El asesinato de la ex ministra de Cultura colombiana Consuelo Araujo, perpetrado este fin de semana, coloca el proceso de paz en curso en ese país en situación crítica y acaso, por desgracia, irresoluble a corto plazo. Ese crimen ha causado profundo impacto en la opinión pública y en la clase política de Colombia porque la víctima poseía una destacada trayectoria cultural y social, además de que era esposa del procurador Edgardo Maya y amiga cercana del presidente Andrés Pastrana. No parece fácil que éste pueda o quiera convencer a su equipo de gobierno de la pertinencia de mantener el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales aparecen, según los primeros indicios, como responsables del asesinato de Araujo.

Aunque la organización guerrillera ha negado su responsabilidad en el crimen, el elemento más sólido para poner en duda que se trate de una acción de las FARC es que la muerte de la ex funcionaria constituye una provocación muy bien montada en contra del proceso de paz en el que se han empeñado, desde enero de 1999, el gobierno de Pastrana y el grupo insurgente. De hecho, el secuestro de Araujo y el posterior hallazgo de su cadáver parecieran un clavo demasiado perfecto en el ataúd de las negociaciones sostenidas desde entonces en San Vicente del Caguán.

En lo inmediato, para ponderar el contexto de este crimen condenable, resulta pertinente recordar tres elementos del entorno colombiano contemporáneo: la presencia de factores de violencia que nunca se adhirieron a los propósitos de paz con los que arrancó el mandato de Pastrana -particularmente, los grupos paramilitares de ultraderecha, sectores castrenses contrarios a la paz y el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional-; el hecho de que el actual gobierno se encuentra ya en su tramo final y carece, por consiguiente, de la fuerza política requerida para mantener vivo el proceso negociador; en tercer lugar, debe recordarse el designio injerencista de Washington en Colombia y el persistente empeño estadunidense de introducir factores de distorsión en las gestiones pacificadoras.

Tales gestiones suscitaron, en su momento, perspectivas de esperanza en Colombia y en toda América Latina, y el deterioro de las probabilidades de la paz constituyen inversamente, una mala noticia para esa nación y para el subcontinente. Cabe esperar que una pronta recomposición del escenario político colombiano permita una reactivación sostenida y fructífera del proceso pacificador.