Ť Demanda de CNDH, senadores y líderes de ONG

Ejército, PGR y AGN también deben abrir sus archivos del 68

Ť El Cisen no debe ser la única fuente de información, dicen

Es necesario que se abran los archivos del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y los documentos existentes en el Archivo General de la Nación (AGN) relativos a la masacre de 1968, ''y no nada más los del Cisen, si de verdad se desea aclarar el pasado'', demandaron ayer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez, y dirigentes de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.

El ombudsman nacional resaltó que ''aunque desde julio pasado la CNDH tuvo acceso a los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional sobre los desaparecidos de la guerra sucia de los 70 y 80, no se nos comunicó la existencia de datos sobre el 68, pero será importante tener acceso tanto a ellos como a los que tengan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Archivo General de la Nación sobre los sucesos de Tlaltelolco, hace 33 años''.

Entrevistado al término de una conferencia sobre el sistema penitenciario mexicano, Soberanes precisó que desde hace casi cuatro meses la CNDH ha estado trabajando con información obtenida del Cisen sobre las décadas de los 70 y los 80, y que se continúa investigando en los 561 casos de personas desaparecidas.

Sin embargo, puntalizó que dicho informe hará una descripción de los hechos de referencia de cada persona, ''y los nombres de los que resulten involucrados en las desapariciones forzadas que se investigan, le serán entregados al Presidente de la República en sobre cerrado para el deslinde correspondiente de responsabilidades''.

Lo anterior, explicó, es debido a que ''de acuerdo con los artículos 21 y 102 constitucionales, el Ministerio Público es la única instancia facultada para investigar delitos y establecer las probables responsabilidades consecuentes''.

Soberanes destacó que ''la determinación final de responsabilidades por los casos denunciados de desaparición forzada de personas, en las décadas de los 70 y los 80, corresponderá hacerla a los jueces, y a nadie más''.

Hay que ir a fondo...

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Sadot Sánchez Carreño, consideró relevante la decisión de abrir los archivos del 68 pero, dijo, se deben incluir no sólo los del Cisen, sino de todos los organismos relacionados con la masacre estudiantil y, de manera central, los de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Igualmente, la secretaria de esa comisión senatorial, la perredista Leticia Burgos, dijo que ''genera expectativas'' el anuncio formulado el pasado martes por el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, ''pero hay que ir a fondo'' y pedir que la Sedena abra también sus expedientes.

En entrevista aparte, el senador Sánchez Carreño resaltó que ''mientras la memoria del Estado guarde algunas lagunas, no podemos tener una concepción clara del presente y sobre todo del porvenir. Enhorabuena que se abran y se desclasifiquen los documentos, no sólo del Cisen sino de todas las instituciones, incluyendo los de Sedena, para que la opinión pública tenga conocimiento de lo acontecido el 2 de octubre de 1968 y evitar así suposiciones o interpretaciones falsas''.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo asimismo que es muy saludable que la Secretaría de la Defensa dé a conocer también sus expedientes en torno a la matanza de Tlatelolco, hace 33 años.

A su vez, la perredista Burgos hizo notar que se ha hablado de la posibilidad de que Sedena presente el Libro Blanco en torno a octubre de 1968, lo que de darse sería loable, toda vez que permitiría conocer a víctimas y victimarios con toda claridad. Deploró asimismo que no haya avanzado la iniciativa para crear una comisión de la verdad.

Es una solución light

Juan Antonio Vega, secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, resaltó que el anuncio del secretario de Gobernación, Santiago Creel, sobre el Cisen es ''un primer paso''.

Lo que el gobierno y Creel Miranda están haciendo, subrayó Vega, es ''dar una solución ligth'' al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos del pasado. Es parcial lo que ha anunciado, porque para una verdadera transición política lo que se requiere es investigar, aclarar y sancionar a los que abusaron del poder y cometieron violaciones a los derechos humanos.

Insistió en que no sólo deben abrirse los archivos del Cisen sobre el movimiento estudiantil del 68, sino los del Ejército Mexicano y los de la Procuraduría General de la República, pero además ''no deben ponerse sólo a disposición de la CNDH y la PGR, sino de los familiares de desaparecidos y de las organizaciones no gubernamentales (ONG), pero lo que el titular de Gobernación quiere es una transición buena onda con los agentes del PRI que tienen responsabilidades de violaciones a derechos humanos en los regímenes anteriores''.

A su vez, Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestó la preocupación de ONG de que los documentos sobre el 68 se entreguen a las instancias mencionadas, porque ''son instituciones que no gozan de prestigio ni de la confianza ciudadana''.

En el caso específico de la CNDH, precisó, ''deja mucho que desear su actuación en el pasado. Ocultó informes a los familiares de desaparecidos y no investigó. ¿Qué van a hacer ahora?''

Y de la PGR dijo: ''Es la institución a la que le toca investigar, pero hay incertidumbre en la actuación del titular de esa dependencia, ya que como es militar de formación creemos que no va a ser fácil que investigue a sus compañeros''.

Por su parte, Oscar González , presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, dijo que ''la verdad es incompatible con este Estado y este gobierno. No hemos visto señales claras de que en la transición se va a esclarecer el pasado. Para eso se requiere la formación de una comisión de la verdad o fiscalía especial, pero no hay voluntad política para llevarla a cabo''.

González dijo que es positivo el anuncio, pero es parcial. ''Ojalá a este paso le sigan otras medidas, como el abrir todos los expedientes del 68 y de los desaparecidos, de los crímenes y masacres''.

El siguiente paso a seguir es ''abrir los archivos del Ejército y de la PGR, pues ya no se puede seguir guardando la información. No tiene sentido ya guardarla, hay que esclarecer el pasado''.

Edgar Cortés, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que es una decisión positiva, pero limitada. ''Deben conocerse los datos de Sedena, de PGR y todos los que haya para aclarar el pasado y sancionar a los responsables''.

En tanto, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Miguel Angel Correa Jasso, se manifestó porque los archivos relativos a los hechos del 68 sean abiertos ya que, agregó, ''se debe ir al fondo para que se enteren las futuras generaciones de lo que rodeó a los hechos en Tlatelolco. Necesitamos tener más información de lo que sucedió''.

Agregó: ''Sería valioso tener claridad sobre ese parteaguas de la vida nacional. A mí, como estudiante del Poli, me tocó atestiguar los resultados de la guerrilla de los 70. Ví varios féretros de estudiantes en la escuela de Economía. Eran muchachos traídos de la sierra de Guerrero. Creo que todo eso se debe aclarar''.