Mientras siguen llegando manifiestos de organismos y personalidades de México y del exterior para condenar la infame ejecución de la abogada Digna Ochoa y exigir el inmediato esclarecimiento del crimen, no puede dejar de sorprender que pasaran más de 24 horas del asesinato para que se rompiera, con un comunicado, el silencio por parte de la Secretaría de Gobernación, pero no se tienen aún palabras expresas y precisas del Presidente de la República. 

Estamos ante una ejecución criminal dirigida, en la persona de Digna Ochoa, contra todos los defensores de los derechos y las libertades de los mexicanos. El asesinato de una destacada defensora de presos y perseguidos políticos y sociales tiene un significado diferente al de los varios crímenes políticos aún no esclarecidos del pasado reciente. En medio de una ofensiva general contra los derechos y las libertades de los ciudadanos desatada en muchos países, empezando por Estados Unidos, este asesinato en México, quienquiera lo haya realizado, está dirigido a crear un clima de temor contra quienes persisten en defender libertades y derechos para todos y el estricto respeto de las normas jurídicas en nuestro país.

Están también directamente amenazadas las abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora, que con determinación y valentía ejemplares han continuado su labor de defensoría. Ellas y sus familiares deben recibir protección y apoyo de las autoridades correspondientes, así como la solidaridad de sus colegas profesionales.

Es urgente ubicar y castigar a los asesinos y poner al descubierto a sus cómplices y mandantes. No pueden repetirse casos como el de la abogada Norma Corona, cuyo asesinato continúa impune. Está en juego la responsabilidad de las autoridades federales y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Precisamente cuando la incertidumbre y el miedo amenazan con apoderarse del imaginario de millones de personas, cuando la inmediatez limita los espacios de reflexión, cuando la muerte se disfraza de justicia, es necesario hacer una pausa para pensar con claridad sobre las causas, los porqués de la violencia y el odio que atestiguamos.

Algunas de las mentes más sensatas del mundo han llamado la atención sobre las principales razones que han dado pie a la escalada de conflictos que hoy enfrenta la humanidad: la enorme desigualdad económica, la injusticia social y la pobreza que azota a millones de seres humanos.

Carlos Fuentes ha sumado su voz a las de Noam Chomsky, Susan Sontag, John LeCarré, James Petras o el filósofo alemán Jurgen Habermas, y a la de una larga lista de gente pensante y bien informada que coincide en que la raíz de los problemas de violencia está en el desorden económico mundial, y en que es necesario unir esfuerzos para transformar el actual escenario de injusticia y encaminar el mundo hacia un nuevo orden internacional.

Con toda razón Fuentes pregunta si ha llegado el momento para aceptar que los fundamentalismos --tanto de Estados Unidos como de los islamitas-- son, finalmente, producto de un mundo muy injusto, de riqueza mal distribuida, en el que se emplean miles de millones de dólares en vanidades y belicismo y se dejan de lado las necesidades básicas de por lo menos la mitad de la población mundial. Y advierte con el mejor español que si no se instaura una cultura humanista, cuya base sea la sociedad civil, "este mundo tiene todas las trazas de que se lo lleve la chingada".

Nadie que presuma de sensatez puede pensar que las acciones militares de Estados Unidos son un acto de justicia y, mucho menos, que con ellas se esté bosquejando un escenario de paz y libertad. Mientras no se atienda el problema de la pobreza y la desigualdad, la violencia seguirá siendo un lamentable indicador del desorden económico mundial. Así lo han entendido en Berkley, California, donde la mayoría de la comunidad se ha manifestado en contra de la guerra.

Sin embargo, el presidente Bush declaró ayer, en la primera jornada de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que su guerra contra el terrorismo es también contra aquellos que han atentado contra la economía mundial. Bush pretende poner la guerra al servicio de un modelo hegemónico de economía, que en mucho ha sido el causante del ensanchamiento de la brecha que separa a ricos de pobres.

Si bien los ataques del 11 de septiembre acertaron contra un símbolo del poder financiero de Estados Unidos, resulta absurdo equiparar a terroristas con los detractores de un sistema económico mundial que, como los mencionados en párrafos anteriores, lo consideran una fuente generadora de injusticias y que, más que criticar a la globalización, han puesto de relieve las consecuencias de la inequitativa distribución de la riqueza.

Bush parece no comprender que el sistema económico que con tanto ahínco defiende se está topando de frente con los escarpados muros del hambre y la pobreza. Una cosa es el combate al terrorismo y otra muy diferente es la defensa de un modelo económico ad hoc a los intereses estadunidenses.