MIERCOLES Ť 3 Ť OCTUBRE Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Nuevo aeropuerto: decisión empantanada
Los sucesivos plazos que ha fijado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del gobierno federal para decidir la localización del nuevo aeropuerto de la Zona Metropolitana del Valle de México han ido cambiándose, a causa del empantanamiento en que ha caído el debate.
Concebida inicialmente como decisión discrecional del gobierno federal, al estilo del viejo régimen presidencialista priísta, con base en la opción Texcoco que tomó el anterior gobierno, las organizaciones sociales y otros gobiernos interesados, en particular el de Hidalgo con su propuesta Tizayuca, lograron abrir un debate público sobre los aspectos técnicos, ambientales y urbanos del proyecto.
El debate público fue intenso y rico, pero el gobierno federal no asumió ningún compromiso con sus resultados. Simultáneamente, los intereses políticos y económicos de los estados de México e Hidalgo se manifestaron en amplias campañas publicitarias en los medios de comunicación, en las cuales las descalificaciones mutuas y los ofrecimientos, cuyo cumplimiento nadie garantiza, remplazaron el debate riguroso sobre los impactos económicos, ambientales, sociales y urbano-regionales de los proyectos.
Como entidad afectada por las dos opciones, el gobierno del Distrito Federal y su Asamblea Legislativa hicieron valer su derecho a opinar. El gobierno federal optó tardíamente por contratar nuevos estudios -deberían haberse realizado durante la elaboración de las propuestas iniciales-, que, según se dice, más que análisis objetivos, fueron justificaciones para una de las opciones. En este contexto la politización del tema fue inevitable. Apareció entonces la propuesta de ampliación del actual aeropuerto, que debió estar en la discusión desde el principio, como alternativa o justificación de la necesidad de otras opciones.
Hoy parece que los intereses políticos y económicos locales dominan sobre los técnicos aeroportuarios, sociales, ambientales y de desarrollo urbano-regional, propios de la elaboración de políticas públicas. Ahora la profunda crisis de la aviación comercial, detonada por los atentados terroristas en Estados Unidos, y la recesión internacional y nacional plantean dudas sobre la oportunidad y urgencia de la construcción de esta importante y costosa infraestructura.
Este confuso proceso muestra las fallas del procedimiento en el viejo régimen presidencialista, que no ha sido modificado por el nuevo gobierno. Con el margen de tiempo que ha abierto la crisis, habría posibilidad de corregirlas para recuperar la credibilidad de la decisión, viciada por el método y la politización del proceso.
El nuevo aeropuerto sería la mayor inversión en infraestructura de transporte de la primera mitad del siglo XXI, y tendría impactos positivos y negativos en toda la región centro del país, en proceso de integración en una ciudad-región o megalópolis; por ello, la decisión no puede ser sólo facultad del gobierno federal. Debería ser resultado del trabajo conjunto de éste con todos los gobiernos estatales de la región o, al menos, con los de México, Hidalgo y el Distrito Federal, para llegar a un acuerdo compartido.
En él deberían primar criterios rigurosos sobre aspectos técnicos aeroportuarios y de integración sistémica del transporte aéreo y sobre los impactos ambientales, económicos, sociales y urbano-regionales de las distintas opciones, incluida la ampliación del actual aeropuerto. Los estudios técnicos comparados, integrados y no sectoriales, deben acompañar el trabajo conjunto, pues su inexistencia y remediación fragmentaria tardía sólo ha añadido más confusión.
Habría que institucionalizar el acuerdo resultante en forma de convenios entre los gobiernos involucrados, que fijen los compromisos de los diferentes actores y garanticen que se cumplirá lo ofrecido en el proyecto seleccionado, y que se llevarán a cabo todas las obras necesarias y previstas para que lo que se propone como solución a problemas, no se vuelva un problema mayor para la metrópoli.
En cualquier decisión habría que garantizar la integración al trabajo, así como a los acuerdos resultantes, de los sectores sociales residentes en el área seleccionada para el aeropuerto y las infraestructuras conexas; y que los futuros trabajadores y residentes en el entorno del proyecto se beneficien de él y no sólo paguen su costo.
No han cambiado las prácticas del antiguo régimen presidencialista, en particular la exclusión de los gobiernos y la sociedad civil de las entidades en las decisiones que competen al Ejecutivo federal, hechas aún más contradictorias por el cambio neoliberal que ha socavado las débiles bases de la planeación integral y estratégica, requisito insustituible del diseño de políticas públicas para el desarrollo en el mediano y largo plazos. Aunque se pregona el cambio, parece que todo sigue igual en este campo.