SABADO Ť 20 Ť OCTUBRE Ť 2001

Carlos Marichal

La contra-reforma fiscal de los empresarios

Por primera vez en más de medio siglo, los diputados y senadores están discutiendo seriamente las características de una necesaria reforma fiscal. Hay numerosos grupos de trabajo legislativo que están reuniéndose regularmente y en consulta con contadores fiscales. La tarea es fundamental pues tanto en el corto como en el largo plazo, el Estado (a nivel nacional, estatal y municipal) requiere mayores recursos para cubrir la triple demanda del gasto social, el servicio de la deuda y el gasto de inversión para lograr una modernización de infraestructura básica. Sin mayores recursos públicos, México va a quedar rezagado en todos estos planos en los próximos decenios y condenado al atraso.

Inicialmente, parecía que los empresarios favorecían una reforma fiscal. Pero en realidad lo único que avalaban era un aumento del IVA, que pagaría fundamentalmente las clases populares. Las cosas se complicaron después cuando se hizo patente que había que modificar la propuesta original del gobierno. Por ello, en el momento actual, diversos grupos empresariales están abogando por una contra-reforma fiscal: es decir, en vez de aumentar los ingresos del gobierno desean reducir muchas cargas impositivas existentes al mínimo, lo que implicaría llevar al Estado mexicano a la bancarrota en un plazo corto.

ƑEn que consiste la contra-reforma fiscal? Vayamos por partes. En primer término, los empresarios, banqueros e inversores abogan por una reducción de la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), a lo que agregan múltiples propuestas para exenciones y descuentos que favorezcan a ramos particulares. Sin embargo, el gran hoyo negro del sistema fiscal mexicano es la baja recaudación por concepto del ISR, problema difícil de resolver por la larga tradición de evasión fiscal y de acuerdos políticos y administrativos que permiten que sectores e individuos que tienen fuertes ingresos no paguen en correspondencia con sus ingresos. Pagan fundamentalmente los contribuyentes cautivos: los empleados del Estado, maestros, empleados y trabajadores en nóminas de grandes y medianas empresas. Pero una vasta gama de inversionistas, rentistas y profesionales evaden sistemáticamente.

En segundo lugar, los banqueros e inversores están asustadísimos con la reciente propuesta de la Secretaría de Hacienda para gravar una pequeña porción de las ganancias en bonos o títulos públicos con vencimiento menor de tres años. Estos impuestos son absolutamente comunes en Estados Unidos, Japón, España o cualquier país avanzado. Las tasas no suelen ser altas pero producen algunos fuertes beneficios para el gobierno (y para una deseada redistribución del ingreso) en los años cuando la Bolsa va para arriba. Además, permiten fiscalizar algunas operaciones extraordinarias. Por ejemplo, aplicando un módico gravamen como el que rige en Estados Unidos, el gobierno mexicano hubiera podido obtener unos 250 millones de dólares de la reciente compra de Banamex por el Citibank. En cambio, actualmente el gobierno no recibirá nada: las ganancias enormes van completitas a los bolsillos de los dos principales dueños de Banamex, señores que tienen tanto dinero que, en el pasado, se han dedicado a comprar castillos en Francia.

En tercer lugar, hay grupos empresariales que abogan por favores fiscales específicos. Por ejemplo, las empresas multinacionales del sector automotriz han puesto a sus lobbyistas a trabajar en el Congreso para lograr la eliminación del impuesto de tenencia para automóviles nuevos. Este impuesto que pega sobre todo a los vehículos más caros es considerada una contribución justa e indispensable en toda Europa. La única ventaja de quitarla sería el promover la compra de un tercer o cuarto vehículo de lujo por parte de familias adineradas, lo que daría grandes beneficios a las compañías multinacionales. Para reemplazar la tenencia, proponen aumentar los impuestos sobre la gasolina: sin embargo, esta medida sería la más altamente inflacionaria de todas las concebibles con efectos enteramente perversos sobre la economía en su conjunto.

Por último, las cámaras de empresarios están presionando una gama amplísima de subsidios fiscales que constituyen, en su conjunto, una completa contra-reforma fiscal. Una propuesta que ha manejado un secretario de Estado ha sido la de proponer una amnistía fiscal de cerca de 100 mil millones de pesos a empresas con dificultades por la recesión internacional. En otras palabras, no quieren pagar impuestos: así de simple. Otros grupos de empresas solicitan apoyos fiscales relativamente justificados como puede ser el sector siderúrgico, o discutibles como en el sector azucarero.

Lo que se observa en su conjunto es una gran ofensiva empresarial para impedir una verdadera reforma fiscal que tuviera algunos efectos positivos. Al contrario, desean que los sectores populares carguen con la principal carga impositiva a través del IVA. Los grandes empresarios, banqueros e inversionistas en cambio, desean seguir beneficiándose de Papá Estado al obtener una gama amplia de exenciones fiscales y de subsidios fiscales.

Al parecer, no les importa que enormes masas de población vivan en la miseria y que los campesinos se mueran de hambre. En efecto, estas estrategias actualmente en marcha están alentando la injusticia fiscal y con ello una conflictividad social que puede socavar a una democracia recién estrenada.