JUEVES Ť 11 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Parece que los ilícitos en el instituto no fueron una operación aislada, dice el fiscal

Cirugía mayor al IPAB, piden; indicios de actos ilegales en Bancomext: Reyes Orona

Ť Algunas operaciones podrían ser invalidadas si se comprueban irregularidades

ISRAEL RODRIGUEZ

Banqueros y autoridades financieras del país se manifestaron en favor de realizar una ''cirugía mayor'' dentro del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), así como redimensionar sus funciones para hacer sus operaciones más ágiles, confiables y, sobre todo, transparentes. Los representantes gubernamentales confirmaron que la investigación alcanzará a otros funcionarios del instituto y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) de ésta y la pasada administración pública.

El procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes, aseguró que tras el arraigo de Eugenio González Sierra, secretario jurídico adjunto del IPAB, y de León Alberto Schietekat, director de Inversiones del Bancomext, surgen indicios de que los ilícitos que cometieron ''no fueron una operación aislada''.

Adelantó que en breve el Presidente de la República, con la opinión favorable del Senado de la República, podría hacer nuevos nombramientos en sustitución de los actuales funcionarios del instituto.

Confirmó que Julio César Méndez, secretario ejecutivo del IPAB, será presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) dentro de las indagatorias, ya que las pesquisas continuarán.

Enfático, dijo que se requiere conocer con precisión cuántas operaciones y traslados de cartera vencida se hicieron en el IPAB de manera irregular, por lo que las investigaciones se extenderán al análisis caso por caso de las empresas que fueron beneficiadas.

Al ser entrevistado en la sede de la Asociación de Banqueros de México, Reyes Orona indicó que las investigaciones también se están extendiendo hacia el Bancomext, ya que existen indicios de que varias personas de esa institución estaban coludidas en actos ilegales. Detalló que incluso llegarán hasta altos funcionarios de la pasada administración. Consideró que algunas operaciones podrían ser invalidadas, en caso de que se compruebe que fueron realizadas por la recomendación de estos y otros funcionarios.

Comentó que para maximizar la recuperación de activos, situación que no ha ocurrido, en la semana pasada se envió al Senado de la República el proyecto de ley de procedimiento, simplificación y enajenación de activos que pretende hacer de la venta de activos y de la recuperación de cartera, un proceso ''ágil, confiable y sobre todo transparente''.

La Secretaría de Hacienda confirmó que ''los directivos de Grupo Bursátil Mexicano (GBM) presentaron una denuncia de hechos ante las autoridades judiciales para evitar un operativo de extorsión orquestado por un número todavía no determinado de servidores públicos desleales''.

Explicó que la operación que motivó el supuesto ilícito pretendía facilitar la restructuración y finiquito de un crédito contratado con un banco comercial, pese a que el asunto cumplía con todos los requisitos necesarios para su solución. Es decir, no existía impedimento legal para autorizar el desahogo del trato, por lo que no requería apoyo extraordinario. La SHCP aseveró que esta situación no tiene relación con la conclusión de las operaciones Bital-Atlántico y Promex-Bancomer.

Necesario, proteger el ahorro

Entrevistado por separado, Angel Aceves Saucedo, presidente de la Comisión Nacional de Defensa del Usuario de Servicios Financieros, reconoció que el IPAB nació con una estructura deficiente, ''producto de las presiones políticas que tuvo que soportar el PRI''. Por ello, recomendó realizar una nueva ley que implicará efectuar ''una cirugía mayor'' al organismo. Es necesario, subrayó, proteger al ahorro y aumentar la recuperación de activos.

Héctor Rangel, presidente de la Asociación de Banqueros de México, admitió en conferencia de prensa que el IPAB no ha sido eficiente ni eficaz, por lo que recomendó un rediseño del instituto por medio de la escisión en dos entidades: una que se dedique a la protección al ahorro y la otra a la venta de activos. Esta última labor podría ser realizada por el Fideliq. Aceptó que el efecto de los presuntos ilícitos de los funcionarios en cuestión podría tener un aumento en el costo del rescate bancario.

Al respecto, Rangel Domene señaló que si después de una investigación minuciosa la autoridad encuentra delitos en las diversas operaciones de restructura de adeudos, se podría invocar una nulidad de la operación. Se manifestó en favor de aplicar todo el rigor de la ley y consideró que ''es lamentable que funcionarios del IPAB hayan cometido presuntos delitos, cuando el objetivo era maximizar la recuperación de activos''.