LUNES Ť 1Ɔ Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Demandan diálogo con el gobierno chiapaneco
No aceptaremos ser desalojados, dicen habitantes de Montes Azules
MATILDE PEREZ
Las comunidades indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentadas en la reserva de la biosfera Montes Azules advirtieron a los gobiernos federal y de Chiapas que no aceptarán ningún desalojo o acción que los prive de sus derechos agrarios. Además, manifestaron su preocupación por el compromiso del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía con la comunidad lacandona para reactivar las denuncias penales en contra de los habitantes de las 21 poblaciones localizadas en esa zona natural protegida.
Los habitantes de esas comunidades exigieron que la búsqueda de solución al añejo conflicto que nuevamente agudizó las tensiones en esa región selvática en Ocosingo, sea mediante el diálogo y la negociación en el marco de la mesa agrario-ambiental que se instaló hace cinco años, además de crear un fideicomiso para atender las justas demandas de los grupos en posesión de la tierra.
''La única salida inteligente es a través del diálogo, la negociación y la conciliación entre las partes, y nunca a través de desalojos violentos, violatorios de todo derecho indígena y humano'', dijeron. Propusieron regularizar la tenencia de la tierra o la reubicación y un programa de manejo y el aprovechamiento sustentable de la selva; estas acciones deben ser parte de la solución, abundaron en una carta que enviaron al gobernador Salazar Mendiguchía.
Recordaron que desde 1950, y hasta mediados de la década de los 80, hubo un proceso de colonización desordenada de la selva Lacandona, y fue en 1971 que mediante un decreto presidencial se entregó a la comunidad lacandona una superficie de 614 mil 321 hectáreas. En 1978 se decretó que 331 mil 200 hectáreas, la mayoría dentro de la comunidad lacandona, formaban parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules.
La declaración de esa zona natural protegida y la entrega de tierras a los lacandones perjudicó a otras comunidades asentadas en la región entre 1934 y la década de los años 70. A pesar de que a lo largo de los años pidieron su regularización agraria, nunca fueron escuchados. La selva Lacandona es parte de las regiones prioritarias localizadas en 312 municipios de 18 estados, ocupa una superficie total de 215 mil 997 kilómetros cuadrados y en ellas se asientan 9.8 millones de personas.
''Hoy, quienes piden el desalojo violento y la reactivación de órdenes de aprehensión son grandes corporaciones multinacionales interesadas en saquear los secretos de la selva Lacandona para patentarlos; empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la selva y empresas de ecoturismo'', abundaron.
En la pasada administración, el gobierno federal incrementó en más de cinco veces el presupuesto original destinado a esa región; de un presupuesto menor a los 5 millones de pesos en 1998, en 2000 se destinaron 22 millones de pesos presuntamente para impulsar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.