Ť No le tenemos confianza a la PGR, dice Edgar Cortés

Pronunciamiento de Fox y el gobierno, espera el Centro Pro

Ť Es el momento de reforzar nuestro trabajo; existe temor pero hay que sobreponerse a él, afirma el activista

VICTOR BALLINAS

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortés, manifestó ayer a este diario que espera que el presidente de la República, Vicente Fox, y el gobierno ''condenen el asesinato de la abogada Digna Ochoa y se comprometan de manera pública a investigar y sancionar a los responsables''.

Asimismo, resaltó que la mencionada organización no gubernamental estaría en desacuerdo con que la investigación del crimen de la litigante veracruzana sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), ''porque a esa institución no le tenemos confianza''.

Este es momento, agregó el sacerdote jesuita que dirige el Centro Pro, de ''reforzar nuestro trabajo e impedir que se cierren espacios. Hay temor, pero hay que sobreponerse a él y continuar con la defensa de los derechos humanos''.

Dolido por la pérdida de Ochoa, indignado por los constantes ataques a los defensores de derechos humanos y teniendo en mente las amenazas de que el centro que dirige ha sido objeto desde 1995, sostiene que ''es momento de que el presidente Fox asuma su compromiso en favor de los derechos humanos y haga un pronunciamiento público al respecto. Con ello se vería que está en contra de la impunidad y ese sería el mensaje a los autores del crimen'', sostiene.

-¿Que espera el Centro Pro que haga el gobierno?

-Esperamos que haga lo que no ha hecho hasta ahora: un pronunciamiento público del presidente Vidente Fox de condena y reprobación por el asesinato de la defensora de derechos humanos, la abogada Digna Ochoa, y que haga el compromiso de colaboración en términos del desarrollo de la investigación. Al mismo tiempo es necesario que el jefe del Ejecutivo federal haga un pronunciamiento a la opinión pública sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos y traduzca en acciones y políticas públicas la declaración de los activistas de la Organización de las Naciones Unidas.

-A partir de este asesinato ¿considera que se incrementa la inseguridad de los miembros de las ONG?

-Creo que los defensores de los derechos humanos, y en particular nosotros, hemos sido y somos muy conscientes del riesgo que implica este quehacer. Parte del riesgo es que afectas intereses políticos, institucionales, económicos y que esos poderes no están en nosotros controlarlos, muchas veces se mueven en la oscuridad y en la clandestinidad. El hecho de que se actualice con el asesinato de Digna Ochoa sin duda es un impacto mayor en nosotros. Tenemos que asumir de manera responsable acciones de nuestra seguridad y demandar como se está haciendo, a una sola voz, que haya una investigación y un esclarecimiento de los hechos e insistir en que la amenaza mayor para nosotros es la impunidad.

-¿Este asesinato los impulsa a seguir trabajando, o es momento de hacer un alto y reflexionar?

-Las condiciones para poder desarrollar nuestro trabajo históricamente se han ido construyendo gracias a la tenacidad, perseverancia y capacidad de abrir espacios de parte de las organizaciones no gubernamentales; por ello creo que este momento del homicidio de Digna Ochoa es propicio para hacer un renovado esfuerzo, no sólo para que no se cierren los espacios, sino para que se amplíen. Sin duda en este momento todos estamos apenas asimilando el hecho, y sería mentirte si te dijera que no hay temor, por supuesto que lo hay, pero creo que lo que hemos tratado también es de ser muy responsables y aprender a manejarlo.

-¿Qué esperaban de este gobierno?

-Que hubiera acciones y compromisos claros en varios temas, uno de ellos, en derechos indígenas; ahí hubo condiciones que apuntaban a que podría tener un resultado positivo el proceso; haber llegado a una ley de derechos y cultura indígenas consensuada; también, que se fuera construyendo un paquete de reformas legislativas en varios temas, como el Código Penal. Ahí queríamos ver que se iniciara un proceso de reformas para cerrar cualquier posibilidad a que la confesión obtenida bajo tortura en ninguna circunstancia se aceptara como prueba; que hubiera un planteamiento de modificación del sistema de justicia penal, incluso más ambicioso; yo creo que hay en México la necesidad de abandonar el sistema actual de justicia penal, que es un sistema inquisitorio, y esperábamos también una propuesta de modificación radical de la instituciones de procuración de justicia.

-¿Cuál es su principal obstáculo?

-La impunidad. Por ello esperamos que haya un signo claro de compromiso, contundente e indudable del presidente Fox de condena a este crimen, y de que se investigará y sancionará a los responsables del homicidio.

''Pero es claro que eso tendría que pasar por los hechos concretos, no puede quedarse en meras declaraciones, que es lo que hemos encontrado. Hasta ahora ha habido silencio del gobierno, con excepción de Mariclaire Acosta (subsecretaria de Relaciones Exteriores), quien estuvo en la agencia funeraria'', explicó.

-¿Aceptarían ustedes que la PGR atraiga el caso?

-No. He sabido por algunos medios de comunicación que la PGR podría atraer el caso, y desde el Centro Miguel Agustín Pro diría que estaríamos en total desacuerdo con ello. La razón es simple: le tenemos desconfianza a esa institución. ¿Por qué? Porque en el pasado recibió la averiguación previa por amenazas anteriores y en mayo de este año nos notificó que la mandaban al archivo, porque no había elementos para investigar.