Ť Alerta de defensores de garantías civiles por restricciones impuestas tras los atentados
La "nueva" guerra antiterrorista de Estados Unidos se vuelve contra los inmigrantes
Ť Oleada de propuestas legislativas que podrían anular derechos básicos de extranjeros
JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES
Washington y Nueva York, 5 de octubre. La "nueva guerra" contra el terrorismo declarada por Estados Unidos amenaza en convertirse también en una guerra contra los inmigrantes, advierten varios defensores de derechos civiles, alarmados por medidas de seguridad y propuestas antinmigrantes impuestas tras los ataques de septiembre.
Un frente de este aspecto de la "nueva guerra" es el acuerdo tentativo entre el Congreso y el gobierno de George W. Bush sobre un nuevo paquete de leyes antiterroristas, entre las que hay medidas que facilitarán el poder del procurador general de anular a los inmigrantes derechos constitucionales básicos de que gozan ciudadanos estadunidenses.
Si son aprobadas, las nuevas medidas legislativas ampliarán en gran medida la facultad del gobierno de detener a inmigrantes bajo sospecha de estar vinculados con una categoría vagamente definida de "terrorismo".
"Uno ni siquiera tiene que comprobar culpabilidad para que alguien pueda ser detenido indefinidamente por el procurador general", comentó Laura Murphy, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al evaluar estas propuestas. "¿Qué estamos intentando hacer? ¿De veras vamos a luchar contra el terrorismo, o estamos utilizando esto como nación para relajar la aplicación de los procesos legales establecidos?", se preguntó.
Algunos legisladores desean aún más medidas de control sobre los inmigrantes. La senadora Dianne Feinstein ha propuesto un proyecto que prohibiría al gobierno federal emitir más visas nuevas a estudiantes extranjeros por un periodo de seis meses. Si esta medida es aprobada, afectará a unos 500 mil estudiantes, según expertos. Por otro lado, el representante republicano Tom Tancredo dice que tiene la intención de promover una medida para suspender la inmigración a este país durante un periodo de seis meses, a fin de ofrecer al Servicio de Inmigración y Naturalización "tiempo para detenerse y levantar inventario de lo que está haciendo".
El representante republicano Bob Barr, una de las figuras más antinmigrante del Congreso, promueve la idea de una ley para establecer el requisito de una tarjeta de identificación nacional, con todo y huella digital, para cualquier inmigrante que ingrese en Estados Unidos, y que de manera obligatoria los inmigrantes la presenten en cualquier momento para comprobar su calidad legal.
Aunque muchas de estas iniciativas promovidas en lo individual
no tienen gran probabilidad de convertirse en ley, varios abogados especializados
en asuntos migratorios comentaron a La Jornada que han visto más
iniciativas antinmigrante en esta semana que en las últimas dos
décadas.
Este tipo de iniciativas, dentro del nuevo clima después
del 11 de septiembre, no sólo cuentan con el apoyo de los conservadores
u otros personajes que siempre se han manifestado contra la política
migratoria actual, sino con temerosas voces de varios sectores. No ayuda
que todos los sospechosos de los ataques del 11 de septiembre hayan sido
casi exclusivamente inmigrantes. Por ejemplo, incluso algunos abogados
de derechos humanos han comentado a La Jornada, en privado, que
podrían estar dispuestos a aceptar la necesidad de detenciones masivas
de ciertas categorías de inmigrantes por un periodo breve, si eso
permitiera establecer un clima de mayor seguridad en este tiempo de tensiones.
Pero las alarmas suenan para otros abogados. Jeanne Butterfield, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración expresó su temor de que esta guerra contra el terrorismo pudiera convertirse en una guerra contra los inmigrantes. Las actuales leyes, dijo, ya de por sí ofrecen menos protecciones legales para los inmigrantes que para ciudadanos ante las autoridades. "En el sistema de justicia criminal, los inmigrantes nunca han tenido las protecciones normalmente otorgadas a los ciudadanos", comentó.
Estados Unidos ha detenido a cientos de sospechosos supuestamente vinculados de alguna forma con los ataques del 11 de septiembre, y más de cien permanecen detenidos acusados de violaciones a las leyes migratorias. La razón, explica Butterfield, es que aun si las autoridades no cuentan con suficientes pruebas para detener a un inmigrante con cargos criminales, lo pueden hacer al buscar alguna violación técnica aplicable a ellos.
"Siempre ha existido la actitud entre las agencias de seguridad pública de que los procesos legales de inmigrantes cuentan con mucho margen de maniobra", explicó Butterfield. La nueva legislación ofrecería más poder al gobierno para detener a quienes sospecha de estar vinculados con el terrorismo. Aunque el gobierno tendría que ofrecer pruebas de que existe "causa probable" para detener a un ciudadano supuestamente vinculado con una organización terrorista, las nuevas medidas permitirían a las autoridades detener a un inmigrante mostrando sólo "bases razonables para creer" que está asociado con actividades de terrorismo ?o sea, según los abogados, un nivel legal demasiado ambiguo y débil.
Incluso conforme a la ley actual, las autoridades tienen el derecho de detener a cientos de miles de inmigrantes de algún país particular o por su origen general, solo por sospecha de que podrían tener una predisposición de cometer o apoyar actos terroristas, advierte el abogado Michael Ratner, del Centro por Derechos Constitucionales. Butterfield, quien ha trabajado en reformas de la ley migratoria durante más de dos décadas, recordó que a principios de los años ochenta empleados del Departamento de Justicia del gobierno de Ronald Reagan, revelaron que se habían elaborado planes de contingencia para arrestar a miles de extranjeros y deportarlos. "Hasta tenían cálculos de cuántas tiendas de campaña necesitarían para alojar a todos los detenidos en las redadas", dijo Butterfield. "Estoy segura de que alguien ahora está desempolvando esos planes."