MIERCOLES Ť 24 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Acto seguido, la SRE solicitó a la CIDH aprobara retirar la protección a la abogada

La actual PGR archivó el 31 de mayo la averiguación sobre el caso Digna Ochoa

Ť La Corte Interamericana comunicó el 6 de junio a los afectados la petición de la cancillería

VICTOR BALLINAS

La Procuraduría General de la República (PGR) archivó desde el 31 de mayo de este año -y no en noviembre de 2000, como aseguró el pasado lunes su titular, Rafael Macedo- la averiguación previa 50/ACI/584/95-08, por los delitos de amenazas, robo y privación ilegal de la libertad en contra de Digna Ochoa y Plácido, e integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y acto seguido la cancillería solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aprobara el cese de medidas provisionales, es decir, el retiro de la seguridad que le brindaban con agentes policiales.

No se pudieron comprobar los hechos denunciados

Con ese motivo, la CIDH envió el 6 de junio de 2001 a Digna Ochoa y a los integrantes del Centro Pro la petición que le hizo el gobierno mexicano a la Corte Interamericana, para que ''envíen sus observaciones a la secretaría ejecutiva de dicha comisión''. El 21 de agosto, la respuesta de los afectados fue de consentimiento.

En la copia que la CIDH remitió a los afectados, con el número de oficio 00600 -que contiene la solicitud del gobierno mexicano para retirar las medidas precautorias-, se señala que en virtud de que las autoridades locales, no obstante haber realizado numerosas investigaciones para esclarecer los hechos, no encontraron elementos que los comprobaran -como en su caso la eventual participación de servidores públicos del Distrito Federal-, el Ministerio Público capitalino se vio en la necesidad de elaborar, el 5 de septiembre de 2000, el acuerdo mediante el cual se envía la averiguación previa iniciada a la PGR, a fin de profundizar y agotar la indagatoria sobre participación de servidores públicos federales, como lo sugieren los denunciantes en sus declaraciones.

Así, ''el 27 de septiembre de 2000, la averiguación previa 50/ACI/584/95-08 fue radicada en la Fiscalía Especial para Atención de los Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de la PGR, con el nuevo número 12cs/FGSPLE/2000''.

Dicho oficio señala que, desde esa fecha, la PGR se abocaría a continuar las investigaciones, tomando en cuenta las indagaciones ya realizadas por las autoridades del fuero común sobre la base de las conductas perfiladas como amenazas, robo y privación ilegal de la libertad.

Ante la dilación de la respuesta de la Corte Interamericana a la petición que la cancillería formuló, de nueva cuenta el gobierno mexicano solicitó a la CIDH, el 14 de agosto de este año -oficio 00995-, diera su anuencia para dar por terminadas las medidas precautorias, esto es, la seguridad personal a Digna Ochoa e integrantes del Pro.

En esta ocasión se argumentó: ''El gobierno mexicano llama la atención de la Honorable Corte que el fin último de las medidas precautorias es el de evitar el daño irreparable a las personas y poseen un carácter transitorio por estar dirigidas a hacer frente a situaciones de extrema urgencia. En el caso que nos ocupa, las acciones de las instituciones nacionales han satisfecho el objetivo primordial de las medidas dictadas por la Corte'', se apunta en la comunicación que la cancillería remitió a la CIDH a través de la embajada de México en San José de Costa Rica, el 14 de agosto de 2001.

Se recuerda en dicho oficio que ''el 31 de mayo último (2001), el gobierno de México solicitó a ese Honorable Tribunal que decrete la cesación de la vigencia de las medidas provisionales otorgadas a favor de Digna Ochoa y otros, sin perjuicio de que las instancias nacionales de protección de los derechos humanos actúen en caso de que actos de amenaza y hostigamiento se vuelvan a presentar, así como que las investigaciones continúen de hallarse nuevos elementos''.

En virtud de que la respuesta de los afectados (Digna Ochoa y miembros del Centro Pro Juárez) llegó a la Comisión Interamericana hasta el 21 de agosto, en el sentido de que daban su consentimiento para el retiro de la seguridad policiaca, esa comisión presentó su resolución del caso el día 28 de agosto de este año, con número oficio CDH-S/678, en donde expresa que dicha comisión ''ordena este día el levantamiento de las medidas provisionales dictadas en el caso 12.229 de Digna Ochoa y otros''.

A casi dos meses de haberse aprobado la petición del gobierno mexicano a la CIDH para el retiro de la seguridad, la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de nuevo amenazado.

Copia de todos los comunicados a que aquí se hace referencia obran en poder de La Jornada.