Ť Fortalecer capacidad hacendaria y los rubros social y energético, otros ejes

Se busca conciliar cambio y estabilidad, dice Creel

ALONSO URRUTIA, JUAN MANUEL VENEGAS Y RENATO DAVALOS

Luego de varias semanas de discretas negociaciones, finalmente se firmó el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que incluyó una amplia gama de buenas intenciones: desde el fortalecimiento de la capacidad hacendaria hasta el perfeccionamiento del sistema político; desde la revisión integral de la política de seguridad pública hasta el compromiso de asegurar el desarrollo del sector energético.

La clase política, congregada en Palacio Nacional, escuchó la lectura del documento que hiciera el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Un acuerdo orientado por cuatro ejes: el político, el social, el económico y la inevitable inclusión de la política exterior ante el entorno internacional, que ayer mismo ensombreció el acto.

Refrendar principios de política exterior

Así, en el ámbito internacional, el acuerdo incluye ''refrendar los principios de la política exterior consagrados en la Constitución, así como promover la democracia, el respeto a los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales''.

Se añade que México colaborará en el diseño y aplicación de una política contra el terrorismo y el crimen organizado, en el contexto de los acuerdos internacionales y apegado estrictamente a los principios de la política exterior mexicana.

Creel justificó la firma del documento a partir de varias premisas. Ningún partido tiene la mayoría necesaria en los órganos de representación para decidir el desahogo de la agenda nacional, no sólo en lo referente a las reformas legislativas, sino inclusive en la definición presupuestal.

El acuerdo ''es imprescindible para lograr que nuestra democracia concilie cambio y estabilidad política, pluralidad y eficiencia gubernamental, certidumbre económica y desarrollo social'', dijo.

Creel expresó que parte fundamental del documento es encauzar las diferencias y desahogar las controversias dentro de las instituciones y los canales fijados por la Constitución.

En los considerandos se justifica el acuerdo como fórmula para que el país enfrente ''con éxito los retos planteados por el entorno internacional, caracterizado por nuevas normas, agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los estados, la desaceleración de la economía mundial y, simultáneamente, por el reconocimiento generalizado de las instituciones democráticas''.

Por lo que hace al ámbito político, el acuerdo no precisa objetivos inmediatos. Señala que se buscarán formas más eficientes de gobernabilidad acordes con la nueva realidad, que incluiría el perfeccionamiento del sistema de participación y representación política. Se habla de afianzar políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad, sobre todo en cuanto a la violación de los derechos humanos.

El documento incluye dos temas que el Ejecutivo ha pretendido impulsar: revisar el marco jurídico de los medios electrónicos, que garantice una relación transparente, y legislar en seguridad nacional.

El capítulo económico sólo enuncia voluntad para alcanzar reformas estructurales. ''Reforzar la capacidad de la hacienda pública para atender demandas sociales'', seguido del señalamiento de ''avanzar en el federalismo hacendario mediante redefinición de atribuciones y responsabilidades''.

Se incluye la promoción de políticas económicas que generan un crecimiento sostenido; políticas de largo plazo para el campo; modernización de la planta productiva y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas, así como la ampliación del papel de la banca.

En cuanto al sector energético, sólo enumera genéricamente objetivos tales como el impulso de políticas de desarrollo al sector -particularmente gas y electricidad-, preservando la rectoría del Estado y el diseño de políticas que garanticen el abasto de energéticos, y que se favorezcan la inversión y la modernización tecnológica.

Se hace referencia expresa a Pemex empresa, estableciéndose que se preservará la propiedad y conducción estatal, revisando además su régimen fiscal.

Asimismo, se prevé la ampliación del gasto social en programas para la atención de grupos vulnerables, además de que se fijarán partidas para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a los pueblos indios.

Sobre el entorno internacional se subraya que el país participará en la conformación de un sistema internacional basado en normas que promuevan la estabilidad y la cooperación y proporcione espacios de acción política y diplomática frente a otros países. Incluye la promoción de una política migratoria integral de largo plazo, que establezca condiciones adecuadas de seguridad y respeto hacia los migrantes mexicanos.

Por lo que hace al tema social, el documento incluye 14 puntos que parten del fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza, mediante una mayor inversión pública para el desarrollo.

Refiere que se canalizarán mayores recursos para la ampliación de la infraestructura de los servicios de salud y con ello asegurar la cobertura universal de los servicios básicos. Se enuncia llanamente que se fomentará el acceso universal a la educación pública, laica, gratuita y de calidad.

Punto sobresaliente es el establecimiento de un marco normativo que consolide la seguridad social y los compromisos de desarrollo, al mismo tiempo que se consigna como un objetivo el mejoramiento del sistema de pensiones.'' Se incluye la revisión de la política de seguridad pública, que abarcaría el análisis del marco normativo de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sistema penitenciario, reparación del daño y readaptación social.

Ť Comentarios variopintos de políticos y funcionarios

Murmullos de guerra, el marco para la firma del acuerdo político

Ť Fechas fatídicas y profecías le dieron sabor a la reunión

RENATO DAVALOS, ALONSO URRUTIA Y JUAN MANUEL VENEGAS

Un murmullo tenue llegó al Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, para acompañar un pacto político que vio la luz entre condicionamientos partidistas y una realidad de guerra que impuso la historia al país y al orbe.

Preparado durante meses, el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional fue firmado por el presidente Vicente Fox y los dirigentes de los partidos, entre los comentarios del secretario de Salud, Julio Frenk, en torno a la guerra bacteriológica, para la que ''México está preparado'', o aquel del gobernador zacatecano, Ricardo Monreal, en torno a los primeros mexicanos desplazados al frente de guerra en suelo afgano.

En ese ambiente provocado por el conflicto internacional, Diego Fernández de Cevallos deslizó en torno al viaje programado de Fox a Europa: ''El Congreso ya le otorgó el permiso; es una decisión de él si va. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación del Ejecutivo al respecto''.

Pero las políticas públicas no pueden detenerse con o sin guerra. El país tiene que avanzar en su tarea fundamental de contrarrestar las desigualdades y resolver sus problemas económicos, externó el coordinador senatorial panista.

Lo único que pedimos al gobierno es que se mantenga dentro de los márgenes constitucionales. Si no se puede eludir o evitar la responsabilidad debemos dar preferencia a todo lo que implique la seguridad nacional. La disposición del petróleo no está a discusión. Las decisiones a este respecto tendrán que ser soberanas, asentó.

Un grupo de gobernadores, el gabinete presidencial y los dirigentes de ocho partidos cumplieron con el ritual de un pacto político más, que hizo recordar aquél que firmaron las fuerzas políticas en los albores del zedillismo, sin mayores logros ulteriores.

Dulce María Sauri defendió su firma en el documento. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Consejo Político Nacional. Acudimos porque se contemplaron nuestras propuestas, justificó. Ahora viene la parte operativa. Hemos manifestado nuestra inconformidad frente a las deficiencias del gobierno. La suscripción de este acuerdo no limita esa posibilidad y compromiso, condicionó.

Y en el tema de la guerra, la lideresa priísta externó que esperan un apego del gobierno al texto constitucional, con la argumentación mexicana al exterior por una solución pronta y pacífica del conflicto.

Su correligionario Enrique Jackson, líder de los senadores tricolores, anticipó que hoy el Senado tratará de llegar a un acuerdo conjunto para manifestarse en torno al conflicto internacional.

El secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot, y el consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, declinaron hacer declaraciones y remitieron a los periodistas al mensaje que Fox pronunciaría más tarde en Los Pinos.

La subprocuradora María de la Luz Lima anticipaba que se trabaja con Interpol para la detección de grupos terroristas, y preludiaba el virtual sellamiento de la frontera sur. No hemos detectado ningún grupo de transgresores, dijo.

Santiago Creel fue, de nueva cuenta, presa de las coincidencias. El día de los atentados (11 de septiembre) le correspondió la comparecencia en el Congreso. Y ayer, la respuesta militar estadunidense en Afganistán.

El propio secretario de Gobernación confiaba en la disposición partidista para el aterrizaje de los distintos planteamientos que contiene el acuerdo, incluida la reforma hacendaria.

El panista Felipe Calderón aceptó los caminos por los que tendrá que transitar el pacto: el debate en el Congreso de buena parte de los temas y la búsqueda de consensos aún no alcanzados.

''El 11 del 11'' acabó la Primera Guerra Mundial, explicó el secretario Frenk a Juan Hernández, jefe de la Oficina para Mexicanos en el Extranjero, acerca del juego de números místicos y profecías que han proliferado a partir del 11 de septiembre. Un funcionario incluso recomendaría que no hubiera estado alejado de la sensatez la posposición de la firma del convenio.

El dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, confió en la resolución de la comunidad internacional para hacer frente al terrorismo. México se verá más afectado en las exportaciones, las remesas y el turismo, comentó.

El país tiene que cerrar filas en torno a la consecución de los objetivos nacionales en forma más rápida y con la mayor unidad posible. Los acontecimientos internacionales sensibilizaron a las fuerzas políticas de que el país esté sólido y unido frente a un contexto internacional muy difícil, agregó el líder panista.

En la medida en que haya unidad, abundó, ésta se convertirá en una forma para que México esté preparado para transitar por este periodo internacional tan difícil.

La lideresa nacional del PRD, Amalia García, expuso que luego de los ataques estadunidenses ese país está obligado a proteger la vida de la población civil. La posición mexicana debe ser de respaldo a que en el marco del derecho internacional, y con respeto a la población civil, se pueda sancionar a los responsables de los atentados.

La venta de petróleo a Estados Unidos, sostuvo, tiene que ser en el marco del interés nacional y en función de decisiones e intereses propios.

Felipe de Jesús Preciado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, refrendó la vigilancia de los puestos fronterizos y de las terminales aeroportuarias. Con las autoridades migratorias y estadunidenses ''hemos tenido un contacto más o menos permanente, básicamente de intercambio de información''.

Carlos Abascal, responsable del Trabajo, opinó: ''Vamos a ver qué sentido toman las acciones estadunidenses y cómo afectan su propia economía y la mexicana.

Y así, los murmullos de guerra acompañaron la firma del acuerdo en Palacio Nacional.