Ť ''Me siento indignada y víctima de la calumnia'', expresa la promotora cultural

No existe imputación directa de haber desviado fondos del Instituto de Cultura de Morelos, sostiene Iturbe

MERRY MAC MASTERS

No obstante estar ''absolutamente tranquila" respecto de su gestión al frente del Instituto de Cultura de Morelos (ICM), del 1o. de julio de 1994 al 15 de junio de 1998, Mercedes Iturbe se dijo ''indignada" por ser ''víctima de la calumnia y la difamación", al hablar ayer en una primera rueda de prensa acerca de la resolución en su contra emitida por la Secretaría de la Contraloría de Morelos, el pasado 17 de septiembre, medinte el cual se le inhabilita por 12 años como servidor público en esa entidad y se le condena a cubrir una multa de un millón 303 mil 128 pesos con 36 centavos.

Directora del Museo del Palacio de Bellas Artes desde el 3 de marzo de este año, Iturbe dijo advertir en el asunto un ''trasfondo político, algo que me resulta inconcebible en una persona que ha dedicado su vida entera -cerca de 27 años- a la promoción de la cultura de este país en diferentes cargos". También dijo percibir ''rasgos muy lamentables de misoginia y de machismo, a los cuales las mujeres de este país todavía estamos sujetas", aunque ''hay algunas que no doblamos tan fácilmente las manos".

Al puntualizar sobre la auditoría realizada por la Contraloría, Iturbe dijo que en las observaciones (19, porque dos fueron solventadas) hechas por el estado de Morelos, ''no existe una sola en la que se me acuse de malversión de fondos, tampoco ninguna imputación directa en el sentido de haber distraído fondos del ICM en mi provecho personal". También lamentó que ''no se haya seguido el trámite correcto por parte de las autoridades morelenses para localizarme: nunca me he ocultado de nadie. Tengo 25 años de tener el mismo domicilio, que aparece en mis declaraciones patrimoniales hechas en Morelos".

La prescripción, principal alegato

Adolfo Arrioja Vizcaíno, abogado de Iturbe, dijo que en el recurso de revisión interpuesto con fecha del 3 de octubre ante la Contraloría, el primer argumento hecho valer es el de la prescripción, pues la auditoría financiera ordenada en agosto de 1998 se limita sólo a 1997, pero sólo hasta febrero de 2001 que se le intentó localizar en Prado Norte, donde tuvo sus oficinas cuando fue comisaria de cultura para la exposición universal de México en Hannover 2000. Entonces ya había transcurrido el plazo de un año que tienen las autoridades para determinar responsabilidades por el desempeño de un cargo público.

Arrioja Vizcaíno dijo que el quid del asunto estriba en el hecho de que cuando Iturbe era titular del ICM, éste era un organismo público descentralizado del gobierno del estado. Si por un lado manejaba el presupuesto asignado por la administración estatal, también tenía autonomía respecto del manejo de los ingresos propios y, por tanto, no los concentró en la Tesorería General del Estado. La mayoría de las observaciones, continuó, son de carácter técnico contable y tienen que ver con determinados lineamientos de cómo registrar los ingresos del instituto.

La multa impuesta a Iturbe, que viene de multiplicar ''más o menos por 57 mil veces el salario mínimo general diario que había en Morelos en 1997, no tiene ningún fundamento legal", ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado prevé como multa máxima ocho días de salario mínimo. Cuando se considere que las responsabilidades son mayores, entonces, se procede a la inhabilitación. Para Arrioja Vizcaíno ''se ha hecho un escándalo enorme de esto que debería ser un simple procedimiento de aclaración administrativa".