JUEVES Ť11 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Antes de la expropiación debían esa cifra al erario

Erogará el gobierno más de $46 mil millones en ingenios

Ť Faltan gastos de rehabilitación con el fin de venderlos

MATILDE PEREZ, ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ

El monto parcial del costo financiero del rescate de los ingenios que pertenecieron a los grupos Escorpión, GAM, Machado y Santos representará para el gobierno federal una erogación de 46 mil millones de pesos, cifra a la que se "adjuntará" el gasto para reactivarlos con el propósito de revenderlos.

Las tarjetas informativas que las secretarías de Hacienda, Comercio, Agricultura y del Trabajo hicieron llegar a diputados de distintos partidos señalan que antes de decretarse la expropiación de dichas empresas, éstas adeudaban 46 mil millones al erario.

Sólo durante 1998-99 el gobierno federal restructuró los saldos de las deudas que 21 ingenios mantenían con el Fideicomiso Azucarero por un monto de 10 mil 579 millones de pesos, además de que recibieron una aportación de capital fresco por mil 186 millones. Incluso, las dependencias federales sabían que el costo fiscal de ese número de ingenios en el periodo 1995-99 ascendió a 8 mil 938 millones de pesos -incluyendo subsidios implícitos y explícitos-, sin sumar los adeudos no cubiertos a IMSS, Infonavit, Conagua y al sindicato nacional azucarero.

Las deudas de los grupos "rescatados" por el gobierno federal son las siguientes: Grupo Escorpión, 17 mil 945 millones de pesos; GAM, 10 mil 850 millones; Grupo Machado, 8 mil 95 millones, y Grupo Santos, 9 mil 170 millones.

Por otra parte, decenas de trabajadores de ingenios -que pernoctaron en la explanada de la Cámara de Diputados- exigieron otra vez que Enrique Ramos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y diputado de la actual Legislatura, responda por un desvío de 10 mil millones de pesos de los 15 fideicomisos que no ha liquidado desde hace una década. Al respecto, Arturo Herviz anunció que la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes, se comprometió a convocar a Ramos para que comparezca ante los trabajadores que lo señalan como defraudador.

A su vez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, José Bonilla Robles, lamentó que la Secretaría de Agricultura no tenga un programa definido para el azúcar. "Creímos que con la expropiación de los 27 ingenios el gobierno ya tenía vertebradas las siguientes acciones; apremia la solución para que haya tranquilidad en el campo cañero".

Ante la posibilidad de cambios en el decreto cañero y la aprobación de una ley para la agroindustria azucarera, el legislador expuso: "es una propuesta del PAN y tiende a destruir a las dos organizaciones cañeras más consolidadas e integrantes de las confederaciones nacionales Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR). Toda propuesta de cambio debe ser revisada junto con los agricultores".

Reiteró que a la lista de ingenios expropiados deben agregarse tres -sin decir cuáles- y que deberá encabezar el organismo gubernamental encargado de normar las actividades de la industria una persona comprometida, honesta y conocedora del tema.