LUNES Ť 22 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Demandan castigar a los homicidas de Digna Ochoa

Desterrar la impunidad, exigen CNDH y Amnistía Internacional

Ť El crimen, agresión frontal contra defensores de derechos

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó ayer de manera enérgica el asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido, y lo consideró ''una agresión frontal e inadmisible contra todos los defensores de derechos humanos y de quienes buscan impulsar el avance de la justicia y el imperio de la legalidad en el país''.

Este órgano reclamó a las autoridades competentes realizar una investigación profunda y sancionar a los responsables, ''pues mientras permanezcan impunes los autores de este crimen habrá de proyectarse una ominosa sombra de amenaza, no sólo contra los defensores de derechos humanos, sino contra todas las personas que defienden la ley y el derecho''.

Demandó asimismo que sea la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la que investigue el caso, y que éste no sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), en virtud de que uno de los asuntos que atendía directamente la abogada Ochoa tiene que ver con los hermanos Cerezo, acusados por el Ministerio Público federal a raíz del estallido de algunos petardos en sucursales bancarias.

La CNDH insistió en que se investiguen todas y cada una de las amenazas recibidas por la activista.

Impunidad, factor clave en esta tragedia

A través de un comunicado de prensa, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irena Khan, aseveró: ''La impunidad de que han gozado hasta hoy los responsables de amenazas y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos es un factor clave en esta última tragedia''.

Agregó: ''La incapacidad de las autoridades -anteriores y actuales- de llevar a cabo las investigaciones debidas y de procesar y castigar a los responsables de estos ataques, amenazas y hostigamiento contra activistas ha generado un clima en que los autores de estos crímenes se sienten seguros de que sus delitos quedarán impunes. Esta impunidad es una amenaza continua y permanente contra los defensores de derechos humanos''.

Este asesinato, subrayó la secretaria general de Amnistía Internacional, ''debería haberse evitado si las autoridades mexicanas hubieran cumplido con su responsabilidad de investigar las amenazas y los ataques sufridos tanto por Digna Ochoa como por miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez durante el transcurso de varios años, y se hubiera asegurado de que los responsables comparecieran ante la justicia''.

Agregó: ''Es el momento de convertir las expresiones públicas del gobierno mexicano en cambios reales para todos los que están trabajando en favor de los derechos humanos en México. Ese es el desafío fundamental como primer paso para asegurar la justicia y el fin de la impunidad. La procuraduría tiene que garantizar una investigación expedita, imparcial y profunda''.

Khan advirtió: ''La protección de los defensores no se resuelve sólo con chalecos antibalas ni guadaespaldas, sino con medidas enérgicas para combatir la impunidad''.

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington, pidió al gobierno mexicano un compromiso real para que se investigue este hecho y se sancione a los asesinos. ''Sólo cuando el gobierno encuentre y castigue a los responsables podremos hablar de justicia para Digna Ochoa y sus familiares, así como de seguridad para los miembros del Centro Pro'', agrega.

Asimismo, dicho centro aseveró que la abogada Ochoa ''es otra víctima de la ola de violencia a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos'' en México y la región latinoamericana. ''La impunidad reinante que tipifica la crítica situación de los activistas garantiza la perpetuación de los crímenes'', advierte.

En tanto, la Comisión Colombiana de Juristas, tras condenar el asesinato de Digna Ochoa y manifestar solidaridad con el Centro Pro, llamó al gobierno mexicano a brindar las garantías necesarias y que se tomen todas las medidas para brindar protección a quienes luchan en favor de los derechos humanos.

El organismo envió una comunicación a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Mariclaire Acosta, por medio de la cual condena el asesinato y manifiesta preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos en México.