Después de las jornadas para impedir que se ratificara en los congresos estatales la Ley Bartlett-Cevallos-Ortega en materia indígena, en muchas regiones indias parece abrirse un nuevo ciclo en la acción indianista. Al tiempo que municipios y comunidades indígenas establecen recursos legales frente a la (contra)reforma indígena, se han abierto espacios de discusión regional que se proponen replantear estrategias y rearmar alianzas locales.

Varios cabildos con presencia indígena (hasta ahora más de trescientos) han presentado controversias constitucionales contra diversas irregularidades en el procedimiento que se siguió para reformar la Constitución y un número creciente de comunidades y ejidos indígenas han levantado amparos agrarios para impedir que la reforma tenga vigencia dentro de sus territorios. Entre tanto, se han convocado reuniones de organizaciones indígenas regionales para, por un lado, hacer frente a una campaña corporativista del gobierno y, por el otro, plantear las bases para una nueva etapa que algunos han caracterizado como de "derechos sin ley".

Después de una breve primavera de independencia declarativa, el aparato gubernamental indigenista ha vuelto a ser lo que es: un correa para asegurar la disciplina política de los indígenas. Quedaron atrás las "enternecedoras" declaraciones de la titular nueva oficina presidencial para indios y las "valientes" declaraciones de la burocracia indigenista. Hoy los centros coordinadores indigenistas y los Fondos de Solidaridad de la Sedesol intentan, en silencio, acelerar la maquinaria corporativa y convencer a las organizaciones beneficiadas por sus programas sociales de los supuestos márgenes que ha abierto la reciente reforma constitucional. Intentan hacerlos participar en las consultas con miras a reformar sus normas legales de acuerdo a la reforma Bartlett-Cevallos-Ortega.

En diversas regiones montañosas y apartadas de México delegaciones indígenas bajan a los poblados que concentraron desde tiempo atrás el comercio local. Estos indios no están bajando a vender sus productos, van a reunirse para realizar otro tipo de intercambio, el de las ideas y voluntades.

Ya sea por estados o por amplias regiones interestatales, las comunidades y organizaciones indígenas han intentado darse espacios de discusión. Así en la comunidad indígena de Tuxpan, Jalisco, se reunieron organizaciones que han participado a nivel nacional en el Congreso Nacional Indígena (CNI), de Jalisco, Michoacán, Colima, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y el Valle del Anáhuac. Le dieron vida a lo que se llamó la región Centro-Pacífico del CNI.

De esta reunión en la que se dieron cita nahuas y ñahñus de varios estados, purhépechas, wixárikas (o huicholes) e incluso mixtecos resultó el Pronunciamiento indígena de Tuxpan en el que se hizo un llamado "a todos los pueblos indígenas del país para que profundicen en el ejercicio de sus derechos y para que emitan decretos y declaratorias de autonomía donde desconozcan la aplicación de la Ley Barttlet-Cevallos-Ortega en sus territorios" y a "seguir interponiendo juicios de amparo y diversos recursos en contra de dicha ley". También declararon que se opondrán "a la elaboración y aprobación de leyes locales en materia indígena, pues, mientras la reciente reforma constitucional esté vigente, toda disposición legal que dimane de la misma, fortalece y refrenda su carácter retrógrada y racista".

De las razones que llevaron a la clase política en su conjunto a aprobar la ley, los indígenas reunidos el pasado 29 de septiembre en Tuxpan afirmaron: "la ley aprobada obedece a los intereses económicos y políticos que impulsan el proyecto de globalización neoliberal y que, encarnados en lo que se conoce como Plan Puebla-Panamá, pretenden la privatización de nuestras tierras y territorios, la apropiación de nuestros recursos naturales, y la destrucción de nuestras antiguas culturas".

Precisamente para analizar los impactos sociales y económicos del Plan Puebla-Panamá (PPP) se reunieron en Jáltipan, Veracruz, organizaciones de los cinco estados que conforman el Istmo de Tehuantepec, los días 22 y 23 de septiembre. Convocada por organizaciones indígenas como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, (UNOSJO), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y Xi'Nich de Chiapas, y asociaciones como la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) o el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, en la reunión se prepararon estrategias para una resistencia común y se delinearon propuestas alternativas al plan gubernamental.

Como en el caso de la ley indigenista, contra el ppp existe una objeción fundamental: la imposición autoritaria del proyecto. La Declaración de Jáltipan dice: "Desde hace unos meses los periódicos y los funcionarios del gobierno hablan del Plan Puebla-Panamá. Los pueblos indígenas y la población que habitamos en los nueve estados de la República mexicana donde se ejecutará este programa no hemos sido consultados...Los programas que han hecho públicos el Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno no toman en cuenta la situación y la urgente necesidad y las propuestas que han hecho nuestras gentes".

No es casualidad que esta reunión se haya celebrado en Jáltipan. Este pueblo contó por algún tiempo con los salarios que pagó la Azufrera Panamericana, pero hoy, cuando la planta está abandonada y sus recursos mermados, no ha salido de la pobreza y enfrenta una contaminación peligrosa derivada de los deshechos tóxicos abandonados por la empresa. Los habitantes de Jáltipan y los de muchas regiones del Istmo saben lo que pueden esconder las promesas con las que se anuncia el ppp y declaran: "coincidimos en señalar que lo que se ha llamado progreso o desarrollo, ha significado para nuestros pueblos y comunidades explotación, despojo y saqueo de los recursos naturales y contaminación".

Así la "consulta seria" que exige la Declaración de Jáltipan más que un oposición necia es una manera de garantizar que el Plan considere tres puntos mínimos: "i. Un desarrollo rural sustentable, justo y equitativo, que promueva la soberanía alimentaria y el empleo rural. Planes y programas que no pongan en riesgo la biodiversidad y los sistemas alimentarios, ii. Apoyo real a un programa de desarrollo agroindustrial que dé prioridad a la consolidación del mercado interno, y tenga como objetivo el mejorar los niveles de vida de las familias campesinas e indígenas y iii. La ejecución de un Programa de Inversiones para crear y mejorar la infraestructura rural con amplia participación local".

Una de las tareas derivadas de la reunión de Jáltipan fue constituir una coordinadora regional del Istmo basada en comités locales de información, que permita la comunicación entre pueblos sobre los proyectos del gobierno y empresas, y se genere conciencia de la importancia de participar en los programas de desarrollo "dando prioridad a las necesidades de las comunidades, la cultura campesina y la identidad indígena".

También es digna de mención la reunión que sostuvo el Enlace Estatal de Organizaciones Indígenas y Derechos Humanos de Puebla que convocó a 16 organismos en Cuetzalan, el pasado 28 de septiembre. El punto de acuerdo central fue el "rechazo absoluto a la supuesta Consulta Pública sobre Derechos y Cultura Indígena que promueve el gobierno del estado en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista (INI)".

Las organizaciones poblanas tomaron esta decisión considerando que la reforma estatal que se quiere consultar no tiene mayor alcance que la reforma federal que significó "una traición a los Acuerdos de San Andrés al desconocer la iniciativa elaborada por la Cocopa". Además la consulta se pretende realizar sólo en la parte norte del estado, dejando de lado a los pueblos mixteco, mazateco, popoloca y tepehua, que habitan en el sur y se realiza en tiempos preelectorales. El INI y las autoridades poblanas pretenden realizar la consulta para la legislación local, que se negaron a hacer para la reforma constitucional y quieren hacerla de manera amañada.