MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť La cancillería se lo planteó a la CIDH: fuentes de la dependencia
La PGR no ordenó retirar la protección a Digna Ochoa
Ť Fue la PGJDF la que proporcionó la seguridad, precisan
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La Procuraduría General de la República (PGR) no ordenó el retiro de la protección a Digna Ochoa, ni tampoco solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que pusiera a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa medida, aseguraron fuentes de alto nivel de la dependencia federal.
''La cancillería motu proprio puso a consideración del organismo internacional el retiro de las medidas precautorias; tal vez fue con la intención de cerrar el expediente, y estimando que las condiciones que dieron origen a que se le brindara protección habían cambiado'', aseguraron.
La PGR, dijeron las fuentes, ''no intervino en su protección, porque fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) quien le brindó esa atención a ella y a otros integrantes del Centro Pro Juárez''.
Según los entrevistados, ''a la PGR le correspondió dar seguimiento a una investigación iniciada en la Procuraduría del Distrito Federal, en la que se concluyó desde noviembre del año 2000 que no había mayores elementos para consignar el expediente, y se decretó su envío a la reserva, sin que ello significara que la Policía Judicial Federal dejara de investigar en busca de nuevos elementos''.
Pero esto, señalaron, ''no significa tampoco que el caso haya sido reabierto; la autoridad tiene la obligación de seguir indagando si hay nuevos elementos de prueba, pero los quejosos -Digna Ochoa y los integrantes del Pro Juárez- no aportaron mayores elementos; es más, ni siquiera respondieron a la notificación en la que se les avisó que el expediente iba a la reserva definitiva y que informaran si tenían alguna prueba pendiente de desahogar o indagar''.
Una y otra vez se les inquirió a los funcionarios si ellos habían solicitado el retiro de la protección a Digna Ochoa, y reiteraron que ''la cancillería le expresó a la Corte Interamericana si ya era posible cancelar las medidas precautorias, pero no lo hizo el gobierno de México por decisión unilateral; los demandantes de seguridad fueron consultados y ellos consintieron en el retiro de la protección, y la Corte decidió que era procedente''.
A la PGR, señalaron, le correspondió informar a la cancillería del estado que guardaba la averiguación previa, y esa, desde noviembre de 2000, estaba bajo la figura de la no consulta del ejercicio y en mayo se decidió su reserva definitiva, dado que no había mayores elementos para reabrir el caso.
El procurador Rafael Macedo de la Concha dio a conocer en conferencia de prensa, el pasado lunes, que ordenó ''con motivo de los hechos una revisión y análisis de la investigación'' realizada durante la gestión de Jorge Madrazo, pero dejó en claro que ello no significaba la reapertura del expediente, pues ''por ley se requiere de nuevos elementos para investigar''.
Según trascendió, funcionarios de la PGR elaboraron una cronología del caso Digna Ochoa, en la que se menciona que el 5 de octubre de 1999, Digna Ochoa presentó una denuncia de hechos en la PGJDF por amenazas recibidas; el 29 de octubre de ese mismo año la activista formuló una denuncia formal en la Procuraduría capitalina por allanamiento de morada, golpes, robo y privación ilegal de la libertad.
Desde el 8 de noviembre de 1999 la PGJDF ''le puso una escolta que se interrumpía cuando salía del país''; el 17 de noviembre de ese mismo año la Corte Interamericana de Derechos Humanos le solicitó el gobierno mexicano estableciera medidas cautelares o de protección a favor de Ochoa, en respuesta a una petición que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con documentos de la PGR, el ahora ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar informó a la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, que había ofrecido protección de la Policía Judicial Federal a Digna Ochoa y a integrantes del Centro Pro, pero que esta propuesta fue rechazada en virtud de que contaban con vigilancia de la PGJDF.
Para el 20 de enero del año 2000, la Corte Interamericana, ''en un informe acerca de los casos que lleva, señaló que subsisten las razones para que se continúe con la protección'', por lo que Digna Ochoa y otros integrantes del Centro Miguel Agustín Pro siguen con resguardo policiaco ''a cargo de autoridades del Distrito Federal''.
El recuento establece que el 18 de septiembre del año 2000, la PGJDF se declara incompetente para conocer del caso y turna las denuncias a la autoridad federal. Según esta cronología, el 25 de septiembre del año 2000, la PGR radica las denuncias e inicia la averiguación previa 1206/FESPLE/2000, y las investigaciones corren a cargo de la mesa instructora de la Subprocuraduría A de Procedimientos Penales.
Para el 27 de septiembre, se designó a los agentes del Ministerio Público encargados del caso, y el 13 de octubre de ese mismo año, ''en virtud de que no se cuenta con más elementos que los que entregó la PGJDF, se consulta la reserva (se archiva el expediente) del caso por falta de elementos''.
Según esa misma cronología, el 14 de marzo de este año Relaciones Exteriores le solicitó a la PGR que se considere la necesidad de retomar la averiguación previa, en virtud de que el caso Digna Ochoa se encontraba bajo medidas provisionales en el ámbito preventivo de la protección internacional de los derechos humanos.
Para el 9 de mayo, el MPF le informó a la abogada Ochoa que la indagatoria se resolvió en consulta de reserva, y le pidió aportara más información o pruebas para continuar el seguimiento, ''pero nunca hubo respuesta a esa notificación''.
Veintidós días después (31 de mayo), la cancillería le solicitó a la Corte Interamericana decretar el cese de vigencia de las medidas provisionales otorgadas a favor de Digna Ochoa; el 13 de agosto de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores reitera la petición, y finalmente, el 28 de agosto el organismo internacional decreta levantar y dar por concluidas las medidas provisionales.