lunes Ť 1Ɔ Ť octubre Ť 2001

Iván Restrepo

Kioto: la contrapropuesta de George Bush

Ante el alud de críticas que la comunidad internacional eleva contra el presidente Bush por no respaldar más el protocolo de Kioto, destinado a reducir las emisiones de gases de invernadero, el gobierno estadunidense buscó, a fines de julio, una salida lo más decorosa posible. En voz de la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, precisó: "estamos comprometidos con las reducciones, pero nuestros mecanismos pueden ser distintos". Agregó que la administración Bush trabajará con otros países industrializados para desarrollar, con tecnologías de punta, nuevos mecanismos de reducción que permitan a naciones en desarrollo cumplir con su parte de recorte de emisiones.

Sin embargo, todo indica que los principales operadores del gobierno de Estados Unidos en asuntos del cambio climático se apanicaron luego de la bofetada diplomática que recibió en Bonn por parte de la mayoría de las naciones del mundo: luego de largas discusiones, rescataron de sus cenizas el mencionado protocolo. Apenas recientemente dichos operadores mostraron señales de vida. No se reponen, quizá, del abucheo de que fue objeto en Bonn la representante de Estados Unidos, la subsecretaria de Estado, Paula Dobriansky, al hacer uso de la tribuna para ratificar el compromiso de su país en la tarea de "abatir el cambio climático". Pero no adelantó absolutamente una línea sobre la estrategia que seguirá para lograr tal fin.

No está por demás recordar que la versión final del protocolo, aprobada en la ciudad alemana, mantiene las sanciones -excepto las económicas- por el incumplimiento de las metas de reducción de gases, pero incluye cambios sobre las formas de penalización, las cuales serán definidas cuando entre en vigor el protocolo.

Además, los países industrializados podrán recurrir a actividades de promoción forestal para conseguir sus objetivos en recortes de emisiones de gases de efecto invernadero, como bióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estas modificaciones fueron claves para que países como Australia, Japón, Rusia y Canadá dieran su respaldo al documento final, pues se oponían a las penalizaciones y formas de aplicación del protocolo establecido en el texto de 1997.

Estas concesiones debilitaron los exitosos compromisos adoptados en reuniones previas, pero a la vez evidenciaron más la línea directriz de la política ambiental e industrial de Estados Unidos: 1) nada que atente contra los intereses de las grandes corporaciones, como las petroleras y del carbón, culpables, en buena medida, de la generación de gases de invernadero; 2) lentos pasos hacia tecnologías que garanticen el uso racional de los energéticos en una sociedad que ocupa el primer lugar en derroche de recursos.

Una muestra de que el gobierno de Bush comienza a deslizar algunas ideas de sus mecanismos para enfrentar el calentamiento global la da el grupo que elabora los programas de aplicación en Estados Unidos para combatir las emisiones de gases de invernadero, y que posiblemente se pongan a consideración de la comunidad internacional en la conferencia que en unos días más se celebrará en Marruecos. Aquí se espera tratar la formulación legal definitiva del Acuerdo de Kioto. No se trata, según allegados a la Casa Blanca, de una reinterpretación texana del tratado, sino de medidas tan tibias que pondrán a la administración Bush nuevamente en la mira de quienes le exigen respeto a los compromisos que tanto han costado. Una muy conocida es dar apoyo a investigaciones de nuevas tecnologías para reducir o canalizar las emisiones de gases de invernadero.

Hay otras dirigidas al mundo en desarrollo. Por ejemplo, otorgar asistencia a ciertos países a cambio de que adopten medidas que garanticen la conservación de los bosques y selvas. Uno de los que se mencionan serviría como programa piloto: El Salvador, azotado lo mismo por sismos que por sequía y huracanes, con la herencia de miles de pobres y desplazados por la guerra civil, que precisamente Estados Unidos patrocinó durante lustros.

El Salvador recibiría recursos para pagar su deuda externa a cambio de detener la tala de sus bosques. Una medida criticada ya por los especialistas, pues permite a la gran potencia desatender sus obligaciones y políticas internas a cambio de exigirlas en terceros países. En pocas palabras, se trata de más de lo mismo, sin tocar a los verdaderos responsables del cambio climático. Ť