MARTES Ť 9 Ť OCTUBRE Ť 2001
MEXICO S.A.
Ť Carlos Fernández-Vega
LA BATALLA POR EL CONTROL del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) se agudiza y adquiere tonalidades de película de Juan Orol.
COMO PARTE DE LA encarnizada "guerra" que protagonizan el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, y los cuatro vocales "independientes" del propio organismo, desde el jueves pasado entró en acción nada más y nada menos que la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), de la Procuraduría General de la República, que habría detectado una serie de ilícitos cometidos por el titular de la Secretaría Adjunta Jurídica del heredero del Fobaproa y otros funcionarios, todos ellos supervisados, supuestamente, por la enorme y costosa estructura burocrática del Instituto.
LA NUEVA TORMENTA SOBRE el cielo del IPAB tiene que ver con presuntos actos relacionados con el lavado de dinero en un paraíso fiscal europeo (al menos un millón de dólares), así como de corrupción y extorsión en contra de banqueros y servidores públicos relacionados con el Instituto, hasta el momento no identificados, en los que estarían directamente involucrados el propio titular de dicha secretaría, Eugenio González Sierra, y siete funcionarios más, todo ellos en la nómina del organismo público descentralizado, constituido en 1999.
DE ACUERDO CON INFORMES oficiales, la detención y arraigo de González Sierra (quien fue remitido a una casa de seguridad de la PGR en el Distrito Federal, de acuerdo con un despacho de Notimex, y ahí permanecerá por 90 días) fue girada el jueves pasado por Antonio Legorreta Segura, juez noveno de distrito con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México. Una vez que se actuó en contra de ese servidor público, la UEDO amplió sus pesquisas y fueron implicados otros siete funcionarios, cuyos nombres hasta el momento se desconocen. Las investigaciones continúan "para deslindar responsabilidades" en torno a los delitos que presumiblemente cometió el secretario adjunto jurídico del IPAB.
ESA ES LA HISTORIA QUE provocó la reacción "inmediata" del IPAB, que ayer lunes emitió un comunicado por medio del cual se "deslinda" de los actos ilegales que presumiblemente cometieron González Sierra y sus amigos. De acuerdo con la declaración pública del heredero del Fobaproa, "el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario resulta agraviado" con la acusación a y la detención de su secretario adjunto jurídico, por lo que exhortó a las autoridades judiciales "a que realicen las investigaciones correspondientes y apliquen las acciones que imponga la ley en caso de que lo amerite".
DE ACUERDO CON LA información del IPAB, González Sierra fue contratado como abogado interno y nombrado representante jurídico del organismo en la operación de venta de Bancrecer, misma que culminó "exitosamente" el pasado 24 de septiembre. Como abogado interno, el ahora arraigado contrató a la compañía Fénix para que se hiciera cargo de la cartera de Bancrecer, felizmente cobijada por los favores del Fobaproa.
DESDE LUEGO QUE EL principal "deslinde" proviene del secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez Rubio, quien ocupa dicha posición desde el primero de septiembre de 2000, luego de que Vicente Corta Fernández se dedicó a otros menesteres. El funcionario "lamentó el hecho y manifestó su total disposición a colaborar para deslindar responsabilidades", al tiempo que "refrendó sus principios de total apego a la legalidad y a la transparencia en la realización de las tareas que tiene encomendadas por la ley".
MÉNDEZ RUBIO PODRA HACER el mejor de sus esfuerzos para "deslindarse" de los presuntos ilícitos cometidos por González Sierra, pero en los hechos "las principales atribuciones del secretario ejecutivo del Instituto -es decir, Méndez Rubio-, de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario son administrar el IPAB, ejercer su representación legal, cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta de Gobierno y formular los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del IPAB y los requerimientos de financiamiento".
PUEDE SER QUE, INMERSOS en la batalla, enmarañados en las grillas que dominan el hacer y el decir del IPAB y su cada vez más sólida amistad y colaboración con la Procuraduría Fiscal de la Federación y su titular, el secretario ejecutivo, los vocales "independientes" (Alejandro Creel Cobián, Humberto Murrieta Necoechea, Adalberto Palma Gómez y Carlos Isoard y Viesca) y la Junta de Gobierno (Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz Martínez, Jonathan Davis y los cuatro anteriores) del Instituto no tengan tiempo suficiente para supervisar el trabajo de sus subordinados ni concluir el proceso de "desincorporación" de los bancos intervenidos, ni atender el problema de los créditos relacionados, ni aligerar la carga económica para los 100 millones de mexicanos que tienen el privilegio de pagar los platos rotos del gobierno, la banca y los banqueros.
EL ANTERIORMENTE DESCRITO es el más reciente capítulo del rescate bancario que comenzó hace casi siete años, y ninguna autoridad puede "deslindarse" de los crecientes costos para el erario nacional ni, mucho menos, de los escuálidos, por no decir nulos, resultados.
Las rebanadas del pastel:
A LA AUTORIDAD DEL CAMBIO y a los empresarios se les queman las habas por meterle el diente a las casi 26.5 millones de cuentas registradas en las distintas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que operan en el país y los miles de millones de pesos que "administrean", para sacar adelante sus proyectos de gobierno y sus golpeados negocios... Hasta el momento, que se sepa, nadie se ha tomado la molestia de consultar a los directamente involucrados, es decir, a los titulares de dichas cuentas... Y hablando de negocios, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (léase casas de bolsa) hizo pública su indignación por "la incoherencia de gravar las ganancias de capital" obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores. El gravamen a dichas ganancias, sostiene, "atenta contra el mercado mexicano de valores en su calidad de canal de financiamiento para el aparato productivo nacional y de ahorro e inversión para la población"... Así es: unos se indignan y otros ni siquiera son consultados sobre el destino de sus ahorros... Equilibrio puro, en este México del cambio.
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