MIERCOLES Ť 3 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Signo de un pasado autoritario: Joaquín Vargas
Exige la CIRT suprimir el 12.5% de tiempo fiscal oficial
Ť Obsoleto, el marco legal de medios electrónicos: Creel
ALONSO URRUTIA
El presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Joaquín Vargas, demandó la supresión del 12.5 por ciento de tiempo fiscal oficial, por considerar que es una reminiscencia de un pasado autoritario y una sanción a la libertad de expresión de los medios electrónicos.
Durante la Semana de la Radio y la Televisión y ante el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el líder empresarial pidió poner fin a la discrecionalidad con que se otorgan y se renuevan las concesiones. "Necesitamos certeza, requerimos de un marco normativo que garantice que los actos de autoridad en la materia estén sujetos a normas generales invariablemente y a criterios objetivos exclusivamente de carácter técnico".
A su vez, Creel Miranda admitió la obsolescencia del marco jurídico vigente que rige a los medios electrónicos, en el cual se debe garantizar el derecho de los medios de comunicación, pero también el de la sociedad. "Lo deseable en una democracia es que la libertad de expresión sea para todos y no un privilegio para quienes tienen, sea el poder político o el poder económico".
De igual forma, aseveró que el nuevo gobierno pretende transparencia en la relación con los medios a fin de que no exista ningún tipo de colusión entre ambas partes; que no haya ninguna subordinación y que la colaboración sea democrática y auténtica.
Al término de la ceremonia inaugural, el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles, dijo que la propuesta de la desaparición del tiempo fiscal oficial se toma como sugerencia. Sin embargo, reivindicó la importancia que tiene para el gobierno el acceso a este tiempo fiscal para comunicarse con la sociedad.
En su discurso, Vargas habló del "compromiso" de los empresarios de la comunicación con la democratización del país, con la difusión de valores sociales y de la información veraz, completa y plural.
Refirió las inversiones que se han hecho para la modernización tecnológica que permita enfrentarse a la apertura del mercado, la creciente relación con el exterior, la revolución tecnológica en el campo de las telecomunicaciones, la responsabilidad social y la pluralidad política.
"Nuevas reglas en entrega de concesiones"
Acto seguido lanzó las demandas de los empresarios agrupados en la CIRT: se requiere superar la discrecionalidad no sólo en el otorgamiento sino también en la renovación y revocación de concesiones; es indispensable dotarlos de certidumbre en el tiempo mediante la determinación de un plazo fijo sujeto a revisiones periódicas de carácter técnico que incentive proyectos de inversión y desarrollo.
Vargas añadió que "las concesiones no deben ser, en ningún caso, instrumento, un instrumento que ponga en riesgo la libertad de expresión y mucho menos un precepto constitucional para manipular a los medios".
Hacia el final de su intervención, el presidente de la CIRT demandó la supresión del 12.5 por ciento de tiempo fiscal, toda vez que desde su origen "es producto de una imposición arbitraria".
A su juicio, "su persistencia no sólo constituye un anacrónico signo de un pasado autoritario sino además una forma de iniquidad sin paralelo en el mundo, es una sanción a la libertad de expresión que obra en perjuicio de la industria".
Creel no aludió al tema en su discurso. Habló de la relación entre democracia, medios de comunicación y libertad de expresión, reivindicando su relación como un pilar del sistema democrático.
Democracia e información deben estar plenamente unidas, porque un ciudadano bien informado tendrá siempre mayores opciones. Los medios tienen el cometido de servir como un contrapeso social entre los poderes públicos pero también entre los poderes privados.
La relación gobierno-medios de comunicación entraña, añadió, una obligación mutua: para el gobierno garantizar la libertad de expresión y para los medios educar, informar y entretener con responsabilidad social.
Posteriormente, reconoció la necesidad de revisar el marco jurídico vigente pues la realidad lo ha superado. Han cambiado la tecnología, las relaciones políticas, las audiencias y los propios medios, lo cual obliga a contar con nuevas reglas que garanticen transparencia y fortalezcan una relación democrática con los medios.
Sin embargo, subrayó que ninguna ley secundaria puede estar por encima de las garantías que ofrece la Constitución, entre ellas, la libertad de expresión, que implica transparencia y rendición de cuentas, en primer lugar del gobierno, de ahí que un grupo intersecretarial esté por dar a conocer un proyecto de ley de acceso a la información, que será consultada con la sociedad en un procedimiento conjunto con el Congreso de la Unión.