En un grado nunca visto en otro conflicto bélico, las incursiones estadunidenses contra Afganistán se desarrollan al margen de la información pública y, ante la presente conflagración, la Guerra del Golfo parece un ejercicio de transparencia mediática.

Hoy, casi la totalidad de los datos que llegan a la opinión pública son emitidos por fuentes gubernamentales, de Estados Unidos en su mayor parte, y de Afganistán en un ínfimo porcentaje. Los informadores independientes han sido marginados y excluidos del conflicto y los relatos de la guerra son elaborados por los departamentos de propaganda.

La fobia del régimen talibán hacia los medios y la prensa es un hecho conocido, consustancial a la intolerancia oscurantista y a la irracionalidad extrema de los actuales gobernantes afganos, los cuales expulsaron de los territorios que controlan a prácticamente la totalidad de los periodistas. En cambio, los principios institucionales estadunidenses tendrían que garantizar, al menos en teoría, el derecho de las sociedades a informarse, a través de medios independientes, de los sucesos relevantes. Pero las razones de Estado asociadas a la crisis bélica han llevado a las autoridades de Washington a suprimir, de hecho, garantías y derechos fundamentales para el funcionamiento de la democracia. El equipo de gobierno de George W. Bush no ha vacilado en afirmar que recurrirá, en la presente confrontación, a la omisión, al ocultamiento y a la mentira -"protección de la verdad", se matizó después- como parte de las estrategias contra el talibán y contra Osama Bin Laden y su organización terrorista.

Tales circunstancias establecen un peligroso margen para la comisión de atrocidades y crímenes de guerra en la impunidad del silencio y, más grave aún, para el desarrollo de tendencias autoritarias y totalitarias que podrían revertirse contra la propia sociedad estadunidense y sus integrantes.

En medio del vasto ejercicio de violencia en curso, las ciudadanías de las naciones involucradas deben movilizarse para reclamar, por lo menos, el derecho de saber lo que está pasando. Washington ha exigido, en términos que recuerdan las prácticas mafiosas de venta de protección, el respaldo acrítico de otros gobiernos, y el nuestro, en una decisión por demás desafortunada y errónea, se lo ha otorgado. En esa medida, la sociedad mexicana se ha visto vinculada con un conflicto que debiera ser ajeno y tiene, en consecuencia, razones para reclamar información veraz y puntual y para rechazar los sucedáneos propagandísticos de la verdad.