LUNES Ť 22 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Presenta iniciativa
Propone el PRD reformar la ley de educación
ROBERTO GARDUÑO
La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Educación, con el propósito de alcanzar la integridad del sistema de enseñanza básica, consolidar el federalismo estableciendo las atribuciones que tocan a la Federación y a los estados, e integrar los sistemas de formación, actualización docente y de evaluación.
El documento, elaborado por el diputado Ramón León Morales, considera que en la Ley General de Educación vigente no existe la claridad necesaria para alcanzar el derecho a la educación y garantizar la responsabilidad del Estado frente a esa obligación, "pues al tiempo que se concibe la educación como un derecho ciudadano también se le considera como un servicio, lo cual genera en los ciudadanos demandantes y beneficiarios confusiones jurídicas. Para evitar esta ambigüedad se propone modificar el artículo tercero de la ley mencionada, a fin de establecerlo como un derecho pleno y en concordancia con lo establecido constitucionalmente".
Los cambios a la Constitución
La iniciativa del perredista propone que en el artículo tercero de la Constitución general de la República se establezca que "el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación para que toda la población pueda cursar la educación básica, la cual comprende la educación prescolar, la primaria y la secundaria en sus diferentes tipos y modalidades. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y de la concurrencia".
En el artículo cuarto el legislador propone establecer que todos los habitantes del país deberán cursar la educación básica. ''Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación básica."
Por lo que toca al financiamiento a la educación, la propuesta refiere que el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingreso y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos, el cual, en su monto anual, no será menor al ocho por ciento del PIB del país.
A su vez, será obligación de la SEP establecer una contraloría social de educación que vigile, dé seguimiento y evalúe el ejercicio del gasto educativo anual. Este organismo de control se integrará de manera paritaria con propuestas de la secretaría (SEP) y de las fracciones parlamentarias que concurran en la Cámara de Diputados, así como con personalidades de la sociedad civil y ciudadanos de prestigio moral e intelectual.
Por lo que toca a la evaluación, también corresponderá a la Secretaría de Educación Pública instalar un sistema que analice la enseñanza en el ámbito nacional, sin perjuicio de las autoridades educativas locales. "La secretaría establecerá un sistema nacional de evaluación con carácter descentralizado, con el propósito de garantizar el fortalecimiento del sistema educativo nacional", plantea la propuesta del legislador perredista.