JUEVES Ť 11 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Su hijo, Quirós Covarrubias, también está encarcelado
Ratifican auto de formal prisión a Quirós Hermosillo
Ť Un tribunal unitario consideró responsable al militar de realizar operaciones con recursos de procedencia ilegal
JESUS ARANDA
Un tribunal unitario confirmó el auto de formal prisión en contra del general de división Francisco Quirós Hermosillo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que su hijo, Ricardo Antonio Quirós Covarrubias, recibió a su vez auto de formal prisión por presunto lavado de dinero.
Este proceso judicial es independiente de la investigación que lleva en contra de Quirós Hermosillo la Procuraduría General de Justicia Militar por presuntos vínculos con el narcotráfico y violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada y por cohecho.
Después de casi 14 meses de haber sido detenido por la procuraduría militar -junto con el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien enfrenta los mismos cargos, a excepción del cohecho-, el general Quirós Hermosillo fue notificado hace unos días de la confirmación del auto de formal prisión en su contra en la cárcel del Campo Militar Número Uno, en donde se encuentra desde agosto del año pasado.
La querella contra el general Quirós, quien en su momento fue "secretariable" y ocupó hasta mediados del año pasado la Dirección de Transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la inició la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el argumento de que el militar hizo depósitos y operaciones en cuentas de cheques superiores a los ingresos obtenidos en el período 1993-2000.
El general adquirió una camioneta del narco Amado Carrillo
De acuerdo con el expediente de la causa, la culpabilidad del general la acredita también la Procuraduría Fiscal -y por ende la Procuraduría General de la República, que fue la que consignó la denuncia ante la justicia federal-, por el hecho de que Quirós adquirió una camioneta que resultó ser de Amado Carrillo, quien encabezaba el cartel de Juárez.
De acuerdo con el Código Penal en su artículo 400 bis, que sustenta la acusación contra el general, se establece una penalidad de 5 a 15 años de prisión a quien realice operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como una multa de mil a 5 mil días de salario mínimo a quien lleve a cabo operaciones financieras a sabiendas de que dichos recursos son ilícitos. Pero además, el general recibiría la mitad adicional de la penalidad por tratarse de un funcionario público, además de su inhabilitación.
En la misma causa se acusa a Ricardo Antonio Quirós Covarrubias -quien está preso en el Reclusorio Oriente- del delito de lavado de dinero. Asimismo, la autoridad le cuestiona la forma como adquirió un auto Mercedes Benz que resultó ser propiedad de una televisora a nivel nacional.
Inicialmente, un juzgado federal había declarado el auto de formal prisión en contra de los señores Quirós, pero éstos apelaron el fallo ante el tercer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, el cual finalmente ratificó la validez de la acusación.
Los antecedentes del escándalo
El 30 de agosto del año 2000, los generales Quirós y Acosta Chaparro fueron detenidos y remitidos a la prisión del Campo Militar Número Uno para ser sometidos a un proceso penal por presuntos delitos contra la salud en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento del tráfico de narcóticos y asociación delictuosa; y cohecho (en el caso de Quirós). Proceso penal que por cierto se ha desarrollado con total hermetismo ante el juez segundo militar.
La aprehensión de los generales fue ordenada por el entonces procurador militar y actual procurador general de la República, general Rafael Macedo de la Concha, quien aseguró que esa acción no manchaba a las fuerzas armadas. Adelantó que la indagación estaba abierta y no descartó la participación de más militares; aunque con el paso de los meses dejó de fluir información al respecto.
El caso Quirós y Acosta fue calificado por Macedo como el segundo asunto más importante que involucra a generales del Ejército con el narcotráfico, desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando era director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, en febrero de 1997.