jueves Ť 18 Ť octubre Ť 2001
Sami david
Entre acuerdo y desacuerdos
El Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, signado por las diversas fuerzas electorales y el Ejecutivo, representa una oportunidad para conciliar las diferentes ópticas que sobre el país se tiene, aunque en la práctica solamente demuestra la medida de ficción de la administración en turno.
Desde la perspectiva gubernamental pretende fortalecer el crecimiento del país para que ni los intereses de grupo ni las inercias del acontecer cotidiano suplanten lo que tiene que ser un ejercicio de amplio debate y altura de miras.
Sin embargo, inmersos en escaramuzas y autoflagelaciones, es obvio que los partidos, al igual que el gobierno federal, no han advertido los riesgos que constituye la incertidumbre de un doble discurso, sin materializar acciones concretas que repercutan directamente en el bienestar de todos. El acuerdo, considerado por algunos analistas como un rosario de buenas intenciones, indica que está en juego no sólo la credibilidad en nuestras instituciones electorales, sino la efectividad de la política como el camino más viable para hacer las cosas. La congruencia no parece ser el eje de equilibrio.
Si el cambio se dio a través del voto, fruto de la voluntad ciudadana y de todas las fuerzas políticas, es tiempo de ir más lejos, diseñando y fortaleciendo los instrumentos que sostienen y articulan la República. Revisar la viabilidad de los mecanismos que conforman el federalismo, reformar al Estado no sólo para reducirlo a su mínima expresión, o para ceder espacios a los poderes de facto y a la dictadura del mercado, sino para darle eficacia a fin de que responda a los desafíos de un país con tanto activo. La ambigüedad y la sordera a nada conducen.
La lucha de los mexicanos, con sus preferencias ideológicas a salvo, debe ser a favor de un Estado con capacidad para encauzar los esfuerzos por un desarrollo equilibrado, justo, que integre a la nación y ofrezca certidumbre. Ese sería, obviamente, el sentido de un verdadero acuerdo. No el esparcimiento de intereses particulares, basado en un discurso de ficción y que repercute en el estancamiento político.
La justicia social no puede ser dejada al libre juego de los factores del mercado. Aunque suene a pasado, es presente: el Estado mexicano, al menos en teoría, debe estar socialmente comprometido con la comunidad. Lo otro sería la abdicación ante los fueros y los privilegios.
Para empezar, la fortaleza del Poder Legislativo significa agilizar sus órganos de gobierno. Que el fiel de la balanza de las decisiones fundamentales de la República no sean los pocos, en detrimento de los muchos. En lo relativo al fortalecimiento del federalismo, al amparo de un verdadero Acuerdo Político Nacional, debe revisarse la distribución de los recursos, pero precisando las facultades de cada instancia de gobierno, a fin de preservar y defender la soberanía de los estados. No se trata de llano regateo de porcentajes de participación fiscal ni de desconcentrar la toma de decisiones. Ni de permitir actitudes injerencistas al amparo de leyes que laceran las decisiones estatales electorales, como ya ocurrió en los primeros comicios.
Antes que cifras, criterios de asignaciones. La justicia es dar trato de igual a desiguales. Y aquí conviene recordar la reforma fiscal tributaria propuesta por el Ejecutivo. Es el Congreso quien tiene la palabra, sin presiones de ninguna especie.
La realidad presente permite advertir que el desarrollo que se desea no debe estar vinculado solamente al voluntarismo de la administración federal. Hasta ahora, las decisiones tomadas desde la cúpula van en detrimento de la ciudadanía, como es el caso de la propuesta de gravar con 15 por ciento de IVA los libros, medicinas y alimentos. La estabilidad y la gobernabilidad se basan en la confianza ciudadana, en su particular dinámica y exigencia. Y descansa en la gestión del gobierno. Los ciudadanos intuyen que una buena administración de los bienes públicos y privados redunda en la eficiencia y racionalidad de los recursos. Aunque de ello todavía no da claros visos el gobierno federal.