LUNES Ť 22 Ť OCTUBRE Ť 2001 Ť
Ť Se implica a funcionarios que trabajaron en dependencias entre 1999-2000
Interpuso Secodam este año 28 denuncias penales por hechos que ''entrañan corrupción''
Ť Detectó casos de fraude, desvío de recursos, uso indebido del servicio público, entre otros
JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
Por hechos delictivos ''que de una u otra forma entrañan corrupción'', la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) ha interpuesto este año 28 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), de las cuales ninguna ha sido resuelta definitivamente, indican informes de la dependencia.
Precisan que la secretaría ''ha establecido una comunicación permanente con el Ministerio Público Federal, así como con aquellos que resultaron afectados por la comisión de ilícitos, procurando siempre brindar la participación que les compete'', con el propósito ''de impulsar diversas fases del procedimiento penal'', como las averiguaciones previas, procesos, recursos y juicios de amparo.
Los informes apuntan: ''A todas las etapas se les da un seguimiento minucioso junto con los procesos necesarios para su fortalecimiento, incluso lograr la ejecución de sentencias, de suerte tal que se han obtenido avances significativos en esta materia''. Pero la procuración de justicia es generalmente lenta y este año, de acuerdo con informes de la Secodam, se han obtenido 18 sentencias condenatorias (pero de procesos comenzados en el sexenio pasado) en las cuales se implica a nueve servidores públicos y nueve particulares.
Los reportes indican que ''las conductas delictivas, motivo de las sentencias penales'' obtenidas a partir del seguimiento a procesos que empezaron en el sexenio pasado, son cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, fraude, ejercicio abusivo de funciones y mal uso del servicio público.
Los dictámenes de las 18 sentencias condenatorias ''implican multas por 392 mil 153 pesos, con reparación de los daños por 246 millones de pesos, privación de la libertad e inhabilitación para desempeñar cargo en el servicio público que va de cuatro meses a nueve años''.
Las denuncias interpuestas durante esta administración, en las que se presume la presencia de actos delictivos relacionados con actividades de corrupción, abarcan generalmente el periodo de 1999 y 2000.
Los funcionarios implicados en ellas han laborado en diversas dependencias y organismos del sector público. Figuran la Policía Federal Preventiva, cuando este cuerpo formaba parte de la Secretaría de Gobernación; la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en la que se detectó un desvío de 752 mil 540 pesos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se hizo ''un pago indebido'' de casi 14 millones de pesos en esos dos años.
También se encuentran la Secretaría de Turismo, cuando su titular era Oscar Espinosa Villarreal, por desvío de recursos y uso indebido del servicio público; Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, por ''el otorgamiento indebido de diversos contratos de prestación de servicio a la edición e impresión de la revista La Corazonada, por 55.7 millones de pesos''.
La Secodam presentó una denuncia por una operación presumiblemente fraudulenta en Nacional Financiera (Nafin), la cual fue explicada así por el titular Francisco Barrio Terrazas: ''Se hizo una operación de apoyo con crédito, mediante la compra de papel comercial de una empresa privada, en la que Nafin recibió algunos de los bienes de la empresa en garantía, los cuales fueron entregados a un fideicomiso constituido ante una de las instituciones de la banca de fomento. A la hora de hacer efectivas esas garantías se encontró que ya no existían. Habían sido entregadas a otra institución bancaria y consideramos que esto puede constituir una situación fraudulenta''.