenazas, turnado a la PGR, había sido cerrado y enviado a la reserva en espera de que surgieran nuevos elementos para continuar la investigación. Cuando Ochoa regresó a México, en marzo pasado, la PGR no repuso las medidas cautelares para protegerla ni informó a la PGJDF de esta situación. Incluso, según las fuentes consultadas, tardó más de tres meses en informar al Centro Pro que la luchadora social había retornado al país y de la situación de la averiguación previa.