LUNES Ť 1o Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Elaboró iniciativa de ley para combatir la impunidad
Busca GDF mayores sanciones contra funcionarios públicos
Ť Plantea ampliar plazos de prescripción: Adolfo Domínguez
RICARDO OLAYO GUADARRAMA
El gobierno capitalino elaboró una iniciativa de ley destinada a sancionar a los funcionarios públicos, ampliando el plazo de prescripción en las faltas "leves" de uno a tres años, y en las graves de tres a cinco años, con el objetivo de combatir la impunidad en que se ubican muchos expedientes.
La propuesta prevé sanciones mayores a mandos de la Contraloría para evitar casos como el del ex oficial mayor Manuel Merino, quien fue protegido por los tribunales, puesto que el oficio de auditoría que comprueba irregularidades lo firmó un funcionario distinto al entonces contralor general, Gastón Luken Garza, indicó el director general de Legalidad de la Contraloría, Adolfo Domínguez Marrufo.
La ciudad de México no podrá disponer de una ley de responsabilidades de los servidores públicos -que sustituya en su aplicación a la del ámbito federal- hasta que intervenga el Congreso de la Unión y modifique el Estatuto de Gobierno.
En este momento la Asamblea Legislativa carece de facultades para emitir dicha ley, dijo el funcionario, quien confió en que las fracciones aprueben la medida, como parte de la reforma política del DF.
-ƑTiene facultades el jefe de Gobierno para hacer las modificaciones de inmediato mediante un decreto o un bando?
-De ninguna manera. Es impensable, pues el GDF no tiene facultades para hacerlo. Puede ser la Contraloría la que emita lineamientos o criterios, pero tendrían limitaciones.
Domínguez Marrufo dijo que "dada la circunstancia política actual, en que hay un cambio en las fuerzas políticas, es considerable el esfuerzo que pudieran hacer las fracciones para dar el apoyo al nuevo marco jurídico de los servidores públicos" de la ciudad de México.
La propuesta de las autoridades capitalinas considera ampliar el universo de funcionarios que rinden declaración patrimonial, aspecto que puede vincularse con otro nuevo ordenamiento cuyo objetivo es la transparencia en la información de los bienes de los servidores públicos.
Si bien se trata de aspectos de técnica legal, la iniciativa tiene importancia por la defensa del interés público, sin que proceda la queja de los servidores públicos que pueden considerar conculcados sus derechos, dijo el funcionario en entrevista.
La Contraloría plantea cambios para que la norma en la que se apoyan los procesos administrativos no sea ya la penal, sino la civil, que es "más precisa para notificaciones al servidor público, apreciación de pruebas y términos de prescripción".
De hecho se han fundamentado expedientes con procedimientos civiles, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo los está anulando, lo que obliga a su reposición, comentó el funcionario.
En el caso de la prescripción, dijo que aplica para faltas leves en un año y para graves en tres. En ambos casos, se cuenta el plazo a partir de que se cometió la falta, situación que implica un amplio riesgo de que muchas quejas y denuncias queden sin investigar, por los tiempos en que se detectan las irregularidades.
El Gobierno del DF pretende que la prescripción se amplíe y que opere sólo a partir del momento en que la Contraloría inicia un procedimiento administrativo.
Esta ampliación se pretende también para el caso de las observaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, apuntó.
El proceso de integración de una queja y para dar el derecho de audiencia al funcionario es largo, y más aún si se toma en cuenta que "desafortunadamente el servidor público ya no trabaja en la administración, se oculta para que no se le notifique y a veces se cambia de domicilio".
En estos casos la norma penal no plantea procedimientos específicos, como sí lo hace la procesal civil, por lo que ésta se considera de mayor utilidad, explicó Domínguez Marrufo.
La Contraloría eliminará el apercibimiento público o privado como primer tipo de sanción, pues tiene un efecto parecido a la amonestación pública o privada. En tal virtud, "no tiene sentido".
"Tratamos de darle mayores elementos al órgano disciplinario para instaurar procedimientos y realizar auditorías" y que puedan litigar frente a los grupos de abogados de los servidores públicos, concluyó el funcionario.