Distinguida directora: Por instrucciones del embajador de México en Colombia, Luis Ortiz Monasterio, me permito con todo respeto referirme a la carta publicada el 15 de octubre en El Correo Ilustrado, intitulada "Tortuosos trámites para visas en embajada de México en Colombia", en la que el señor Angel María Buitrago hace aseveraciones carentes de fundamento, que hacen necesaria una aclaración.

Afirma el señor Buitrago que "la situación de entrega de visas para los colombianos que desean visitar México se ha convertido en una tarea más que tortuosa por la cantidad de documentos que se exigen".

Sobre el particular, le informo que los documentos solicitados para una visa de turismo son: carta de trabajo, extractos bancarios y/o tarjetas de crédito del interesado, así como el pasaje de avión ida/vuelta. No escapará a su atención que dichos requisitos lejos de ser "tortuosos" son los mínimamente necesarios para acreditar que una persona, de cualquier nacionalidad, que desea viajar para pasear en otro país, debe presentar para comprobar que tiene la estabilidad laboral y la solvencia económica suficientes como para realizar ese tipo de viajes.

En adición, en el caso de México tales requisitos se exigen por igual a prácticamente todos los nacionales de países con los que no se tiene acuerdo de supresión de visas, bajo determinación expresa de la Secretaría de Gobernación, máxima autoridad nacional en materia migratoria.

Sobra decir que, en ejercicio de nuestra soberanía, en ningún caso, ni la Secretaría de Gobernación, ni las distintas misiones de México en el exterior, entre las cuales la embajada en Colombia no es la excepción, exigen a los solicitantes tener una visa de cualquier otro país como requisito previo para conceder la mexicana. Por tal motivo, resulta irresponsable la afirmación del señor Buitrago en el sentido de que esta embajada "notificó a ciudadanos colombianos a quienes ya se les había otorgado su visa de turistas que la misma había sido cancelada... (porque) se debe contar también con la visa de Estados Unidos". Invito al señor Buitrago a que compruebe ese hecho, ofreciendo el comunicado de la embajada o las visas canceladas.

En cuanto a los plazos de trámites de visa en esta representación, me permito hacer de su conocimiento que son de máximo ocho días naturales, periodo que difícilmente puede considerarse excesivo, si se toma en cuenta la cantidad de solicitudes que recibe a diario la misión (un promedio de 150). No obstante que el lapso es razonable desde cualquier punto de vista, nuestra sección consular invariablemente informa a los interesados que si tienen alguna emergencia que les obligue a viajar al exterior, pueden retirar su pasaporte en el momento necesario y devolverlo a su regreso para continuar con el trámite de la visa mexicana.

Por último, ya que el denunciante no desea proporcionar los datos de los supuestos parientes afectados, nos es imposible aclarar lo sucedido en ese caso particular, pero de antemano estamos en condiciones de asegurar que su trámite no pudo haber sufrido de retrasos o exigencias injustificadas.

El agregado cultural y de prensa, Eduardo Cruz Vázquez

Alertan sobre planes bélicos de EU para América Latina

Señora directora: Le solicitamos atentamente la publicación de la siguiente carta:

Paralela a la guerra de EU en Afganistán, se inicia ya una guerra en América. El Departamento de Estado y el Pentágono ubicaron de su estrategia antiterrorista a Colombia y a Perú.

Con preocupación escuchamos a los funcionarios del gobierno de George W. Bush decir que Estados Unidos usará todos los elementos bajo su poder: cooperación policial, intercambio de inteligencia, herramientas financieras y poder militar --como lo está haciendo en Afganistán--, para combatir el terrorismo en Colombia y Perú.

No son nuevos los rumores de una intervención en Colombia por parte del gobierno de Estados Unidos: hemos escuchado de posibles intervenciones desde hace varias décadas, incluso para acabar con el cártel de Medellín, el antiguo alcalde de Nueva York sugirió bombardear la ciudad de Medellín.

En los dos últimos años, amparados en la lucha contra el narcotráfico, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han desarrollado el Plan Colombia, una estrategia de más de 7 mil millones de dólares. Un plan que tiene un componente fundamental de carácter militarista y que relega a un mínimo los proyectos sociales, educativos y ecológicos.

Antes del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (UAC) integraban la lista de organizaciones terroristas difundida por el gobierno estadunidense, lista que no discrimina en ningún caso la lucha insurgente de las acciones propiamente terroristas.

Con todo lo que cambió a partir de aquella fecha, el gobierno de Bush en su cruzada por acabar con el terrorismo en el mundo se propone ahora iniciar una lucha contraterrorista en Colombia, de dimensiones similares a la cruzada en Afganistán, que rechazamos porque significaría la barbarie y más terror del que ya de por sí está viviendo la sociedad colombiana. No se puede apagar un fuego con más fuego, como no se acabará esa guerra en Colombia bombardeándola.

Lo que se propone es una intervención que desconoce un proceso de paz en el que además del gobierno y las organizaciones insurgentes participan diversas organizaciones sociales colombianas. Incluso existe un grupo de países acompañantes, entre los que se incluye México.

En Afganistán, la lucha contra los terroristas no ha respetado a los pueblos grandes o pequeños; se han perdido vidas inocentes y nunca se escucharon las múltiples voces que pedían no a los bombardeos. ¿De qué manera pretenden perseguir a los terroristas colombianos, cuando los paramilitares y los grupos guerrilleros ocupan buena parte del país? ¿Se bombardeará, ya no a Medellín para acabar con un cártel, sino a un país entero que se ha convertido en víctima de la guerra entre paramilitares, guerrillas y ejército?

Finalmente, y a diferencia de lo que piensa Francis Taylor, coordinador de la Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado: "Quien conoce América Latina sabe que hay dos verdades básicas de la vida: terrorismo y narcotráfico", Colombia y Latinoamérica significan mucho más.

Convocamos a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional para dar su voz de apoyo al proceso de paz, y un no rotundo a esta cruzada que por ahora no tiene nombre, pero que ya imaginamos qué consecuencias podría traer para todo el continente.

Tercos por la Paz. Comisión Latinoamericana por la Paz en Colombia, Sección México. Responsable: Sonia Sierra

Acotaciones al uso privado del Castillo de Chapultepec

Estimada Carmen: En la última página de La Jornada del 18 de octubre, el pie de foto de la nota de Juan Manuel Venegas sobre el próximo concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec dice: "Aunque el concierto que ofrecerá será de beneficio social, se cuestiona el uso de un espacio como el alcázar". Creo que las cosas deberían pensarse distinto. Primero: porque el problema de usar ese recinto es que se trata de un sitio público y como tal, no sabemos en calidad de qué se le está alquilando o prestando a particulares. Porque la señora de Fox no tiene un cargo público y la fundación en cuyo nombre se hace el evento es privada. Y segundo, y esto es lo realmente importante, porque hacer obras de beneficio social no es de por sí moralmente superior ni justifica cualquier cosa que se haga en su nombre, ya que la lucha contra la pobreza requiere de acciones decididas desde el Estado y no de beneficencia.

Sara Sefchovich

Aclaración de la senadora Leticia Burgos

Señora directora: El día 19 en la sección Política el reportero Renato Dávalos de su distinguido periódico La Jornada hizo referencia a mi persona en relación a la deliberación que el PRD llevó a cabo entre el CEN y legisladores en esta ciudad.

Al respecto deseo expresar que en el marco de la veracidad y objetividad que caracteriza al periódico La Jornada me permito desmentir lo que se me adjudica como mi dicho en la reunión. Ciertamente criticamos, como la mayoría de los legisladores asistentes lo hicieron, tanto los términos generales del acuerdo como el procedimiento antidemocrático que culminó con la firma del llamado "Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional", ese fatídico domingo 7 de octubre, que como era de esperarse se inició la guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Afganistán, lo que empañó el interés de colocar ese acuerdo en un primer plano.

El reportero Dávalos señaló en la nota periodística que objeté el acuerdo y particularmente el punto 9, referido a la eliminación de disposiciones discriminatorias y al avance de la igualdad efectiva de los derechos. Debo precisar que mi intervención en ningún momento estuvo dedicada al punto 9 del citado acuerdo. Jamás hable de ese tema en mi intervención.

En todo caso, debo señalar que no sólo comparto lo que se aborda en el punto 9, sino que lo considero muy general, toda vez que debería contener el qué y los cómo enfrentar de manera integral con visión de género el desafío de encarar las enormes desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales persistentes en nuestro país hacia las mujeres.

Senadora Leticia Burgos Ochoa

Respuesta del reportero

Señora directora: La senadora Burgos tiene razón. Hubo una confusión en las revelaciones que hizo uno de los asistentes a este reportero de quienes hablaron en el encuentro a puerta cerrada.

Renato Dávalos