JUEVES Ť 11 Ť OCTUBRE Ť 2001

MEXICO S.A.

Carlos Fernández-Vega

POR UNA CASUALIDAD de la vida, el pasado 11 de septiembre, en medio del caos internacional provocado por los atentados en Estados Unidos, el secretario ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, Julio César Méndez Rubio, comparecía ante un grupo de diputados, a quienes les garantizaba que "las operaciones realizadas por el IPAB siempre han estado enmarcadas en la legalidad y la transparencia".

UN MES DESPUÉS de aquella fatídica fecha, la legalidad y transparencia presumidas por el funcionario de ese organismo público descentralizado han quedado en entredicho. "La Procuraduría General de la República amplió su línea de investigación en torno a presuntos ilícitos (cometidos) en el IPAB hacia el secretario ejecutivo de ese organismo, Julio César Méndez, quien en pocos días podría ser arraigado." (La Jornada, Israel Rodríguez J.)

COMO ES PUBLICO, Eugenio González Sierra, hasta hace unos cuantos días secretario adjunto jurídico del IPAB y designado por el propio secretario ejecutivo, fue detenido y arraigado por elementos de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) por 90 días, acusado de lavado de dinero, corrupción y extorsión. La misma circunstancia enfrenta León Alberto Schietekat Ballesteros, director de Inversiones Institucionales del Banco Nacional de Comercio Exterior. Bancomext fijó su posición mediante un comunicado de prensa (el Banco "se enteró a través de los medios de comunicación del arraigo domiciliario de un funcionario de la institución... Las conductas y actos que le imputan son estrictamente de índole personal y extralaboral... Desde el pasado martes 2 de octubre no se ha presentado a trabajar, lo cual ya ha sido reportado por el área de personal"), aunque funcionarios de la institución comentan que "no existe ningún problema, porque el personaje viene de la administración pasada".

DE ACUERDO CON EL titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos (Imagen, Carmen Aristégui), las investigaciones sobre el caso "llegarán hasta donde sea necesario". No hay que olvidar que arriba de Méndez Rubio se encuentra la Junta de Gobierno del IPAB, integrada por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez (personaje central en la toma de decisiones y el desarrollo del "salvamento" bancario y el Fobaproa en tiempos de Ernesto Zedillo); el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis Arzac (y su decidida participación en dicho "rescate" en el sexenio pasado), así como los cuatro vocales "independientes" (Alejandro Creel Cobián, Humberto Murrieta Necoechea, Adalberto Palma Gómez y Carlos Isoard y Viesca) designados por el presidente de la República en la anterior administración pública y aprobados por las dos terceras partes de los senadores, en el mismo periodo.

Y JUSTAMENTE DICHA instancia republicana deberá ser mucho más decidida en su actuar, así como en su selección y elección de los vocales "independientes" del IPAB, que de tiempo atrás han sido puestos en tela de juicio por sus presuntas vinculaciones con la banca privada y su participación en el "rescate" bancario del zedillato. Si el Senado de la República no procede en consecuencia (y, según se observa, no habría mayor interés en el tema por parte del grueso de los senadores), dichos vocales concluirían sus respectivos "encargos" con toda tranquilidad y sin complicación alguna el 31 de diciembre, pero de distintos años: Alejandro Creel Cobián en 2001; Humberto Murrieta Necoechea en 2002; Adalberto Palma Gómez en 2003 y Carlos Isoard y Viesca en 2004.

MIENTRAS LOS SENADORES, con toda la calma del mundo, ponderan la situación, es un hecho que la empresa que denunció ante la PGR los actos de extorsión que presuntamente habría cometido el secretario adjunto jurídico del IPAB, Eugenio González Sierra, y su contlapache del Bancomext, fue el Grupo Bursátil Mexicano (GBM) -originalmente casa de bolsa, circunstancia a la que regresó en diciembre de 1997-, a quien el gobierno salinista asignó en 1992 el Banco del Atlántico, como parte de la "desincorporación" de las ex sociedades nacionales de crédito. Actualmente el consejo de administración de dicho grupo lo preside Alonso de Garay Gutiérrez y sus integrantes son Francisco López Riestra, Rolando Vega Iñiguez, David Peñaloza Sandoval, Jorge Rojas Mota Velasco, Fernando Ramos González de Castilla, Diego Ramos González de Castilla, Gerardo Madrazo Gómez, Miguel Alfaro Méndez, Luis E. Pablo de Garay Gutiérrez, Fernando Rodríguez Vizcarra Saldívar, Alejandro Rojas Mota Velasco, Carlos Rojas Mota Velasco, Armando Santacruz Baca, Salvador Kalifa Assad, Aarón Sáenz Couret, Rolando Vega Sáenz, Jorge Guillermo Bátiz Guillén, Gerardo Canavati Miguel, Francisco Garza Calderón, Genaro Larrea Mota Velasco, Alfonso Madrazo Gómez, Manuel Mantecón Alvarez. Los comisarios son José Manuel Trueba Fano y Miguel Ortiz Aguilar, y los secretarios Jaime Cortés Rocha y Javier Sunderland Guerreros.

GRUPO FINANCIERO GBM fue constituido en abril de 1992, y de acuerdo con su propia información "fue conformado con el fin de agrupar el control de entidades financieras entre las que destacaban Banco del Atlántico y GBM". Pero al consorcio encabezado por Alonso de Garay el gusto le duró poco tiempo. En diciembre de 1997 firmó un convenio con el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Internacional, "para llevar a cabo el saneamiento de Banco del Atlántico y su adquisición por Bital. El "saneamiento", desde luego, se hizo con recursos públicos, toda vez que el Fobaproa asumió "prácticamente la totalidad" de las acciones del Banco del Atlántico y, desde luego, sus pasivos.

CASI CUATRO AÑOS después del acuerdo, Banco del Atlántico no se ha fusionado con Bital, institución que -en su momento- pretendió adquirir la casa de bolsa Prime, propiedad de la familia Del Valle Ruiz, quien finalmente se quedó con el Banco Internacional, en esa interminable ecuación de intereses relacionados que fue la reprivatización bancaria. El Fobaproa debió formalizar ese traspaso, pero no lo hizo, como tampoco, hasta la fecha, lo ha concretado el IPAB. A pesar de ello, GBM sostiene que desde el 20 de diciembre de 1997 "Bital ha sido el único responsable de la administración y operación de Banco del Atlántico".

ES EL VIEJO truco de nadie sabe, nadie supo, pero en la panza del Fobaproa-IPAB se registran poco más de 2 mil 100 millones de pesos en créditos relacionados que fueron otorgados por Banco del Atlántico y que, desde luego, siguen sido "administrados" por el erario.

Las rebanadas del pastel:

NO DEJE DE VER el siguiente capítulo de la telenovela El horrible caso del saneamiento bancario, en la que todo México, pasiva o activamente, participa desde 1995.

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