Ť Exige órgano consultivo de la ONU a Fox dar rango constitucional al derecho a la alimentación

Desnutridos, 27 por ciento de menores de cinco años, revela encuesta nacional de nutrición

Ť En las zonas indígenas 36 por ciento de los niños padecen anemia

CAROLINA GOMEZ MENA

La desnutrición calórica-proteica "constituye una huella distintiva e irreversible de la pobreza", establece el Programa Nacional de Salud 2001-2006, en el cual se plantea que la última encuesta nacional de nutrición, realizada en 1999, arrojó que 27 por ciento de los menores de cinco años (60 por ciento superior a la prevalencia en países desarrollados) padecen anemia y 18 por ciento de este sector (alrededor de 1.5 millones) presentan talla baja debido a mala nutrición.

En las zonas indígenas la tendencia se incrementa. Treinta y seis por ciento de infantes padecen anemia y 44 por ciento tienen talla pequeña.

Pese a ello, en México aún no se toma la decisión de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, discusión que comenzó en 1993, cuando el Frente por el Derecho a la Alimentación presentó un proyecto de ley al Congreso de la Unión, recordó Alicia Carriquiriborde, representante en nuestro país de la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN, por sus siglas en inglés), órgano consultivo de la ONU.

En conferencia de prensa, en el marco del Día Mundial de la Alimentación (hoy), Martin Wolpold-Bosien, coordinador para América Central y México de la International Human Rights Organization for the Right to Feed Oneself (FIAN), instó al presidente Vicente Fox a cumplir el compromiso asumido el 4 de octubre pasado en Hamburgo, Alemania, ante diversas organizaciones no gubernamentales internacionales, de resolver las violaciones al mencionado derecho y elevarlo a rango constitucional.

Ambos representantes de las organizaciones coincidieron en que subsanar la omisión gubernamental en este renglón, además de "tener repercusiones para la imagen de México a nivel internacional, es una buena oportunidad para que el gobierno demuestre que este derecho sí es prioritario en su política".

Agregaron que consagrar este derecho en la Carta Magna situaría a México ''como un país de vanguardia". Wolpold-Bosien puntualizó que un Estado que desea establecer la democracia debe tener en cuenta que el derecho a alimentarse es fundamental. "Sin este derecho es muy difícil que la gente crea en el estado de derecho, porque cuando sufre hambre ni siquiera cree en la democracia ni en el desarrollo, porque no lo siente en el estómago", comentó.

Asimismo comentaron que desde hace más de dos años el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó a México analizar su política de salario mínimo, pues se comprobó que "ésta viola el derecho a la alimentación", ya que no cubre la compra de la canasta básica.

Organismos tanto internacionales como nacionales han detectado que el salario mínimo nacional "tiene un retraso de por lo menos tres décadas", pues se requiere que por lo menos "siete integrantes de una familia perciban un salario mínimo para adquirir la canasta básica".

De acuerdo con Wolpold-Bosien, al gobierno mexicano "no se le pide un imposible", pues aunque elevar un "700 por ciento" el salario mínimo pareciera una tarea difícil, la recomendación es que se haga de manera "progresiva".

Otro punto importante que el gobierno mexicano debe tomar en cuenta -manifestaron los especialistas- es que el país ratificó el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado internacional de la ONU mediante el cual, en virtud de sus artículos 7 y 11, cada nación firmante tiene la obligación de "respetar, proteger y garantizar" este derecho a su población.

Según los expertos, plasmar esta garantía en las constituciones ha sido una importante arma en la lucha contra el hambre, por ejemplo en Sudáfrica, nación en la que la violación de este derecho, por parte del Estado, particulares o empresarios, es llevada hasta la más alta instancia -la Corte Suprema de Justicia-, a fin de castigar el acto.

De esta forma, subrayaron, el derecho a la alimentación deja de considerarse "un deber moral de los gobiernos o un discurso de domingo para convertirse en una figura jurídica".

Finalmente, en un documento, los especialistas pidieron al jefe del Ejecutivo que intervenga en las violaciones que en esta materia se han registrado en los estados de Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua.